Acción Concertada 2016 de Justicia y Paz de Europa

1) La globalización y la digitalización de la economía han causado una creciente desigualdad en los ingresos y la riqueza en todo el mundo. En las economías más industrializadas, como las de la Unión Europea, este proceso muestra ciertos aspectos característicos; se espera que en las próximas décadas tenga lugar una disminución gradual de la clase media, que se estanquen los grupos con ingresos bajos y que los ricos, sobre todo los muy ricos, disfruten de amplias ganancias económicas. El estilo de vida excesivo e insostenible de una pequeña minoría choca completamente con las necesidades de las personas desfavorecidas. Este incremento de la pobreza, junto con una excesiva concentración de la riqueza, resulta injusto éticamente y constituye una amenaza a la cohesión social y al orden democrático. Otro reto consiste en la necesidad de integrar a grandes cantidades de emigrantes. Para que tenga lugar un cambio de dirección en esta integración es necesario idear mejores normas y regulaciones con el espíritu de lograr una solidaridad generosa y universal. Resulta de igual importancia el que estas regulaciones se lleven a cabo a nivel nacional, europeo e internacional. Un instrumento clave es que las empresas multinacionales, el sector financiero y los individuos excesivamente ricos estén sometidos a sistemas fiscales más justos. En la Acción Concertada 2016 la Conferencia Europea de Comisiones de Justicia y Paz (Justicia y Paz Europa) prestará especial atención a la necesidad de una fiscalidad más justa como un requisito ético para nuestros tiempos.

2) En su exhortación apostólica Evangelii Gaudium (2013), el Papa Francisco se refiere a la inequidad social como “la raíz de los males sociales” (EG. 202). La inequidad no es tan solo un problema de las sociedades europeas, es también un grave problema global, tal y como lo afirma el Papa en su encíclica Laudato Si’. El uno por ciento de la población mundial acumula el cincuenta por ciento de la riqueza y, en este momento, ochenta personas tienen la misma cantidad de riqueza que el cincuenta por ciento de la población mundial más pobre (3.600 millones de personas). En lo que respecta a Europa, los siete millones de personas más ricas acumulan la misma riqueza que los otras 662 millones de personas (incluyendo a los países fuera de la UE). Una economía que no se preocupa por las personas vulnerables y que las excluye es el resultado de la indiferencia y la ausencia de piedad. También resulta injusto e insostenible a largo plazo. Por lo tanto, es necesaria una acción política. “El crecimiento en equidad exige algo más que el crecimiento económico, aunque lo supone, requiere decisiones, programas, mecanismos y procesos específicamente orientados a una mejor distribución del ingreso, a una creación de fuentes de trabajo, a una promoción integral de los pobres que supere el mero asistencialismo” (EG. 204). Esto requiere que las élites financieras y económicas renueven su sentido de la responsabilidad y que existan normas y regulaciones eficaces. Con respecto a este último aspecto, la Unión Europea puede y debería desempeñar el papel de líder, puesto que no son inevitables la creciente desigualdad del ingreso y la disminución de la justicia social en Europa. El curso de los acontecimientos puede cambiarse con decisiones políticas y económicas. Ciertas estrategias políticas pueden disminuir la inequidad social e incrementar el grado de seguridad social y, con ello, incrementar la cohesión social en las sociedades europeas y entre ellas. Entre otras medidas, el sistema fiscal y la redistribución mediante los impuestos son instrumentos probados para disminuir la inequidad. Es por esta razón y a la luz de la oportunidad política actual que Justicia y Paz Europa ha decidido concentrar su Acción Concertada anual, en 2016, a “la creciente desigualdad económica y la fiscalidad”.

3) Organizaciones internacionales como la OCDE desempeñan un papel muy importante a la hora de coordinar esfuerzos para conseguir una mayor transparencia en cuanto a cuestiones de impuestos. La OCDE patrocinó el Foro Global sobre la transparencia y el intercambio de información con fines fiscales en el que se reunieron 130 países y que refleja el avance positivo que está teniendo lugar en lo referente a la lucha contra la evasión fiscal y los paraísos fiscales. Noventa y seis miembros del Foro se han comprometido a intercambiar automáticamente información sobre cuentas financieras de personas no residentes para el 2018 como muy tarde. Además, la OCDE ha llevado a cabo el plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS), compuesto por quince acciones diferentes y que fue adoptado por la OCDE y el G20 en otoño del 2015. Dicho plan aborda el tema del inadecuado sistema fiscal internacional, el cual permite a empresas multinacionales desplazar de forma artificial sus beneficios empresariales y, así, disminuir bruscamente sus facturas tributarias. En los países de la OCDE los ingresos del impuesto de sociedades disminuyeron del 3,6% del PIB, en 2007, al 2,8%, en 2014. Los ingresos por IRPF e IVA han aumentado durante el mismo período. Esto en sí mismo no contraviene el poder que los gobiernos nacionales tienen para definir las bases imponibles y establecer las tasas impositivas. Sin embargo, se ha intensificado la cooperación a nivel europeo tras las revelaciones a finales de 2014 sobre el llamado “ruling fiscal” (regla fiscal o decisión fiscal anticipada), por el que los estados conceden a las empresas multinacionales condiciones fiscales privilegiadas, liberándolas de la presión impositiva. Las instituciones europeas, cuyas competencias fiscales permanecen limitadas, intensificaron sus esfuerzos para garantizar una fiscalidad justa y efectiva de los beneficios corporativos donde se generan. También ha tenido una buena acogida el acuerdo que Suiza y la UE alcanzaron en mayo de 2015 por el que se garantiza un intercambio automático de información sobre las cuentas financieras de sus residentes.

