Etiqueta: Justicia y Paz

Hemos venido a rezar y apoyar a la comunidad cristiana, para promover la paz y la dignidad humana en esta tierra dividida.

Hemos visto las trágicas consecuencias del fracaso de la política nacional e internacional para lograr la paz. La dignidad humana viene dada por Dios y es absoluta. El actual conflicto amenaza la dignidad de los Palestinos y de los Israelíes, pero sobre todo nuestro compromiso con los pobres nos urge a apoyar a las personas que sufren en Gaza. Hace un año, definimos la situación de Gaza como “un desastre realizado por el hombre, un escándalo desconcertante, una injusticia que pide a la humanidad una solución”. A raíz de la terrible destrucción causada por la guerra del pasado año, nuestra presencia recordó a la pequeña comunidad cristiana de Gaza que no ha sido olvidada.

Decenas de miles de familias de Gaza no tienen una vivienda adecuada. En este último período de frío polar, al menos dos niños murieron de hipotermia. El bloqueo continuo impide la reconstrucción y contribuye dramáticamente a la desesperación que mina la legítima esperanza de los Israelíes por su seguridad. Pero también crea niveles intolerables de desempleo y empuja a las personas sencillas hacia la pobreza más extrema.

A pesar de la devastación, las aterradoras escenas de destrucción que hemos visto, y los temores de otra guerra que hemos podido escuchar, la esperanza está viva en Gaza. Hemos visto familias que reconstruyen sus vidas con determinación. Hemos visto una pequeña comunidad cristiana con una fe enorme. Hemos admirado la tenacidad de muchos voluntarios. Hemos visitado la escuela “Sagrada Familia”, donde Musulmanes y Cristianos estudian y juegan juntos en armonía. Nos hemos reunido con las Hermanas del Santo Rosario, que fieles a su cofundadora, la beata Marie-Alphonsine, que este año será canonizada por el Papa Francisco, realizan un ministerio profético de educación. Hemos celebrado la misa con las Hermanas Carmelitas del Carmelo de Belén. Su fundadora la beata Mariam Baouardy, es otra cristiana Palestina cuya vida da testimonio de la santidad que aún emana de esta tierra, y también ella será canonizada.

Los líderes políticos deben defender la dignidad humana de la población de Gaza. Un estudiante nos dijo, de modo punzante, que había recibido un e-mail durante la guerra en el que le preguntaban si necesitaba comida, ropa o vivienda. Sin amargura, respondió que lo que necesitaba era dignidad. Las personas de buena voluntad de ambas partes del conflicto quieren lo mismo, una vida digna de la persona humana.

En los próximos meses vamos a seguir oponiéndonos al proyecto de la construcción del muro en el valle de Cremisán, ya que esto significaría la pérdida de las tierras y del sustento de muchas familias cristianas. Esta situación es trágicamente un microcosmos respecto a la cuestión de la tierra. Seguiremos también oponiéndonos a la expansión del programa de los asentamientos, ilegales según el derecho internacional, de la que hemos sido testigos directos en Hebrón. Su impacto en la libertad de circulación de los Palestinos y en la confiscación de tierras es simplemente injusto.

Tras el fracaso de las negociaciones y la consiguiente violencia del 2014, invitamos urgentemente a los poderes públicos a ser creativos, a encontrar nuevos enfoques, para construir puentes, no muros. Tenemos que humanizar el conflicto favoreciendo una mayor interacción entre Israelíes y Palestinos. La paz sólo llegará cuando todas las partes respeten el hecho de que la Tierra Santa es sagrada para las tres religiones y es el hogar de dos pueblos.

Conscientes de que este año hemos caminado siguiendo las huellas del Papa Francisco, hacemos nuestro su reciente Discurso realizado ante el Cuerpo Diplomático:

«Mi pensamiento se dirige, sobre todo, a Oriente Medio, comenzando por la amada tierra de Jesús, que he tenido la alegría de visitar el pasado mes de mayo y a la que no nos cansaremos nunca de desear la paz. Así lo hicimos, con extraordinaria intensidad, junto al entonces Presidente israelí, Shimon Peres, y al Presidente palestino, Mahmud Abbas, con la esperanza firme de que se puedan retomar las negociaciones entre las dos partes, para que cese la violencia y se alcance una solución que permita, tanto al pueblo Palestino como al Israelí, vivir finalmente en paz, dentro de unas fronteras claramente establecidas y reconocidas internacionalmente, de modo que “la solución de dos Estados” se haga efectiva.»

