Marzo 2016

Queridas amigas, queridos amigos,
 
El drama de las personas refugiadas junto a la decepcionante respuesta de Europa, son una prueba más de la falta de compromiso de nuestras sociedades opulentas frente al sufrimiento de tantos pueblos. Esta respuesta europea es consecuencia de grandes sectores de opinión pública que se muestra reacia a acoger a quienes llaman a las puertas de nuestro continente y de una indiferencia muy extendida que podríamos describir como una “patología del corazón”.
 
En el Mensaje de la Jornada Mundial de la Paz 2016 el papa Francisco muestra un camino hacia la paz desde el Jubileo de la Misericordia, invitándonos a vencer la indiferencia en la propia vida y adoptar un compromiso concreto para contribuir a mejorar la realidad donde vivimos, al tiempo que hace un llamamiento a los Estados para llevar a cabo acciones concretas con las personas más frágiles de la sociedad como las personas encarceladas, migrantes, enfermas, sin trabajo, sin techo, sin tierra.
 
En la Acción Concertada de este año, Justicia y Paz de Europa ha decidido abordar la creciente desigualdad económica y la inequidad social en Europa, centrándose en la necesidad de un sistema fiscal más justo como un requisito ético para nuestros tiempos.
 
El papa Francisco en la encíclica Laudato Si’ nos advierte de la necesidad de una conversión ecológica. Esta es consecuencia del encuentro personal con Jesucristo que nos debe llevar a una transformación en nuestras relaciones con el mundo que nos rodea. La relación entre la pobreza y la fragilidad del Planeta requiere otro modo de ejercer la economía y el progreso. Necesitamos una conversión que nos una a todas las personas y que nos libere de la esclavitud del consumismo.
 
De las distintas actividades realizadas en este cuatrimestre, destacamos la nueva publicación “Crisis y dignidad en el trabajo” fruto de las jornadas anuales de la Comisión General de Justicia y Paz de los tres últimos años. La vulnerabilidad de los emigrantes y los derechos humanos fue el tema de las jornadas organizadas por la familia dominicana en Sevilla el primer fin de semana de febrero como una acción de reflexión de su ochocientos aniversario.
 
El grupo Enlázate por la justicia celebra el 21 de abril la vigilia de oración por este tema y lanzará la campaña conjunta sobre “Cuidado de la creación” a nivel eclesial, aunque no será hasta el 5 de junio cuando se presente la campaña de forma oficial a toda la sociedad. El proceso legislativo para lograr una regulación europea ambiciosa sobre minerales de conflicto continúa y se están recogiendo firmas para apoyar requerimientos obligatorios de debida diligencia en línea con las Guías correspondientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
 
Aprovechamos este espacio para invitaros a participar en la jornada de la Comisión General de Justicia y Paz que se celebrará en Murcia, junto a esta comisión diocesana, durante los días 8 y 10 de abril. Os esperamos. Un saludo muy cordial,
 Isabel Cuenca Anaya
 Secretaria General

Leer más: https://www.juspax-es.org/products/boletin-n%c2%ba-38-europa-y-la-cardiopatia-de-la-indiferencia/

La Jornada anual de la Comisión General de Justicia y Paz este año se celebrará en Murcia, entre los días  8 y 10 de abril.
Comenzamos un  nuevo trienio temático en torno a la encíclica Laudato Si‘ (LS) sobre el cuidado de la casa común, del papa Francisco. La ecología integral es inseparable de la noción de bien común, un principio que cumple un rol central y unificador en la ética social. Es «el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección» (LS, 156).
En las condiciones actuales de la sociedad mundial, donde hay tantas inequidades y cada vez son más las personas descartables, privadas de derechos humanos básicos, el principio del bien común se convierte inmediatamente, como lógica e ineludible consecuencia, en un llamado a la solidaridad y en una opción preferencial por los más pobres (LS, 158).
La participación en estas Jornadas nos va a permitir reflexionar, formarnos, debatir y profundizar en la encíclica Laudato Si’ y queremos contar con todos vosotros, con todas vosotras y comenzar a caminar a vuestro lado en este nuevo trienio.
El programa de la jornada está disponible en la web de la entidad https://www.juspax-es.org/products/ecologia-y-etica-social/ donde podéis hacer la inscripción. También estamos a vuestra disposición en el teléfono 915061828.

Las entidades de acción social de la Iglesia que trabajan con refugiados y migrantes —Cáritas, CONFER, el Sector Social de la Compañía de Jesús y Justicia y Paz— expresan su consternación y su más absoluto rechazo ante el acuerdo alcanzado ayer en Bruselas entre la Unión Europea y Turquía que permitirá devolver a territorio turco a todos los refugiados que en los últimos meses han llegado a Europa desde las costas del Egeo.
 
Estas entidades quieren denunciar un acuerdo inédito, que supone un giro radical en la política migratoria y un serio retroceso en materia de derechos humanos. De hecho, la Unión Europea ha decidido comprar, con el desembolso de una partida extraordinaria de 3.000 millones de euros adicionales al Gobierno de Ankara y otras contrapartidas, la contención de los refugiados fuera de las fronteras comunitarias y permitir la devolución —incluso colectiva— a Turquía de todas las personas refugiadas que llegan a la Unión.
 