Para apoyar el momento político actual a favor de un sistema fiscal más justo, varias Comisiones de Justicia y Paz Europa se proponen:

 Monitorizar la implicación de sus gobiernos nacionales en el proyecto BEPS.
 Defender la trasposición de la directiva de la UE sobre el intercambio automático de reglas fiscales (ruling fiscal) a la ley nacional de sus respectivos Estados Miembros para el 1 de enero de 2017.
 Apoyar activamente un nuevo esfuerzo de la Comisión Europea para armonizar las bases imponibles empresariales, como se presentó a principios de 2016.
 Hacer que, a nivel nacional, se centre la atención en la próxima reunión del Foro Global sobre transparencia e intercambio de información que tendrá lugar en octubre-noviembre de 2016 con el objetivo de lograr el cierre de los paraísos fiscales en todo el mundo.
 Ponerse en contacto con miembros del Parlamento Europeo, que integren la comisión especial sobre resoluciones fiscales, para expresarles nuestro apoyo a su trabajo en materia de ayuda estatal y fiscalidad y la conformidad de los Estados Miembros respecto a la legislación fiscal.

Bruselas, enero de 2016

La extracción y el comercio ilícito de minerales en zonas de conflicto, como el que se produce al Este de la República Democrática del Congo tienen devastadores efectos sobre la población local, y es fuente de múltiples vulneraciones de los Derechos Humanos. Ante este escenario, el proceso legislativo iniciado por la Unión Europea en 2014 para regular el comercio de estos minerales ofrece una importante oportunidad para poner freno a dichas prácticas y exigir a las empresas que participan en la cadena de suministro de dichos minerales un comportamiento responsable y mayor transparencia en sus actuaciones.

El día 1 de febrero se entra en la recta final de las negociaciones. Ese día comenzará el dialogo a tres bandas entre las tres instancias con poder decisorio sobre la futura legislación: la Comisión, el Parlamento europeo y el Consejo de la Unión Europea. Antes del verano de 2016 está previsto que lleguen a un acuerdo sobre el texto final de la ley.

Desde las organizaciones de la sociedad civil hemos seguido atentamente este proceso. Las últimas  informaciones que hemos tenido sobre el posicionamiento del Consejo de la Unión Europea, el pasado mes de diciembre, son preocupantes porque parecen querer limitar el alcance de la ley a un conjunto reducido de empresas importadoras y diluyen las exigencias planteadas en la Guía de la Diligencia Debida de la OCDE. [1]

Por estos motivos, la coalición de más de 70 ONG europeas que trabajamos en la campaña de “minerales en conflicto” -entre las cuales participan ALBOAN, Justicia y Paz y REDES- hacemos un llamamiento a los gobiernos de los Estados miembro para que contribuyan a  que la ley finalmente aprobada responda a las exigencias planteadas en la Guía de la Diligencia de la OCDE. Concretamente, solicitamos al Gobierno español que:

1. Muestre capacidad de liderazgo en esta materia apoyando un sistema de diligencia debida obligatorio para todas las empresas que participan en la cadena de suministro de los minerales cubiertos por la ley.
2. Apoye una regulación que vaya en sintonía con las recomendaciones de la Guía de la OCDE para Diligencia Debida de minerales en conflicto:

• Asegurando que todas las obligaciones vinculadas a la diligencia debida son consistentes con los estándares de la OCDE.
• Incluyendo en el alcance de la ley a todas las empresas que introduzcan por vez primera los minerales cubiertos por esta normativa en el mercado europeo, tanto si lo hacen como materia prima como si los incorporan en productos acabados.
• Adoptando en el texto de la ley un lenguaje que refleje la flexibilidad y la naturaleza progresiva de los estándares propuestos por la OCDE.

[1] La Guía de la Diligencia Debida de la OCDE sobre “minerales en conflicto” es un documento, de carácter normativo, que contiene una serie de recomendaciones y principios para que las empresas que participan en la cadena de suministros del tantalio, estaño, wolframio y oro (denominados “minerales en conflicto” o 3T+G por sus siglas en inglés), tomen medidas de cara a prevenir las violaciones de derechos humanos allí donde se extraen estos minerales. Son los mismos minerales cuyo comercio pretende regular la futura normativa europea, y desde la coalición de ONG europeas nos gustaría que dichos estándares quedasen plasmados en el texto de la futura ley, y su cumplimiento fuese obligatorio. La Guía fue aprobada en el año 2013 y puede consultarse en: https://www.oecd.org/corporate/mne/GuidanceEdition2.pdf

Leer más: https://www.juspax-es.org/news/mas-de-70-ong-europeas-hacen-un-llamamiento-para-que-la-union-europea-apruebe-una-ley-que-frene-la-extraccion-y-comercio-ilicito-de-minerales-en-zonas-en-conflicto/

El grupo de Justicia y Paz de Segovia ha elaborado unos materiales para la celebración por la paz desde el Mensaje de 2016: Vence  la indiferencia y conquista la paz.