El camino de la paz exige el respeto de los derechos humanos de Israelíes y Palestinos. Nuestra oración alimenta la esperanza que hace posible la paz. Pedimos a todos los cristianos que recen  por los Judíos, los Cristianos y los Musulmanes de esta tierra que llamamos Santa.

• Fotos de la peregrinación
• Fotos del Arzobispo Joan Enric Vives (España)
• Descargar el comunicado

Obispo Stephen Ackermann, Alemania; Arzobispo Stephen Brislin, Sudáfrica; Obispo Raymond Browne, Irlanda; Obispo Peter Bürcher, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia; Obispo Oscar Cantú, EE.UU.; Obispo Christopher Chessun, Iglesia de Inglaterra; Obispo Michel Dubost, Francia; Arzobispo Ricardo Fontana, Italia; Obispo Lionel Gendron, Canadá; Obispo Felix Gmur, Suiza; Arzobispo Patrick Kelly, Inglaterra y Gales; Obispo William Kenney, Inglaterra y Gales, COMECE; Obispo Declan Lang, Inglaterra y Gales; Obispo Kieran O’Reilly, Irlanda; Obispo Thomas Maria Renz, Alemania; Arzobispo Joan-Enric Vives, España.

Nota:

Desde 1998, la Coordinadora de las Conferencias Episcopales en apoyo de la Iglesia en Tierra Santa se viene reuniendo por invitación de la Asamblea de Ordinarios Católicos en Tierra Santa. Por un mandato expreso de la Santa Sede, la Coordinadora de Tierra Santa se reúne cada mes de enero en Tierra Santa, concentrándose en la oración, la peregrinación y la persuasión, con el objetivo de actuar en solidaridad con la comunidad cristiana, ya que ésta experimenta fuertes presiones políticas y socioeconómicas.
Extraído de:  https://www.juspax-es.org/news/llamamiento-de-los-obispos-la-dignidad-humana-como-fundamento-de-la-paz/

Reunidos en Málaga representantes de instituciones eclesiales que trabajan “in situ” a uno y otro lado de la frontera sur para abordar coordinadamente distintos temas que afectan a las personas migrantes, y siendo testigos del sufrimiento diario que las vallas provocan, Cáritas Española, CONFER, Secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones y Justicia y Paz queremos solicitar la retirada inmediata de la disposición sobre las expulsiones sumarias.

La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados aprobó el pasado 25 de noviembre el Dictamen sobre el Proyecto de Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, en el que se recoge una modificación a la Ley Orgánica de Extranjería que pretende legitimar las expulsiones sumarias en la frontera de Ceuta y Melilla.

A nuestra preocupación por un proyecto de Ley que criminaliza la pobreza y la movilización social, se suma la consternación por la naturaleza de una enmienda que ha sido introducida a última hora por el Grupo Parlamentario Popular del Congreso.

Además de compartir las reflexiones de instituciones como el Consejo General de la Abogacía y la inquietud expresada por numerosas entidades y plataformas ante la aprobación del citado Dictamen, queremos hacer público nuestro enérgico rechazo a la modificación que se contempla en el mismo porque entendemos que viola derechos humanos, da cobertura legal a una práctica ilegal que se viene constatando desde hace tiempo y no va a aportar soluciones a ninguna de las causas por las que las personas migrantes abandonan sus países de origen para, tras un arduo camino, llegar ante las fronteras de Ceuta y Melilla. En definitiva, sólo se logrará incrementar el sufrimiento de las personas y no se reducirán las llegadas.

Recordamos que La Ley Orgánica de Extranjería ya cuenta con procedimientos legales para abordar los casos de entradas irregulares en España por puestos no habilitados y que conllevan una serie de garantías para las personas migrantes, como son la asistencia letrada y el derecho a intérprete. Además, aunque insuficiente, existe la posibilidad de solicitar asilo y refugio, e identificar potenciales víctimas de trata y otros perfiles vulnerables.

Es necesario señalar que las expulsiones sumarias vulneran lo dispuesto por los artículos 12 y 13 de la Directiva europea 2008/115/CE y el artículo 13 del Código de Fronteras Schengen, que establecen como garantías procedimentales en todo procedimiento de retorno la obligatoriedad de una resolución motivada para la denegación de entrada, en la que se indiquen los motivos exactos de la misma, así como el derecho a recurrir dicha resolución de forma informada y asesorada. Es más, esas expulsiones podrían ser constitutivas de una violación del artículo 6 del Carta Europea de Derechos Fundamentales (CEDH) que contempla el derecho a un proceso equitativo.