Con ello, la imagen de una Europa de los mercaderes vuelve a emerger como escandaloso colofón a la larga serie de acciones caóticas, confusas y represivas que en los últimos meses vienen adoptándose contra los refugiados en la Frontera Este.
 
El acuerdo adoptado con Turquía viola los convenios internacionales y europeos ratificados por los Estados miembros que prohíben expresamente la devolución de personas que son objeto de persecución o víctimas de guerra. Es, por tanto, inaplicable. Además, supondrá un incremento mayor si cabe del inmenso saldo de sufrimiento, dolor y muerte por parte de quienes siguen arriesgando cada día sus vidas mientras buscan bienestar, seguridad y protección a las puertas de Europa.
 
Pedimos a los Estados miembros que defiendan la Convención de Ginebra y se atengan a los valores proclamados en sus constituciones. Instamos una vez más a la UE a que ofrezca canales legales y seguros para acceder a nuestro territorio, garantizando la protección de los derechos humanos y la dignidad de estas personas que huyen del terror y la desesperación.
 
Invitamos a la comunidad cristiana y a toda la sociedad a expresar su rechazo inequívoco a este acuerdo, que condena a todos esos seres humanos —mujeres y niños en su mayoría— a ver cercenados sus anhelos de libertad.
 
Como el papa Francisco señaló en su discurso ante el Parlamento Europeo, “Europa será capaz de hacer frente a las problemáticas asociadas a la inmigración (…) si es capaz de adoptar políticas correctas, valientes y concretas que ayuden a los países de origen en su desarrollo sociopolítico y a la superación de sus conflictos internos —causa principal de este fenómeno–, en lugar de políticas de interés, que aumentan y alimentan estos conflictos. Es necesario actuar sobre las causas y no solamente sobre los efectos”.
Leer más: https://www.juspax-es.org/news/las-entidades-de-accion-social-de-la-iglesia-en-espana-rechazan-el-acuerdo-suscrito-entre-la-ue-y-turquia-para-devolver-a-todos-los-refugiados/
 
 

Respuesta de la sociedad civil al mandato del Consejo, aceptado por el Comité de representación permanente, el 17 de diciembre de 2015

Las negociaciones de la UE a tres bandas en torno al proyecto de reglamento de la UE sobre el suministro responsable de minerales se iniciaron el 1 de febrero de 2016. La Comisión Europea, el Parlamento Europeo y la Presidencia del Consejo Europeo procurarán acordar un texto de compromiso en los próximos meses.

Los devastadores efectos del comercio de minerales vinculado al conflicto y a las violaciones de los derechos humanos están bien documentados [1]. El problema no ha desaparecido. Varios informes y acontecimientos recientes ponen de relieve la necesidad de afrontar con urgencia este reto, así como el daño a la reputación que pueden sufrir compañías e inversores si no se ejerce una diligencia debida significativa:

• El 20 de agosto de 2015, Kardiam, una compañía belga, fue incluida en la lista de sanciones de la ONU por ofrecer “apoyo a grupos armados en la República Centroafricana… mediante la explotación y el comercio ilícitos de recursos naturales como los diamantes y el oro” [2]. Kardiam ha negado las acusaciones de la ONU en una comunicación mantenida con Global Witness.
• La Declaración de Berna ha publicado recientemente un informe que declara que la mayor refinería de oro del mundo, con sede central en Suiza, “compra oro extraído por niños”. La Declaración de Berna declara que la compañía declinó sus peticiones para reunirse y no respondió a las preguntas enviadas por correo electrónico [3].
• Amnistía Internacional y Afrewatch acaban de publicar un informe que concluye que “importantes marcas de electrónica como Apple, Samsung y Sony, no están llevando a cabo controles básicos para garantizar que el cobalto extraído por niños trabajadores no ha sido utilizado en sus productos” [4]. El anexo del informe resume las respuestas de las compañías a las conclusiones de Amnistía [5].

El mandato del Consejo no ofrece una respuesta europea eficaz a este problema. El Consejo no sólo está proponiendo un sistema voluntario e ignorando a la gran mayoría de compañías que introducen estaño, tantalio, tungsteno u oro (3TG, por sus siglas en inglés) en el mercado europeo, ya sea directamente en bruto o indirectamente en productos como los ordenadores portátiles y los motores, sino que también está socavando profundamente el principal marco internacional aprobado previamente por la UE: la Guía de la Diligencia Debida de la OCDE [6]. Al actuar así, el Consejo está diluyendo el verdadero significado de la expresión “compañía responsable”.

La Guía de la Diligencia Debida de la OCDE fue negociada y aceptada por la industria, los gobiernos y la sociedad civil. A día de hoy constituye la base de determinadas leyes en otros países y ha sido aprobada por los 34 Estados miembros de la OCDE, otros 19 países y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas [7]. Además, sirve de fundamento para las nuevas normas industriales chinas en materia de diligencia debida de las cadenas de suministro de minerales [8].

Asimismo, la Guía de la OCDE traslada específicamente a las cadenas de suministro de minerales los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, que constituyen en la actualidad el consenso global más aceptado a la hora de exigir la responsabilidad empresarial en el respeto de los derechos humanos [9].

Las compañías europeas ya están aplicando el marco de diligencia debida de la OCDE motivadas, en gran parte, por la influencia del apartado 1502 de la Ley Dodd-Frank (DFA 1502) estadounidense. De acuerdo con dicha ley, aprobada en 2010, el ejercicio de la diligencia debida en los términos establecidos por la OCDE, junto con la presentación de los correspondientes informes, es un requisito legal para las compañías que operan con estos minerales en Estados Unidos [10].