• Presentación de diapositivas del Mensaje de la Paz
• Audio Paz16.mp3 (6289577)

(al descargar la presentación de diapositivas, descomprimir los dos archivos en la misma carpeta para que la presentación tenga música).

Además adjuntamos un recurso desde el Consejo Pontificio de Justicia y Paz para todas las Comisiones de Justicia y Paz, las Asociaciones y los Movimientos eclesiales, las capellanías universitarias y parroquias, con la esperanza de que pueda ser útil en la preparación de una misa, oración u Hora Santa para celebrar la Jornada Mundial de la Paz.

• Enlace al Consejo Pontificio de Justicia y Paz
• Propuesta (traducida al castellano)

Información obtenida de https://www.juspax-es.org/products/celebracion-por-la-paz-desde-el-mensaje-de-20151/

Desde que se produjeron los atentados terroristas del pasado 13 de noviembre en París  ni uno solo de los jefes de Estado y Gobierno de los países de la UE ha sido capaz de mantener abiertamente un discurso  favorable a la acogida de desplazados procedentes de  países islámicos y muy particularmente de Siria.  El eslogan “Refugees Welcome”  ha dejado de ser una carta de presentación  para la mayoría de  políticos desde mucho antes de los atentados  y en la actualidad es la gestión fronteriza y policial encaminada a impedir que lleguen más desplazados  y  retornar a todos aquellos que sea posible, la principal  prioridad no sólo de la Comisión Europea, sino también de sus estados miembros desde la última reunión del Consejo Europeo de septiembre.

Este cambio de tendencia ha venido acompañado  de un   “apagón informativo”. Es una realidad constatable que desde principios de octubre ya no se ven tantas  imágenes de pateras abarrotadas o  de comitivas de desplazados. Los seis niños sirios muertos por ahogamiento a finales de noviembre al intentar llegar a la isla griega de Kos no  han merecido ni mucho menos  la atención mediática que recibió, tres meses antes,  el niño  Aylán Kurdi muerto en las mismas circunstancias.  La zancadilla que propinó la periodista húngara Petra Laszlo a los refugiados sirios que escapaban de un control policial el pasado mes de septiembre  y que escandalizó al mundo entero ha venido sucedida  de  otras  zancadillas, éstas  de carácter político, legislativo y de comunicación que violan igualmente los derechos humanos de los desplazados y de las  que nadie se escandaliza.

Un ejemplo  de “zancadilla” es el modo en que la Comisión Europea ha manejado su reciente Informe de Progreso sobre Turquía. Dicho informe, cuyo contenido denunciaba el deterioro del respeto por el Estado de Derecho y la protección de los derechos fundamentales  por parte del Gobierno de ese país , fue intencionadamente demorado  y no se publicó hasta después de celebradas las elecciones turcas  para  no afectar negativamente a la reelección de  Tayib Erdogan y de este modo favorecer un acuerdo para gestionar los flujos de desplazados dado que  Turquía, que ya alberga en su territorio a 2 millones y medio de desplazados sirios, es también ruta hacia la UE de miles de afganos y paquistaníes. Mediante el acuerdo con la UE  el país acepta convertirse en un tapón para los flujos migratorios salientes hacia la UE al tiempo que permite recibir en su territorio a todas aquellas personas que sean expulsadas desde los países de la UE.  En declaraciones del primer ministro holandés Mark Rutte recogidas por el diario Euobserver: “Siempre es más barato reasentarlos en Turquía que tenerlos aquí. Además es más fácil para ellos regresar a Siria desde Turquía”. El coste de esta zancadilla es ni más ni menos que de tres mil millones de euros. El coste en violaciones de derechos humanos puede ser incalculable.

Otro ejemplo es la pérdida de pudor de numerosos responsables políticos a la hora de vincular a los desplazados con presuntos terroristas o delincuentes. De nada sirvieron las advertencias del presidente de la Comisión dos días después del atentado de París de que no se mezclara el terrorismo con los desplazados de Oriente Medio que huyen de la misma violencia terrorista. En una reciente entrevista al primer ministro francés Manuel Valls, éste no dudaba en afirmar que “la opinión pública es testigo de que al menos dos de los terroristas de París entraron mezclados con los solicitantes de asilo”, mientras que el presidente checo Milos Zeman declaraba abiertamente en otra entrevista que “el peligro había llegado a nuestras fronteras” y que “es falso afirmar que no existían vínculos entre migración y terrorismo porque ello significaría tanto como admitir que los flujos de inmigrantes no incluyen potenciales yihadistas”.  Estos y otros argumentos  no hacen sino  avivar el fuego de los fundamentalismos políticos y religiosos poniendo así en peligro la Europa de los Derechos y las Libertades.