Por otra parte, ese Dictamen pone en riesgo la protección internacional, lo que vulnera la Convención de Ginebra de 1951 y el artículo 18 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Junto a ello, el artículo 6 de la Directiva 2013/32/UE obliga a los Estados Miembros a garantizar el acceso a la protección no sólo en el territorio nacional sino también en las fronteras y aguas territoriales.

Llamamos también la atención sobre la violación que supone del principio de “non refoulement” (no devolución) recogido en el artículo 33 de la Convención de Ginebra de 1951, el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el artículo 18 de la ya citada CEDH y la Directiva de retorno (Directiva 2008/115/CE) según el cual ninguna persona puede ser devuelta a un país donde su vida, libertad o seguridad corran peligro.

En las últimas semanas ha sido la propia Comisión Europea e incluso el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas quienes han manifestado su preocupación por la vulneración de derechos que podría conllevar estas decisiones.

Por tanto, solicitamos que se retire esta disposición adicional y se busque un consenso político en materia de inmigración. España debe liderar ese proceso y hacer ver a la Unión Europea que las vallas de Ceuta y Melilla son sólo la consecuencia de una política migratoria europea desenfocada.

Solicitamos, asimismo, diálogo para buscar vías de acceso regulares para quienes no las encuentran nunca y no se vean empujados a dar un salto desesperado.

Y solicitamos solidaridad con quienes buscan la protección del asilo y el refugio huyendo de conflictos, persecuciones y los efectos de una política de cooperación internacional centrada exclusivamente en un modelo económico de crecimiento que propicia el descarte y la expulsión de los ciudadanos de sus países de origen y no el desarrollo de sus propias capacidades y experiencias para evitar el abandono de sus comunidades como consecuencia de la injustica o la inseguridad.

La aceptación de las expulsiones sumarias que representa la aprobación de este Dictamen supondría consolidar legalmente un concepto de “frontera” sinónimo de un territorio donde los derechos humanos están ausentes. Y como ha señalado la Comisión Episcopal de Migraciones en el VII Congreso de Migraciones en el Vaticano, y ha afirmado recientemente el Papa Francisco ante el Parlamento Europeo, “Europa será capaz de hacer frente a las problemáticas asociadas a la inmigración si es capaz de proponer con claridad su propia identidad cultural y poner en práctica legislaciones adecuadas que permitan tutelar los derechos de los ciudadanos europeos y de garantizar al mismo tiempo la acogida a los inmigrantes“.

Isabel Cuenca Anaya, Secretaria General de Justicia y Paz de España fue entrevistada en el programa “Testimonio” de tve2. En él habla  de la naturaleza y objetivos principales de Justicia y Paz, en particular de la gran labor que desarrollan sensibilizando en las escuelas en favor de una educación por la paz.

https://www.rtve.es/drmn/embed/video/2704810

Justicia y paz

Con ocasión de la nueva escalada de violencia entre palestinos e israelíes, la Comisión General de Justicia y Paz de España quiere manifestar una vez más, su horror, su indignación y su profunda tristeza.

Consideramos absolutamente inaceptable y criminal la actuación de las partes implicadas en este nuevo episodio de guerra, a través del asesinato múltiple y deliberado, el bombardeo y lanzamiento de cohetes sobre población civil y el uso de ésta como escudo para perpetrar agresiones, causando o provocando conscientemente la muerte de personas inocentes, incluyendo niños y familias enteras.

Llamamos una vez más, y no nos cansaremos de hacerlo, a las partes enfrentadas y a todos los actores implicados para que cesen de forma inmediata e incondicional las hostilidades y dirijan todos sus esfuerzos hacia la consecución de una paz justa y duradera mediante el diálogo, el reconocimiento mutuo y el respeto de los derechos humanos de las personas y los pueblos, que son la única opción para poner fin a este largo y sangriento conflicto.

Así mismo, hacemos nuestras las palabras de la Comisión Justicia y Paz de la Asamblea de Ordinarios Católicos de Tierra Santa, que ha recordado que la única manera de salir del ciclo interminable de violencia que ha ensangrentado la tierra de Jesús es “liberarse de cualquier liderazgo que alimente el ciclo de la violencia” y apoyar a los líderes dispuestos a reconocer “que Dios ha plantado aquí tres religiones: el judaísmo, el cristianismo y el Islam, y dos pueblos, palestinos e israelíes”.