• La Comisión estima que 40 compañías con cotización bursátil en ambos mercados están sujetas directamente a los requisitos de la DFA 1502 [11].
• Hasta un 17% de compañías europeas que trabajan con 3TG están también afectadas indirectamente por los requisitos de la ley estadounidense porque abastecen a clientes de Estados Unidos [12].
• Impulsados por la DFA 1502, los sistemas de certificación industriales ya ayudan a las compañías, de manera muy práctica, a cumplir los estándares de la OCDE [13].

Por tanto, resulta muy preocupante que el Consejo haya propuesto la reapertura y debilitamiento de esta norma establecida por la OCDE, abriendo un debate que de poco sirve a las compañías europeas que ya la están aplicando, y que limita la eficacia de la respuesta de la UE al comercio de minerales de conflicto.

El contraste entre la postura del Consejo y la retórica de la UE sobre las cadenas de suministro responsables no podría ser más crudo. El pasado otoño, la UE apoyó los compromisos del G7 para promover cadenas de suministro globales sostenibles [14]. En el marco de su nueva estrategia comercial, la Comisión sostiene que “la gestión responsable de las cadenas de suministro globales es esencial para alinear la política comercial con los valores europeos”. En el contexto de los minerales de conflicto, se compromete a “basarse en el trabajo de la OCDE” [15].

El Reglamento europeo brinda a los Estados miembros de la UE la oportunidad de cumplir estos compromisos. Los gobiernos han trabajado para mejorar la responsabilidad empresarial en las cadenas de suministro de otros sectores como el alimentario, el maderero y el financiero. Recientemente, el Reino Unido ha dado muestras de su liderazgo en la lucha contra la esclavitud moderna [16]. Pero los gobiernos han tardado en promover estándares de transparencia y de responsabilidad similares, y muy necesarios, en las cadenas de suministro de minerales. De los casos de soborno analizados por la OCDE en 2014, el mayor porcentaje (19%) pertenece al sector extractivo [17].

¿De qué forma socava el Consejo la normativa internacional de la OCDE?

El mandato del Consejo es menos exigente que la Guía de la Diligencia Debida de la OCDE en tres aspectos clave:

1. Reduce los requisitos exigibles de diligencia debida a determinadas compañías –como fabricantes y comerciantes–. Así el mandato del Consejo las presentaría como “empresas de gestión responsable” aunque no cumplan la normativa de la OCDE. Por ejemplo:

• El Consejo reduce significativamente la evaluación de riesgos en la cadena de suministro prevista para fabricantes y comerciantes del metal. Estas compañías deben consultar únicamente las “auditorías disponibles” de las empresas suministradoras (ej. fundiciones), dejando fuera otro tipo de información de las empresas (como las políticas de los proveedores o la información sobre los países que abastecen a las fundiciones) o de dominio público (como los informes de la ONU y de las ONG). Estar por debajo de las exigencias de la OCDE tiene consecuencias prácticas. Una compañía puede cumplir el Reglamento y, por ello, ser considerada “responsable” porque revisa los informes de auditoría de las fundiciones en sus cadenas de suministro y decide, basándose únicamente en dichos informes, que las fundiciones son responsables. Es libre de ignorar el resto de información aunque sepa que una fundición se ha comportado de manera irresponsable, por ejemplo, por no supervisar adecuadamente la posible financiación de conflictos o los abusos de los derechos humanos en su cadena de suministro.
• Si no se dispone de la auditoría de una fundición, el Consejo prevé que los importadores del metal solo lleven a cabo evaluaciones de riesgos ad hoc. La normativa de la OCDE, por el contrario, deja claro que las compañías deben aplicar procesos constantes de gestión de riesgos individuales para poder responder en cualquier momento o lugar a los riesgos que surjan en la cadena de suministro.
• El Consejo elimina las referencias a la Guía de la diligencia debida de la OCDE como el marco normativo que los importadores de metal deberían cumplir a la hora de identificar, evaluar o reducir los riesgos en sus cadenas de suministro. Por tanto, no están obligados a evaluar o gestionar el riesgo conforme a ninguna norma y, al mismo tiempo, las autoridades de los Estados miembros no disponen de ninguna norma significativa para evaluar sus prácticas.

Entendemos que esta rebaja de los estándares de diligencia debida propuestos por la OCDE se debe en parte a la preocupación por los costes que puede suponer su aplicación para las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME). No obstante, las PYME desempeñan un papel importante en las cadenas de suministro de minerales y pueden cumplir las normas de la OCDE con la orientación y herramientas adecuadas. La diligencia debida está concebida para aportar a las PYME la flexibilidad que necesitan –los estándares deben adaptarse al tamaño de la compañía, a su posición en la cadena de suministro y a su influencia en los proveedores. Un estudio reciente del sector maderero concluyó que el tamaño de la compañía “no es relevante a la hora de gestionar el riesgo en las cadenas de suministro… las empresas más pequeñas pueden poner en práctica un sistema que les funcione” [18].