En este tiempo de turbulencias y confusión en el que se está sembrando tanto miedo es preciso cultivar una lucidez responsable y comprometida para preservar la cultura de los derechos y las libertades de la ciudadanía. Unos derechos  que no se pueden entender sin el respeto exquisito a la dignidad de aquellos que piden asilo en nuestras fronteras. No podemos permitir que la Unión Europea se convierta en un reducto defensivo contra nadie. Europa es y debe seguir siendo, espacio de posibilidad y de futuro.

Emilio José Gómez Ciriano

Responsable de Derechos Humanos CG Justicia y Paz

Romper el vínculo entre los minerales y los conflictos armados: ¡es necesaria una normativa europea obligatoria!

En muchas áreas del mundo marcadas por conflictos, como la República Democrática del Congo, Colombia, Myanmar y África Central, la extracción y el comercio de los recursos naturales permite la financiación de muchos grupos armados, que a su vez son culpables de perpetrar atrocidades contra la población local y que desestabilizan el territorio. Con la obtención de recursos provenientes de estas zonas de conflicto o de alto riesgo, es probable que las empresas europeas estén alimentando este ciclo de violencia que socava los derechos humanos, la paz y el desarrollo. Es de esta manera que los minerales de sangre encuentran su camino para llegar a nuestros ordenadores, a nuestros teléfonos, nuestros coches y otros productos de uso diario.

Nos gustaría hacer referencia a las palabras expresadas por el Papa Francisco el 17 de julio de 2015, en las que habla de establecer una reunión con expertos e inversores en el sector minero a favor de un cambio de paradigma radical. El Papa nos recordó que “los minerales y, en general, la riqueza contenida en la tierra, el suelo y el subsuelo, constituyen un don precioso de Dios, que la humanidad ha estado utilizando desde hace miles de años”.

Basándose en su reciente encíclica sobre la protección del medio ambiente, Laudato Si’, el Papa considera que una explotación verdaderamente prudente de la riqueza de la tierra es la que tiene en cuenta los imperativos económicos, la justicia social y la protección ambiental. El Papa subraya que “una contribución a este cambio puede ser hecha por los gobiernos de los países de origen de las empresas multinacionales y de aquellos que operan, por las empresas y los inversores, por las autoridades locales que supervisan las operaciones mineras, los trabajadores y sus representantes, por las cadenas de suministro internacionales con sus diversos intermediarios y los que operan en los mercados de estos materiales, y por los consumidores de bienes para la producción que requieren los minerales. Todas estas personas están llamadas a adoptar una conducta inspirada en el hecho de que constituimos una sola familia
humana”.

El 20 de mayo de 2015, el Parlamento Europeo votó a favor de un reglamento diseñado para exigir a las empresas europeas que importan estaño, tungsteno, tantalio y oro en cualquiera de las formas en que se encuentran, ya sea en bruto o procesados, para que aseguren que actúan de manera responsable a la hora de comprar los minerales. Esta es
una victoria en la lucha contra las violaciones masivas de los derechos humanos, aunque todavía debe ser confirmada por el proceso de diálogo a tres bandas con los estados miembros.

De este modo, el Parlamento Europeo recomienda la adopción de prácticas de diligencia debida que requieren que las empresas identifiquen y prevengan los riesgos a lo largo de toda su cadena de suministro. Esto debería permitir a las empresas garantizar que los minerales que compran a sus proveedores no están siendo utilizados para financiar grupos armados. A pesar de que con esta resolución el Parlamento Europeo no acabará con todos estos conflictos, al menos hará que las empresas asuman su parte de responsabilidad.

Poner las consideraciones éticas antes de que el lucro

Es necesaria una regulación obligatoria para luchar con eficacia contra los minerales de conflicto y las atrocidades terribles que alimentan, como es el caso en el este de la RDC. Este enfoque recibe el apoyo no sólo del Doctor Mukwege, ganador del premio Sajarov, sino también de los inversores europeos y de ciento cincuenta obispos de todo el mundo.

Una de las intenciones del Parlamento Europeo al proponer este sistema obligatorio es hacer que nuestras empresas en Europa presionen todos los actores upstream de su cadena de suministro, como los fundidores asiáticos y los refinadores que venden sus productos en el mercado europeo, por fin de persuadirles de que cambien sus prácticas. Las PYME en Europa también podrían beneficiarse de este efecto multiplicador, ya que podrán formar parte de las cadenas de suministro responsables de que ya habrán sido establecidas por los consorcios más grandes.

Para que sea lo más completa posible, la regulación debe considerar también la introducción de “medidas de acompañamiento” para apoyar a los actores locales y para formalizar el sector para mejorar las condiciones de trabajo de los mineros locales y artesanales.