La Comunidad Internacional no puede tolerar ni resignase ante esta violencia y debería tomar todas las medidas políticas, jurídicas y diplomáticas necesarias para evitar su repetición, así como para trabajar más intensamente a favor de la paz. En este sentido, pedimos una vez más al Gobierno de España que trabaje decididamente con esta misma finalidad.

Finalmente, queremos expresar nuestra solidaridad y elevar nuestra oración a Dios ante el sufrimiento de todas las víctimas.

Comisión General de España, Madrid 11 de julio de 2014

Reproducimos la información que nos ha remitido Justicia y Paz  sobre la XXI Jornada de Barcelona que se celebrará los días 8 y 9 de mayo, bajo el título: «1914-2014 Cien años de guerra y paz».

Este año se analizará, de la mano de expertos en derecho, cultura de paz y relaciones internacionales, la situación actual, un siglo después de que estallara la I Guerra Mundial.

Nos complace comunicaros que Justicia i Pau de Barcelona financiará un máximo de 8 pernoctaciones que se adjudicarán por orden de petición. Para ello, además de inscribirse a la Jornada según indica el programa, debéis enviar un correo a premsa@justiciaipau.org,   indicando nombre completo, datos de contacto y noche o noches que se solicitan.  Esperamos contar con vuestra participación.

“1914-2014 Cien años de guerra y paz”

¿De qué hablaremos en el XXI Encuentro de Barcelona?

La primera Guerra Mundial marcó el inicio de un Siglo XX convulso, altamente violento y donde la capacidad destructiva de la humanidad llegó a su gran cenit, con una segunda y salvaje Guerra Mundial, con episodios de terrible genocidio y la explosión de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que marcaron un nuevo hito en el desarrollo armamentístico.

Ante esta espiral de destrucción y de crímenes, la creación de organismos internacionales procuraba gestionar y evitar el estallido de conflictos armados. Pero, bajo nuevos parámetros y en nuevos contextos, la guerra continuó presente durante la segunda mitad del Siglo XX, marcando la política exterior de los Estados. De las guerras clásicas pasamos a la Guerra Fría, a la carrera de armamentos, así como a la multiplicación de los conflictos armados internos y genocidios y, acabando el siglo, aparecieron las nuevas intervenciones militares, en clave pretendidamente humanitaria.

Mientras tanto, el movimiento por la paz ha pugnado por deslegitimar y rechazar la guerra y los ejércitos, ha reclamado la prevención de los conflictos y ha impulsado el desarme y la desmilitarización.

Después de 100 años de la primera Guerra Mundial, ¿cómo estamos? ¿Tenemos instrumentos suficientes para poder evitar las guerras o para detenerlas? ¿Qué necesitamos? ¿Qué hacen y qué deberían hacer la ciudadanía y el movimiento por la paz?

Otra información

Las lenguas de trabajo del encuentro serán el catalán, el castellano y el inglés. Habrá traducción simultánea.

La entrada es gratuita pero es necesaria inscripción mediante correo electrónico a premsa@justiciaipau.org  indicando nombre completo, datos de contacto y noche o noches que se solicitan.

Hora: 17 h

Lugar: Facultat de Comunicació Blanquerna (Universitat Ramon Llull).  C/Valldonzella, 12).

Programa

En toda Europa en un contexto de preocupaciones generalizadas en cuanto al paro, los jóvenes están pagando un precio muy elevado por una crisis económica que no causaron con tasas de paro más elevadas que para el resto de la población. Aunque el paro juvenil ya existía antes de la crisis económica y financiera, la tasa media de desempleo en países de la UE es ahora el doble para los jóvenes, al igual que para otras categorías de edad, con varios estados miembros con tasas de paro juvenil que exceden el 50%. Como Conferencia Europea de Comisiones de Justicia y Paz, deseamos unir nuestras voces al llamamiento por un replanteamiento de la estrategia para abordar esta injusticia.

A la espera de las próximas elecciones europeas hacemos un llamamiento a los gobiernos e instituciones de la UE para:

• Priorizar el empleo en planes de recuperación económica, con estrategias específicas que respondan al paro juvenil, desarolladas junto a los jóvenes.
• Asegurar un progreso rápido en el reconocimiento de títulos dentro de la Unión Europea.
• Examinar los mecanismos existentes para la consulta y el compromiso con los jóvenes,  con la intención de superar tanto la alienación política como el extremismo político que están creciendo entre la juventud.
• Apoyar a aquellos empleadores que ofrezcan las oportunidades adecuadas a los jóvenes, mientras se aseguran mecanismos de regulación adecuados para proteger a los trabajadores jóvenes de la explotación.
• Proveer apoyo, también económico, a la educación y la formación profesional.