2. El mandato del Consejo no cubre a un número importante de empresas downstream (extractivas, fundiciones, primeras transformadoras) al ignorar a aquellas empresas que introducen por vez primera en el mercado europeo productos que contienen 3TG.
La Guía de la OCDE deja claro que la diligencia debida está concebida para buscar el compromiso de una parte mucho mayor del sector downstream que el representado por los importadores de metal cubiertos por el mandato del Consejo. Al considerar mayor tipo de empresas, se crean cadenas de suministro más transparentes y resistentes en las que las compañías pueden trabajar juntas para compartir información, ejercer una presión conjunta sobre los proveedores (incluidos los de fuera de la UE) y desarrollar planes y mejores prácticas para todo el sector. Las empresas downstream desempeñan un papel crucial –pueden ser algunas de las compañías más poderosas y rentables del mundo, pueden influenciar mucho en sus proveedores y pueden ser clave a la hora de impulsar iniciativas dentro de este sector. Así pues, al centrarse en 300-400 importadores, los Estados miembros están perdiendo una oportunidad única para ejercer una influencia mucho mayor en el comercio.

3. El mandato del Consejo no refleja el carácter flexible y progresivo de la diligencia debida desarrollada en la Guía de la OCDE

• La diligencia debida es proporcional —no es un criterio universal. Ofrece a las compañías la flexibilidad que necesitan para adaptar los principios de la diligencia debida a sus circunstancias, a saber, a su capacidad de influencia, tamaño y posición en la cadena de suministro.
• La diligencia debida no es un ejercicio aislado de recopilación de información. Pide a las compañías que se comprometan activamente y de manera continua e individual a la hora de identificar y gestionar los riesgos en sus cadenas de suministro, con vistas a mejorar su rendición de cuentas con el paso del tiempo.

Estos principios básicos ya se han visto reflejados en otras leyes europeas y nacionales existentes. Se prevé, por ejemplo, que las entidades financieras tomen las medidas “adecuadas” para identificar, evaluar y gestionar los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo “de manera proporcional a la naturaleza y tamaño de la entidad” [19]. En una línea muy similar, la Ley contra el Soborno del Reino Unido prevé que las empresas pongan en marcha procedimientos para evitar el soborno que sean proporcionales a los riesgos a los que se enfrentan en la práctica, y a la naturaleza, magnitud y complejidad de las actividades de la empresa. Las compañías deben supervisar estos procedimientos y aplicar mejoras en ellos [20].

Nuestra coalición de más de 80 organizaciones de la sociedad civil espera que los Estados miembros aprovechen esta oportunidad para ejercer su liderazgo y mostrar el compromiso necesario para mantener un diálogo constructivo que deje claro, a las compañías, inversores, consumidores y aquellos afectados por el comercio de minerales en conflicto, que la UE se mantiene firme en su compromiso por conseguir que las cadenas de suministro sean más responsables y transparentes. Esto implica trabajar verdaderamente para lograr unos avances que siguen siendo demasiado lentos para las víctimas de este comercio mortífero, sin buscar atajos que sólo nos hacen retroceder.

Recomendamos que los Estados miembros se replanteen sus posturas y…

1. Demuestren su liderazgo en este asunto apoyando un sistema de diligencia debida obligatorio para todas las empresas que participan en la cadena de suministro de los minerales cubiertos por la ley.

2. Apoyen un Reglamento que vaya en sintonía con la Guía de Debida Diligencia de la OCDE:

• Garantizando que todas las obligaciones vinculadas a la diligencia debida sean coherentes con la normativa de la OCDE.
• Incluyendo en el alcance de la ley a todas las empresas que introduzcan por vez primera los minerales cubiertos por esta normativa en el mercado europeo, tanto si lo hacen como materia prima como si los incorporan en productos acabados.
• Adoptando en el texto de la ley un lenguaje que refleje la flexibilidad y la naturaleza progresiva de los estándares.

Leer más: https://www.juspax-es.org/news/sobre-el-suministro-responsable-de-minerales/

Acción Concertada 2016 de Justicia y Paz de Europa

1) La globalización y la digitalización de la economía han causado una creciente desigualdad en los ingresos y la riqueza en todo el mundo. En las economías más industrializadas, como las de la Unión Europea, este proceso muestra ciertos aspectos característicos; se espera que en las próximas décadas tenga lugar una disminución gradual de la clase media, que se estanquen los grupos con ingresos bajos y que los ricos, sobre todo los muy ricos, disfruten de amplias ganancias económicas. El estilo de vida excesivo e insostenible de una pequeña minoría choca completamente con las necesidades de las personas desfavorecidas. Este incremento de la pobreza, junto con una excesiva concentración de la riqueza, resulta injusto éticamente y constituye una amenaza a la cohesión social y al orden democrático. Otro reto consiste en la necesidad de integrar a grandes cantidades de emigrantes. Para que tenga lugar un cambio de dirección en esta integración es necesario idear mejores normas y regulaciones con el espíritu de lograr una solidaridad generosa y universal. Resulta de igual importancia el que estas regulaciones se lleven a cabo a nivel nacional, europeo e internacional. Un instrumento clave es que las empresas multinacionales, el sector financiero y los individuos excesivamente ricos estén sometidos a sistemas fiscales más justos. En la Acción Concertada 2016 la Conferencia Europea de Comisiones de Justicia y Paz (Justicia y Paz Europa) prestará especial atención a la necesidad de una fiscalidad más justa como un requisito ético para nuestros tiempos.