¿Puede ser esto realmente comparado con la Ley Dodd Frank?
Muchas personas se han manifestado en contra de esta regulación, comparándola con la Ley Dodd Frank, que es un pedazo de la legislación estadounidense que, tal como afirman, ha obligado a las empresas a buscar sus suministros a otros sitios fuera de la zona de los Grandes Lagos, creando así un embargo y privando a los mineros locales de
una fuente vital de ingresos.

Sin embargo, la propuesta europea de legislación difiere de la legislación norteamericana, ya que no está diseñada para introducir el etiquetaje del producto y no está dirigida únicamente a la República Democrática del Congo, sino a todas las
regiones en riesgo. Es muy dudoso que la culpa de los problemas que enfrenta el sector minero congoleño artesanal sea en su totalidad culpa de la Ley Dodd Frank, ya que es imposible aislar los efectos de esta legislación de los efectos de otras iniciativas existentes destinadas a introducir orden en el sector. De hecho, las dificultades relacionadas con el acceso al mercado internacional comenzaron a raíz de la decisión tomada por el presidente Kabila de suspender sus actividades durante varios meses en 2010. Por otra parte, dado que la Ley Dodd Frank no entró en vigor hasta principios de 2013, es demasiado pronto para sacar conclusiones definitivas con respecto a sus impactos.

Crear cadenas de suministro limpias
Es cierto que la Ley Dodd Frank está detrás de numerosos proyectos diseñados para crear cadenas de suministro “limpias” en el Congo y se está haciendo un progreso real en este sentido. La prueba de ello se encuentra en el hecho de que 129 minas han sido certificadas como “verdes” por el gobierno congoleño. Con esta certificación se afirma el hecho de que no hay grupos armados en estas minas, y que los niños o las mujeres embarazadas no trabajan.

Sólo un sistema europeo obligatorio puede tener una influencia efectiva en las prácticas económicas. El hecho de que la guía de la OCDE sobre la diligencia debida, que no es obligatoria, se aplique sólo en un 4% de las empresas europeas es buena prueba de la necesidad de una legislación vinculante y es por esta razón que los estados miembros deben confirmar la legislación adoptada por el Parlamento Europeo.

Firmas que representan las Comisiones Europeas de Justicia y Paz:
 Stefan Krummel (Austria)
 Pieter Vandecasteele (parte flamenca de Bélgica)
 Axelle Fischer (parte de habla francesa de Bélgica)
 Isabel Cuenca (España)
 Denis Vienot (Francia)
 Sebastiaan van der Zwaan (Holanda)
 Mgr. Jean-Claude Hollerich (Luxemburgo)
 Pedro Vaz Patto (Portugal)
 Cecilia Taylor (Reino Unido)
 Sra. Madeleine Fredell (Suecia)
 Wolfgang Bürgstein (Suiza)

Si desean obtener más información, véase: https://www.juspax-es.org/news/romper-el-vinculo-entre-los-minerales-y-los-conflictos-armados:-%C2%A1es-necesaria-una-normativa-europea-obligatoria!/

Con este documento, las entidades promotoras de la citada Red —Cáritas Española, la Comisión Episcopal de Migraciones, CONFER, el Sector Social de la Compañía de Jesús y Justicia y Paz— pretenden consolidar la estrategia estatal conjunta que vienen impulsando para organizar, a la luz del Jubileo de la Misericordia convocado por el Papa Francisco en 2016 para conmemorar el 50 aniversario del Concilio Vaticano II, una respuesta global y coordinada a la realidad de las migraciones en nuestro país, que se ha visto agudizado en los últimos meses con la aparición de nuevos escenarios en el seno de la Unión Europea.

Objetivo

Según se señala en la introducción, “el objetivo de este Marco Común no es otro que el de continuar con nuestra línea de trabajo conjunta, articulada a través de esta Red Intraeclesial desde la voluntad de impulsar una presencia coordinada de Iglesia y de compartir el núcleo de esta reflexión, que luego alimentará los distintos espacios de cada una de nuestras entidades, según su misión y carisma”.

Las entidades pretenden “sostener públicamente un discurso común y una mirada compartida sobre el hecho migratorio en todas sus vertientes, así como la convicción sobre la necesidad de sensibilizar a las propias comunidades cristianas en la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas, en el cultivo y desarrollo de una cultura de la acogida del diferente inspirada en la hospitalidad”.

Valoran, además, como una gran oportunidad la corriente de sensibilidad social y comunitaria expresada en múltiples formas hacia las personas en busca de protección internacional. Y señalan, al mismo tiempo, ciertas sombras del actual horizonte político y mediático “al establecer categorías sobre las personas que se encuentran en situación de movilidad, al situar en lugar preferente los derechos de unas personas solicitantes de asilo —que proceden de un determinado conflicto o de un determinado país— ante los de otros solicitantes de asilo y los de otras personas migrantes”.