• Establecer mecanismos de consulta para examinar la contribución de nuestros sistemas educativos actuales a un empleo sostenible con la participación de todos los actores clave, incluyendo al sector empresarial, los sindicatos, las organizaciones laborales y a los jóvenes.

Conferencia Europea de Comisiones de Justicia y Paz

Ante la proposición de Ley que se tramita en las Cortes Generales, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, de reforma de la jurisdicción universal de los tribunales españoles prevista en el art. 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, queremos expresar:

1. Nuestra profunda preocupación ante esta reforma, que puede significar la práctica desaparición de la jurisdicción universal, asumida por el Estado español en el año 1985, y que se había convertido en un referente internacional en materia de prevención y sanción de crímenes contra la humanidad.

2. Esta reforma constituirá un grave retroceso en materia de protección de los derechos humanos y favorecerá la impunidad por estos crímenes. La modificación legal puede significar el sobreseimiento de la mayor parte de causas que investiga actualmente la justicia española por graves crímenes cometidos en otros países, como el genocidio en el Tíbet, en Rwanda (con el asesinato de nueve ciudadanos españoles) o en Guatemala, los asesinatos de jesuitas españoles de la UCA en El Salvador, la muerte del periodista José Couso en Irak, el caso de los “vuelos de la CIA”, casos de desapariciones de persones en el Sahara, etc.

3. En el año 1999 el Gobierno del PSOE ya promovió una drástica limitación de la jurisdicción universal española. Desde entonces, ésta ya sólo se puede activar cuando los presuntos responsables sean españoles o residan en España o bien cuando existan víctimas españolas o los hechos tengan alguna relación con España. A pesar de esta limitación, la Audiencia Nacional ha continuado con algunos de estos procesos, al tener en cuenta la existencia de víctimas españolas o una conexión de los hechos con España.

4. Ahora bien, la propuesta de reforma, canalizada por la insólita vía de proposición de Ley del Grupo Popular en lugar de proyecto del Gobierno (vía que evita la petición previa de informes a diferentes instituciones del Estado), dejará prácticamente vacía de contenido la jurisdicción universal. En la mayor parte de los casos, solamente será posible actuar cuando el presunto responsable sea español (situación que no queda englobada propiamente en el concepto de justicia universal) o bien, si es extranjero, sólo en caso de que resida en España o bien que se encuentre en España (situación muy improbable) y su extradición a terceros Estados haya sido rechazada. Si no se dan estos supuestos, no se podrá actuar, ni siquiera en el caso de que las víctimas sean españoles (excepto en los casos de terrorismo, tráfico de drogas, piratería aérea o marítima o trata de personas). El resultado será el archivo de la mayoría de causas en curso por crímenes contra la humanidad (ya que se prevé su inmediata entrada en vigor para todo proceso en curso), y la más que probable impunidad de estos crímenes u otros futuros.

5. Las circunstancias que rodean esta reforma (presiones del gobierno chino ante la imputación de algunos del sus ex dirigentes por el genocidio en Tíbet) hacen pensar que el Gobierno ha querido priorizar la defensa de los intereses económicos y geoestratégicos españoles sacrificando el principio de justicia universal y los derechos de las víctimas. La supresión de este principio no se puede justificar en base a la defensa de intereses nacionales, ya que es fruto de un necesario compromiso ético-político con la defensa de bienes superiores y con la protección de los derechos humanos frente a las agresiones más graves. Por otra parte, no se puede afirmar que esta jurisdicción comporte ninguna extralimitación, puesto que la regulación actualmente vigente en España y la jurisprudencia configuran la jurisdicción universal como estrictamente subsidiaria, es decir, que no se activa si un tribunal internacional o bien el Estado donde se han cometido estos crímenes o del cual sean nacionales sus responsables proceden (como sería su obligación) a investigar y juzgar con garantías estos crímenes.

Por todo ello, la Comisión General de Justicia y Paz reprueba la reforma de la Ley que regula la jurisdicción universal, retrocediendo en las obligaciones internacionales contraídas, pero lo que es más importante, ofreciendo impunidad a los responsables de crímenes internacionales e impidiendo a las víctimas el acceso a la justicia española.

 Madrid, 27 de febrero de 2014

 Comisión General de Justicia y Paz