2) En su exhortación apostólica Evangelii Gaudium (2013), el Papa Francisco se refiere a la inequidad social como “la raíz de los males sociales” (EG. 202). La inequidad no es tan solo un problema de las sociedades europeas, es también un grave problema global, tal y como lo afirma el Papa en su encíclica Laudato Si’. El uno por ciento de la población mundial acumula el cincuenta por ciento de la riqueza y, en este momento, ochenta personas tienen la misma cantidad de riqueza que el cincuenta por ciento de la población mundial más pobre (3.600 millones de personas). En lo que respecta a Europa, los siete millones de personas más ricas acumulan la misma riqueza que los otras 662 millones de personas (incluyendo a los países fuera de la UE). Una economía que no se preocupa por las personas vulnerables y que las excluye es el resultado de la indiferencia y la ausencia de piedad. También resulta injusto e insostenible a largo plazo. Por lo tanto, es necesaria una acción política. “El crecimiento en equidad exige algo más que el crecimiento económico, aunque lo supone, requiere decisiones, programas, mecanismos y procesos específicamente orientados a una mejor distribución del ingreso, a una creación de fuentes de trabajo, a una promoción integral de los pobres que supere el mero asistencialismo” (EG. 204). Esto requiere que las élites financieras y económicas renueven su sentido de la responsabilidad y que existan normas y regulaciones eficaces. Con respecto a este último aspecto, la Unión Europea puede y debería desempeñar el papel de líder, puesto que no son inevitables la creciente desigualdad del ingreso y la disminución de la justicia social en Europa. El curso de los acontecimientos puede cambiarse con decisiones políticas y económicas. Ciertas estrategias políticas pueden disminuir la inequidad social e incrementar el grado de seguridad social y, con ello, incrementar la cohesión social en las sociedades europeas y entre ellas. Entre otras medidas, el sistema fiscal y la redistribución mediante los impuestos son instrumentos probados para disminuir la inequidad. Es por esta razón y a la luz de la oportunidad política actual que Justicia y Paz Europa ha decidido concentrar su Acción Concertada anual, en 2016, a “la creciente desigualdad económica y la fiscalidad”.

3) Organizaciones internacionales como la OCDE desempeñan un papel muy importante a la hora de coordinar esfuerzos para conseguir una mayor transparencia en cuanto a cuestiones de impuestos. La OCDE patrocinó el Foro Global sobre la transparencia y el intercambio de información con fines fiscales en el que se reunieron 130 países y que refleja el avance positivo que está teniendo lugar en lo referente a la lucha contra la evasión fiscal y los paraísos fiscales. Noventa y seis miembros del Foro se han comprometido a intercambiar automáticamente información sobre cuentas financieras de personas no residentes para el 2018 como muy tarde. Además, la OCDE ha llevado a cabo el plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS), compuesto por quince acciones diferentes y que fue adoptado por la OCDE y el G20 en otoño del 2015. Dicho plan aborda el tema del inadecuado sistema fiscal internacional, el cual permite a empresas multinacionales desplazar de forma artificial sus beneficios empresariales y, así, disminuir bruscamente sus facturas tributarias. En los países de la OCDE los ingresos del impuesto de sociedades disminuyeron del 3,6% del PIB, en 2007, al 2,8%, en 2014. Los ingresos por IRPF e IVA han aumentado durante el mismo período. Esto en sí mismo no contraviene el poder que los gobiernos nacionales tienen para definir las bases imponibles y establecer las tasas impositivas. Sin embargo, se ha intensificado la cooperación a nivel europeo tras las revelaciones a finales de 2014 sobre el llamado “ruling fiscal” (regla fiscal o decisión fiscal anticipada), por el que los estados conceden a las empresas multinacionales condiciones fiscales privilegiadas, liberándolas de la presión impositiva. Las instituciones europeas, cuyas competencias fiscales permanecen limitadas, intensificaron sus esfuerzos para garantizar una fiscalidad justa y efectiva de los beneficios corporativos donde se generan. También ha tenido una buena acogida el acuerdo que Suiza y la UE alcanzaron en mayo de 2015 por el que se garantiza un intercambio automático de información sobre las cuentas financieras de sus residentes.

Para apoyar el momento político actual a favor de un sistema fiscal más justo, varias Comisiones de Justicia y Paz Europa se proponen:

 Monitorizar la implicación de sus gobiernos nacionales en el proyecto BEPS.
 Defender la trasposición de la directiva de la UE sobre el intercambio automático de reglas fiscales (ruling fiscal) a la ley nacional de sus respectivos Estados Miembros para el 1 de enero de 2017.
 Apoyar activamente un nuevo esfuerzo de la Comisión Europea para armonizar las bases imponibles empresariales, como se presentó a principios de 2016.
 Hacer que, a nivel nacional, se centre la atención en la próxima reunión del Foro Global sobre transparencia e intercambio de información que tendrá lugar en octubre-noviembre de 2016 con el objetivo de lograr el cierre de los paraísos fiscales en todo el mundo.
 Ponerse en contacto con miembros del Parlamento Europeo, que integren la comisión especial sobre resoluciones fiscales, para expresarles nuestro apoyo a su trabajo en materia de ayuda estatal y fiscalidad y la conformidad de los Estados Miembros respecto a la legislación fiscal.