Cuatro constataciones

En el documento se recogen cuatro constataciones. Primero: la actual situación no es solo una emergencia, sino el resultado de una política orientada exclusivamente al control de flujos. Segundo: estamos ante una situación que no afecta solamente a las personas en busca de protección internacional, sino a la dignidad y a los derechos de todos los migrantes. Tercero: es imprescindible activar en Europa una mirada larga que aborde las causas de las migraciones forzadas. Y cuarto: es urgente transformar el reto en oportunidad, ya que las migraciones son una oportunidad para el desarrollo de los pueblos.

Una mirada que aborda las causas de las migraciones forzadas

Cáritas, la Comisión Episcopal de Migraciones, CONFER, el Sector Social de la Compañía de Jesús, y Justicia y Paz proponen, junto a la puesta en marcha en Europa de un plan urgente de acogida humanitaria e integración, articular en paralelo medidas que incidan en las causas de los desplazamientos:

–        Asegurar la paz y el desarrollo tanto en los países de origen como de tránsito hacia Europa es una pieza clave de nuestro futuro común.

–        Atajar las causas de la migración involuntaria, como son los conflictos armados, la pobreza y la desigualdad, el cambio climático, la competencia por los recursos naturales, la corrupción y el comercio de armas.

–        Aumentar la Ayuda Oficial al Desarrollo de los países de la UE hasta alcanzar el prometido 0,7 % del PIB. Esta ayuda debe prestar atención prioritaria a los Estados más frágiles y a los países menos desarrollados.

–        Exigir a la ONU su apoyo a aquellas acciones que aseguren la paz en zonas de conflicto.

–        Abordar de raíz las causas de la trata de personas. Esto pasa por considerar a las víctimas de trata no como infractores, sino como víctimas de un delito, y proporcionar respuestas eficaces de apoyo y tratamiento a las víctimas de trata.

Una mirada inclusiva sobre la acogida, la integración y la interculturalidad

La Red Intraeclesial ha acordado trabajar de forma conjunta y coordinada tanto a nivel interno como ante a los poderes públicos, en defensa de unas políticas de acogida e integración que incidan en el cambio de estereotipos y en combatir, a través de una mirada inclusiva, los discursos racistas y xenófobos en nuestra sociedad.

Las entidades muestran su convicción de que “las migraciones son una oportunidad para el desarrollo de los pueblos, no solo para las sociedades de origen y tránsito, sino también para nuestras propias sociedades que hoy se configuran ya como espacios de mestizaje, que se enriquecen en la convivencia con los otros”.

El Buen Samaritano, fuente de inspiración

El Marco Común lanza una invitación a encontrar “inspiración en la parábola del Buen Samaritano” y “a superar el miedo para ir al encuentro del otro, del extraño, del extranjero y reconocerlo como ser humano”. “Este encuentro –se recuerda— nos cuestionará, nos hará cambiar los planes y tomar una dirección distinta, como hizo el Buen Samaritano al ver al hombre apaleado al borde del camino. Pero nos llevará también a descubrir riquezas humanas insospechadas, allí donde el miedo nos hacía ver sólo riesgos y peligros”.

En definitiva, con esta iniciativa las organizaciones que integran la Red quieren responder a la pregunta del Papa en su mensaje para la Jornada Mundial del Emigrante y Refugiado 2016: “¿Cómo hacer de modo que la integración sea una experiencia enriquecedora para ambos, que abra caminos positivos a las comunidades y prevenga el riesgo de la discriminación, del racismo, del nacionalismo extremo o de la xenofobia?”.

Extraído de: https://www.juspax-es.org/news/nota-de-prensa-la-iglesia-ante-el-reto-de-las-migraciones/

Madrid, 8 de septiembre de 2015.- En una reunión celebrada ayer en Madrid, Cáritas Española, la Comisión Episcopal de Migraciones, CONFER, el Sector Social de la Compañía de Jesús y Justicia y Paz han acordado desarrollar una estrategia estatal conjunta como entidades de acción social de la Iglesia católica en España para organizar una respuesta generosa y coordinada al llamamiento que el Papa Francisco ha dirigido este domingo a las “parroquias, las comunidades religiosas, los monasterios y los santuarios de toda Europa” para acoger a los refugiados.

Propuesta conjunta de acogida

En ese encuentro, las entidades de iglesia han acordado ir de la mano en cada una de las respuestas que se vayan articulando para organizar la acogida en el marco del compromiso de protección internacional que asuma finalmente el Estado español. Para ello, se ha decidido poner a punto una propuesta conjunta cuando el proceso de acogida de refugiados en nuestro país esté definido en el seno de la Unión Europea. Esta propuesta tomará en consideración los generosos ofrecimientos que desde las distintas Diócesis, Parroquias, congregaciones religiosas y comunidades están llegando a cada una de nuestras entidades. Invitamos, en este sentido, a que en los diferentes espacios de la Iglesia se participe en este proceso de acogida a los refugiados de forma tranquila para garantizar una respuesta coordinada y común.

Nuestras entidades cuentan con una larga experiencia de trabajo sobre la realidad de la migración y el refugio, tanto en las regiones de origen como en los países de tránsito y de acogida. Conocemos tanto sus causas como las necesidades de acompañamiento y protección de cada una de las personas que abandonan sus hogares en busca de justicia, libertad y dignidad.