Bruselas, enero de 2016

La extracción y el comercio ilícito de minerales en zonas de conflicto, como el que se produce al Este de la República Democrática del Congo tienen devastadores efectos sobre la población local, y es fuente de múltiples vulneraciones de los Derechos Humanos. Ante este escenario, el proceso legislativo iniciado por la Unión Europea en 2014 para regular el comercio de estos minerales ofrece una importante oportunidad para poner freno a dichas prácticas y exigir a las empresas que participan en la cadena de suministro de dichos minerales un comportamiento responsable y mayor transparencia en sus actuaciones.

El día 1 de febrero se entra en la recta final de las negociaciones. Ese día comenzará el dialogo a tres bandas entre las tres instancias con poder decisorio sobre la futura legislación: la Comisión, el Parlamento europeo y el Consejo de la Unión Europea. Antes del verano de 2016 está previsto que lleguen a un acuerdo sobre el texto final de la ley.

Desde las organizaciones de la sociedad civil hemos seguido atentamente este proceso. Las últimas  informaciones que hemos tenido sobre el posicionamiento del Consejo de la Unión Europea, el pasado mes de diciembre, son preocupantes porque parecen querer limitar el alcance de la ley a un conjunto reducido de empresas importadoras y diluyen las exigencias planteadas en la Guía de la Diligencia Debida de la OCDE. [1]

Por estos motivos, la coalición de más de 70 ONG europeas que trabajamos en la campaña de “minerales en conflicto” -entre las cuales participan ALBOAN, Justicia y Paz y REDES- hacemos un llamamiento a los gobiernos de los Estados miembro para que contribuyan a  que la ley finalmente aprobada responda a las exigencias planteadas en la Guía de la Diligencia de la OCDE. Concretamente, solicitamos al Gobierno español que:

1. Muestre capacidad de liderazgo en esta materia apoyando un sistema de diligencia debida obligatorio para todas las empresas que participan en la cadena de suministro de los minerales cubiertos por la ley.
2. Apoye una regulación que vaya en sintonía con las recomendaciones de la Guía de la OCDE para Diligencia Debida de minerales en conflicto:

• Asegurando que todas las obligaciones vinculadas a la diligencia debida son consistentes con los estándares de la OCDE.
• Incluyendo en el alcance de la ley a todas las empresas que introduzcan por vez primera los minerales cubiertos por esta normativa en el mercado europeo, tanto si lo hacen como materia prima como si los incorporan en productos acabados.
• Adoptando en el texto de la ley un lenguaje que refleje la flexibilidad y la naturaleza progresiva de los estándares propuestos por la OCDE.

[1] La Guía de la Diligencia Debida de la OCDE sobre “minerales en conflicto” es un documento, de carácter normativo, que contiene una serie de recomendaciones y principios para que las empresas que participan en la cadena de suministros del tantalio, estaño, wolframio y oro (denominados “minerales en conflicto” o 3T+G por sus siglas en inglés), tomen medidas de cara a prevenir las violaciones de derechos humanos allí donde se extraen estos minerales. Son los mismos minerales cuyo comercio pretende regular la futura normativa europea, y desde la coalición de ONG europeas nos gustaría que dichos estándares quedasen plasmados en el texto de la futura ley, y su cumplimiento fuese obligatorio. La Guía fue aprobada en el año 2013 y puede consultarse en: https://www.oecd.org/corporate/mne/GuidanceEdition2.pdf

Leer más: https://www.juspax-es.org/news/mas-de-70-ong-europeas-hacen-un-llamamiento-para-que-la-union-europea-apruebe-una-ley-que-frene-la-extraccion-y-comercio-ilicito-de-minerales-en-zonas-en-conflicto/

El grupo de Justicia y Paz de Segovia ha elaborado unos materiales para la celebración por la paz desde el Mensaje de 2016: Vence  la indiferencia y conquista la paz.

• Presentación de diapositivas del Mensaje de la Paz
• Audio Paz16.mp3 (6289577)

(al descargar la presentación de diapositivas, descomprimir los dos archivos en la misma carpeta para que la presentación tenga música).

Además adjuntamos un recurso desde el Consejo Pontificio de Justicia y Paz para todas las Comisiones de Justicia y Paz, las Asociaciones y los Movimientos eclesiales, las capellanías universitarias y parroquias, con la esperanza de que pueda ser útil en la preparación de una misa, oración u Hora Santa para celebrar la Jornada Mundial de la Paz.

• Enlace al Consejo Pontificio de Justicia y Paz
• Propuesta (traducida al castellano)

Información obtenida de https://www.juspax-es.org/products/celebracion-por-la-paz-desde-el-mensaje-de-20151/

Desde que se produjeron los atentados terroristas del pasado 13 de noviembre en París  ni uno solo de los jefes de Estado y Gobierno de los países de la UE ha sido capaz de mantener abiertamente un discurso  favorable a la acogida de desplazados procedentes de  países islámicos y muy particularmente de Siria.  El eslogan “Refugees Welcome”  ha dejado de ser una carta de presentación  para la mayoría de  políticos desde mucho antes de los atentados  y en la actualidad es la gestión fronteriza y policial encaminada a impedir que lleguen más desplazados  y  retornar a todos aquellos que sea posible, la principal  prioridad no sólo de la Comisión Europea, sino también de sus estados miembros desde la última reunión del Consejo Europeo de septiembre.