Cáritas Española, Comisión Episcopal de Migraciones, CONFER, Sector Social de la Compañía de Jesús y Justicia y Paz seremos generosos en la respuesta fraterna que articulemos a nivel estatal. Como entidades de Iglesia ofrecemos nuestra colaboración a los poderes públicos en aquellos aspectos de la acogida y el acompañamiento a los refugiados donde el Estado, como máximo garante de la protección de estas personas, no pueda asumir. Una vez definido cuál va a ser el itinerario de colaboración podremos concretar, con la mayor urgencia posible, el plan de actuación común que como Iglesia deberemos desarrollar a medio y largo plazo en cada uno de los ámbitos diocesanos.

No es sólo una crisis de refugiados

Como hemos señalado en nuestra nota de prensa del pasado 2 de septiembre, no estamos sólo ante una crisis humana, sino ante la evidencia de un fracaso absoluto de las políticas europeas de migración y de cooperación, que han estado más preocupadas en cerrar las fronteras a cualquier precio antes que ocuparse de la desesperada situación de miles de seres humanos o de la obligada protección de sus derechos humanos.

No se trata únicamente de una crisis de refugiados. Y no podemos ni debemos quedarnos sólo en una respuesta de emergencia a todas esas personas que, efectivamente, necesitan de nuestra protección.

Nos preocupa, en ese sentido, el riesgo para la convivencia que supone la consolidación del mensaje que se escucha estos días de “refugiados sí, migrantes no”. Debemos ser capaces de romper ese mensaje, trasladando a toda la opinión pública y a nuestros espacios y comunidades eclesiales la complejidad de las causas comunes que motivan la movilidad humana, ya se trata de refugio o de migración, como ámbitos inseparables e íntimamente relacionados. Urge, por ello, recordar la inspiración evangélica de nuestro compromiso, que ante la pregunta «Señor, ¿cuándo te vimos forastero, y te acogimos?», Dios Padre nos responde: «En verdad os digo que cuanto hicisteis a unos de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis» (Mt 25,31-46).
Contactos

Contactos para MCS

Cáritas: Angel Arriví comunicacion.ssgg@caritas.es (91.444.10.16 – 619.04.53.81)

CONFER: Eduardo García mcs@confer.es (651.58.96.18)

Justicia y Paz: Emilio Gómez Ciriano (610.78.20.69)

Sector Social Compañía de Jesús: Elena Rodríguez-Avial prensa@jesuitas.es (653 86 28 10)

Los días 10, 11 y 12 de abril se celebraron en la ciudad de Lleida las Jornadas anuales de Justicia y Paz bajo el título Por el derecho a un trabajo decente.

En primer lugar, queremos agradecer el apoyo de la Universitat de Lleida y del Obispado de la diócesis de Lleida en la organización y realización de las jornadas, así como la participación de los ponentes de las conferencias y de las mesas redondas, personas pertenecientes a organismos internacionales (OIT), universidades (Universidad de Salamanca), sindicatos (CCOO y UGT) y patronal (COELL) y a movimientos mundiales, estatales y locales de trabajadores cristianos (MMTC, HOAC y ACO).

De las ideas y reflexiones que han surgido, queremos destacar las siguientes:

​ – ​La reivindicación a un trabajo decente es una necesidad imperiosa en estos momentos dadas las circunstancias de desempleo y precariedad laboral dominantes en el llamado “mercado de trabajo” mundial y especialmente en el español.

​ – ​Que a la hora de valorar el empleo hay que tener en cuenta tanto la cantidad (número de empleos) como la calidad (estabilidad, salarios, ambiente laboral, etc.) del mismo porque ambas perspectivas son igual de importantes para garantizar el bienestar óptimo de la ciudadanía.

​​- ​Que la recuperación económica que se está anunciando no viene acompañada por la creación de empleo suficiente y que por este motivo corremos el riesgo de entrar en un período de crecimiento sin empleo no visto en anteriores fases del ciclo económico.
​​​ – ​Que la recuperación económica será muy lenta, por lo que esta crisis llevará a consecuencias estructurales graves como la exclusión social de colectivos de población, como los parados de larga duración, que difícilmente volverán a trabajar y, por consiguiente, a recibir rentas del trabajo, lo que les llevará a perder capacidades profesionales adquiridas y perspectivas laborales futuras.

​ – ​Que la mayor parte del empleo temporal y a tiempo parcial, que está siendo la base del empleo que se va generando, es involuntario, por lo que muchas y muchos trabajadores no verán satisfechas sus necesidades básicas de subsistencia con dignidad, aun disponiendo de un puesto de trabajo.

​ – ​Que todo lo anterior lleva a un desafío al sistema de protección social, porque el porcentaje de población en riesgo de pobreza y exclusión social es elevado. El número de hogares sin ocupados y sin ingresos laborales ha ido aumentando de forma ininterrumpida.