Este cambio de tendencia ha venido acompañado  de un   “apagón informativo”. Es una realidad constatable que desde principios de octubre ya no se ven tantas  imágenes de pateras abarrotadas o  de comitivas de desplazados. Los seis niños sirios muertos por ahogamiento a finales de noviembre al intentar llegar a la isla griega de Kos no  han merecido ni mucho menos  la atención mediática que recibió, tres meses antes,  el niño  Aylán Kurdi muerto en las mismas circunstancias.  La zancadilla que propinó la periodista húngara Petra Laszlo a los refugiados sirios que escapaban de un control policial el pasado mes de septiembre  y que escandalizó al mundo entero ha venido sucedida  de  otras  zancadillas, éstas  de carácter político, legislativo y de comunicación que violan igualmente los derechos humanos de los desplazados y de las  que nadie se escandaliza.

Un ejemplo  de “zancadilla” es el modo en que la Comisión Europea ha manejado su reciente Informe de Progreso sobre Turquía. Dicho informe, cuyo contenido denunciaba el deterioro del respeto por el Estado de Derecho y la protección de los derechos fundamentales  por parte del Gobierno de ese país , fue intencionadamente demorado  y no se publicó hasta después de celebradas las elecciones turcas  para  no afectar negativamente a la reelección de  Tayib Erdogan y de este modo favorecer un acuerdo para gestionar los flujos de desplazados dado que  Turquía, que ya alberga en su territorio a 2 millones y medio de desplazados sirios, es también ruta hacia la UE de miles de afganos y paquistaníes. Mediante el acuerdo con la UE  el país acepta convertirse en un tapón para los flujos migratorios salientes hacia la UE al tiempo que permite recibir en su territorio a todas aquellas personas que sean expulsadas desde los países de la UE.  En declaraciones del primer ministro holandés Mark Rutte recogidas por el diario Euobserver: “Siempre es más barato reasentarlos en Turquía que tenerlos aquí. Además es más fácil para ellos regresar a Siria desde Turquía”. El coste de esta zancadilla es ni más ni menos que de tres mil millones de euros. El coste en violaciones de derechos humanos puede ser incalculable.

Otro ejemplo es la pérdida de pudor de numerosos responsables políticos a la hora de vincular a los desplazados con presuntos terroristas o delincuentes. De nada sirvieron las advertencias del presidente de la Comisión dos días después del atentado de París de que no se mezclara el terrorismo con los desplazados de Oriente Medio que huyen de la misma violencia terrorista. En una reciente entrevista al primer ministro francés Manuel Valls, éste no dudaba en afirmar que “la opinión pública es testigo de que al menos dos de los terroristas de París entraron mezclados con los solicitantes de asilo”, mientras que el presidente checo Milos Zeman declaraba abiertamente en otra entrevista que “el peligro había llegado a nuestras fronteras” y que “es falso afirmar que no existían vínculos entre migración y terrorismo porque ello significaría tanto como admitir que los flujos de inmigrantes no incluyen potenciales yihadistas”.  Estos y otros argumentos  no hacen sino  avivar el fuego de los fundamentalismos políticos y religiosos poniendo así en peligro la Europa de los Derechos y las Libertades.

En este tiempo de turbulencias y confusión en el que se está sembrando tanto miedo es preciso cultivar una lucidez responsable y comprometida para preservar la cultura de los derechos y las libertades de la ciudadanía. Unos derechos  que no se pueden entender sin el respeto exquisito a la dignidad de aquellos que piden asilo en nuestras fronteras. No podemos permitir que la Unión Europea se convierta en un reducto defensivo contra nadie. Europa es y debe seguir siendo, espacio de posibilidad y de futuro.

Emilio José Gómez Ciriano

Responsable de Derechos Humanos CG Justicia y Paz

Romper el vínculo entre los minerales y los conflictos armados: ¡es necesaria una normativa europea obligatoria!

En muchas áreas del mundo marcadas por conflictos, como la República Democrática del Congo, Colombia, Myanmar y África Central, la extracción y el comercio de los recursos naturales permite la financiación de muchos grupos armados, que a su vez son culpables de perpetrar atrocidades contra la población local y que desestabilizan el territorio. Con la obtención de recursos provenientes de estas zonas de conflicto o de alto riesgo, es probable que las empresas europeas estén alimentando este ciclo de violencia que socava los derechos humanos, la paz y el desarrollo. Es de esta manera que los minerales de sangre encuentran su camino para llegar a nuestros ordenadores, a nuestros teléfonos, nuestros coches y otros productos de uso diario.

Nos gustaría hacer referencia a las palabras expresadas por el Papa Francisco el 17 de julio de 2015, en las que habla de establecer una reunión con expertos e inversores en el sector minero a favor de un cambio de paradigma radical. El Papa nos recordó que “los minerales y, en general, la riqueza contenida en la tierra, el suelo y el subsuelo, constituyen un don precioso de Dios, que la humanidad ha estado utilizando desde hace miles de años”.

Basándose en su reciente encíclica sobre la protección del medio ambiente, Laudato Si’, el Papa considera que una explotación verdaderamente prudente de la riqueza de la tierra es la que tiene en cuenta los imperativos económicos, la justicia social y la protección ambiental. El Papa subraya que “una contribución a este cambio puede ser hecha por los gobiernos de los países de origen de las empresas multinacionales y de aquellos que operan, por las empresas y los inversores, por las autoridades locales que supervisan las operaciones mineras, los trabajadores y sus representantes, por las cadenas de suministro internacionales con sus diversos intermediarios y los que operan en los mercados de estos materiales, y por los consumidores de bienes para la producción que requieren los minerales. Todas estas personas están llamadas a adoptar una conducta inspirada en el hecho de que constituimos una sola familia
humana”.

El 20 de mayo de 2015, el Parlamento Europeo votó a favor de un reglamento diseñado para exigir a las empresas europeas que importan estaño, tungsteno, tantalio y oro en cualquiera de las formas en que se encuentran, ya sea en bruto o procesados, para que aseguren que actúan de manera responsable a la hora de comprar los minerales. Esta es
una victoria en la lucha contra las violaciones masivas de los derechos humanos, aunque todavía debe ser confirmada por el proceso de diálogo a tres bandas con los estados miembros.

De este modo, el Parlamento Europeo recomienda la adopción de prácticas de diligencia debida que requieren que las empresas identifiquen y prevengan los riesgos a lo largo de toda su cadena de suministro. Esto debería permitir a las empresas garantizar que los minerales que compran a sus proveedores no están siendo utilizados para financiar grupos armados. A pesar de que con esta resolución el Parlamento Europeo no acabará con todos estos conflictos, al menos hará que las empresas asuman su parte de responsabilidad.

Poner las consideraciones éticas antes de que el lucro

Es necesaria una regulación obligatoria para luchar con eficacia contra los minerales de conflicto y las atrocidades terribles que alimentan, como es el caso en el este de la RDC. Este enfoque recibe el apoyo no sólo del Doctor Mukwege, ganador del premio Sajarov, sino también de los inversores europeos y de ciento cincuenta obispos de todo el mundo.

Una de las intenciones del Parlamento Europeo al proponer este sistema obligatorio es hacer que nuestras empresas en Europa presionen todos los actores upstream de su cadena de suministro, como los fundidores asiáticos y los refinadores que venden sus productos en el mercado europeo, por fin de persuadirles de que cambien sus prácticas. Las PYME en Europa también podrían beneficiarse de este efecto multiplicador, ya que podrán formar parte de las cadenas de suministro responsables de que ya habrán sido establecidas por los consorcios más grandes.

Para que sea lo más completa posible, la regulación debe considerar también la introducción de “medidas de acompañamiento” para apoyar a los actores locales y para formalizar el sector para mejorar las condiciones de trabajo de los mineros locales y artesanales.

¿Puede ser esto realmente comparado con la Ley Dodd Frank?
Muchas personas se han manifestado en contra de esta regulación, comparándola con la Ley Dodd Frank, que es un pedazo de la legislación estadounidense que, tal como afirman, ha obligado a las empresas a buscar sus suministros a otros sitios fuera de la zona de los Grandes Lagos, creando así un embargo y privando a los mineros locales de
una fuente vital de ingresos.

Sin embargo, la propuesta europea de legislación difiere de la legislación norteamericana, ya que no está diseñada para introducir el etiquetaje del producto y no está dirigida únicamente a la República Democrática del Congo, sino a todas las
regiones en riesgo. Es muy dudoso que la culpa de los problemas que enfrenta el sector minero congoleño artesanal sea en su totalidad culpa de la Ley Dodd Frank, ya que es imposible aislar los efectos de esta legislación de los efectos de otras iniciativas existentes destinadas a introducir orden en el sector. De hecho, las dificultades relacionadas con el acceso al mercado internacional comenzaron a raíz de la decisión tomada por el presidente Kabila de suspender sus actividades durante varios meses en 2010. Por otra parte, dado que la Ley Dodd Frank no entró en vigor hasta principios de 2013, es demasiado pronto para sacar conclusiones definitivas con respecto a sus impactos.

Crear cadenas de suministro limpias
Es cierto que la Ley Dodd Frank está detrás de numerosos proyectos diseñados para crear cadenas de suministro “limpias” en el Congo y se está haciendo un progreso real en este sentido. La prueba de ello se encuentra en el hecho de que 129 minas han sido certificadas como “verdes” por el gobierno congoleño. Con esta certificación se afirma el hecho de que no hay grupos armados en estas minas, y que los niños o las mujeres embarazadas no trabajan.

Sólo un sistema europeo obligatorio puede tener una influencia efectiva en las prácticas económicas. El hecho de que la guía de la OCDE sobre la diligencia debida, que no es obligatoria, se aplique sólo en un 4% de las empresas europeas es buena prueba de la necesidad de una legislación vinculante y es por esta razón que los estados miembros deben confirmar la legislación adoptada por el Parlamento Europeo.

Firmas que representan las Comisiones Europeas de Justicia y Paz:
 Stefan Krummel (Austria)
 Pieter Vandecasteele (parte flamenca de Bélgica)
 Axelle Fischer (parte de habla francesa de Bélgica)
 Isabel Cuenca (España)
 Denis Vienot (Francia)
 Sebastiaan van der Zwaan (Holanda)
 Mgr. Jean-Claude Hollerich (Luxemburgo)
 Pedro Vaz Patto (Portugal)
 Cecilia Taylor (Reino Unido)
 Sra. Madeleine Fredell (Suecia)
 Wolfgang Bürgstein (Suiza)

Si desean obtener más información, véase: https://www.juspax-es.org/news/romper-el-vinculo-entre-los-minerales-y-los-conflictos-armados:-%C2%A1es-necesaria-una-normativa-europea-obligatoria!/