​ – ​Que las políticas de estímulo han sido insuficientes y poco eficaces y que las de austeridad se han basado en ajustes que han recaído de forma sistemática, y casi exclusiva, en el mercado de trabajo y en las condiciones laborales.

​ – ​Que las políticas activas de empleo aplicadas no se han adaptado a las necesidades que los cambios económicos y sociales acaecidos en las últimas décadas y la crisis profunda económica que aún padecemos ha ido surgiendo. Es necesaria una modernización, una nueva perspectiva y una adaptación de las mismas, con el objetivo de mejorar las posibilidades de inserción laboral de los trabajadores que en estos momentos se encuentran sin empleo.
Todas estas situaciones destacadas nos llevan a una reflexión profunda sobre la orientación de las políticas económicas y sociales y sobre las acciones que las trabajadoras y trabajadores del mundo hemos de llevar a cabo. Para ello es necesario:

​ – ​Que las políticas activas de empleo eviten la salida del mercado de trabajo y aumenten las competencias de las trabajadoras y trabajadores, por lo que sus programas deben estar bien orientados.

​ – ​La colaboración de los agentes sociales, una rigurosa evaluación de estas políticas y una dotación suficiente de recursos económicos para las agencias de intermediación, preferentemente públicas.

​ – ​Un sistema de protección social que esté bien diseñado con el objetivo de reducir la pobreza y las desigualdades sociales, de estabilizar la demanda de empleo y de reducir el desempleo.

​ – ​El diálogo social y negociación colectiva como instrumentos imprescindibles para la cohesión social.

Como organización de iglesia valoramos la aportación que la Doctrina Social de la Iglesia en la que se nos indica que el trabajo:

​ – ​Ha de ser expresión de la dignidad esencial de todo hombre y de toda mujer, es decir, un trabajo libremente elegido y vinculado al desarrollo de su comunidad, en el que todos los trabajadores sean respetados y que sirva para la satisfacción de las necesidades propias y de sus familias.

​ – ​Debe contribuir a la plena realización de las personas en sus ámbitos social, personal, familiar y espiritual.

​ – ​Debe asegurar una condición digna a los trabajadores que llegan a la jubilación.

Y que así mismo se debe garantizar:
​ – ​La organización libre de los trabajadores para poder oír su voz y el respeto al derecho de reunión y de asociación.

​ – ​El cumplimiento de los derechos más elementales de los trabajadores en el sentido de disponer de una remuneración justa, de descanso, de ambientes de trabajo y de procesos productivos que no comporten perjuicio a su salud física y que no dañen su integridad moral.

​ – ​El derecho a subsidios adecuados indispensables para la subsistencia de los trabajadores en paro y de sus familias, a pensiones y a una seguridad social para la vejez, la enfermedad y la siniestralidad laboral.

En palabras del papa Francisco: “es necesario sobre todo volver a dar dignidad al trabajo”.

Además, en estas jornadas hemos conocido las acciones y actividades que llevan a cabo movimientos de trabajadores cristianos en su compromiso evangélico en el mundo del trabajo: el Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos (MMTC) y la Acción Católica Obrera (ACO) de Catalunya. A través de su ejemplo hemos aprendido cómo se puede profundizar en la fe bajo este compromiso y cómo llevando cabo actuaciones en favor de la defensa de los derechos de los trabajadores se pueden mejorar las condiciones de trabajo y de vida de aquellos colectivos de población más desfavorecidos, víctimas de las políticas más agresivas de la lógica neoliberal. En este sentido nos adherimos a la reclamación del MMTC (y otras organizaciones) para que el trabajo decente sea recogido como como una prioridad específica básica y elemental en la agenda de desarrollo post-2015 de las Naciones Unidas.
Por todo ello, ponemos de manifiesto la necesidad de que la ciudadanía, los agentes sociales y los representantes de las instituciones públicas, debemos tomar consciencia, responsabilizarnos y actuar, cada uno dentro de sus posibilidades, ante las necesidades de cambio en las estructuras del mercado de trabajo. Creemos que es necesaria una reorientación en las políticas sociales y laborales que se están aplicando. Tenemos la obligación de hacer lo posible para mejorar las condiciones laborales, en su conjunto, y hacer del trabajo una actividad que dignifique a las personas y les permita vivir una vida más decente.

Rafael Allepuz Capdevilla

Justicia y Paz

La Jornada anual de la Comisión General de Justicia y Paz este año se celebrará en Lleida, entre los días 10 y 12 de abril.

Continuando con el trienio, estas jornadas son las últimas de las tres previstas por Justicia y Paz sobre el mercado de trabajo y las condiciones laborales.  Tendrán como lema “Por el derecho a un trabajo decente”. Este año se ha procurado contar con la visión internacional, desde de la Organización Internacional del Trabajo, que se centrará en la calidad del empleo en España desde una perspectiva comparada y de futuro. Pueden consultar el programa aquí.

Para compartir estas reflexiones y tener un tiempo de convivencia, tienen la posibilidad de asistir, rellenando la inscripción en su web: www.juspax-es.org.