Abril y mayo han sido meses de elecciones. El reto de las candidaturas electas consiste en alcanzar la legitimidad en el ejercicio del cargo representativo y promover el bien común y los derechos humanos desde su responsabilidad y competencias. Como dijo el papa Francisco en el Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de este año: “La función y la responsabilidad política constituyen un desafío permanente para todos los que reciben el mandato de servir a su país, de proteger a cuantos viven en él y de trabajar a fin de crear las condiciones para un futuro digno y justo. La política, si se lleva a cabo en el respeto fundamental de la vida, la libertad y la dignidad de las personas, puede convertirse verdaderamente en una forma eminente de la caridad” (n. 2).

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Hay muchos signos de esperanza: Pongamos en el centro la realidad de los migrantes y refugiados

Madrid, 19 de mayo de 2019.- En el Día Mundial del Refugiado, la Red Migrantes con Derechos – integrada por la Comisión Episcopal de Migraciones, Cáritas, CONFER y Justicia y Paz— insta a los líderes españoles y mundiales a fortalecer el compromiso con la realidad de las personas refugiadas y migrantes, y a generar mecanismos de protección y de acogida desde la solidaridad y la hospitalidad.

En el mundo, hay más de 1.000 millones de personas que están en movimiento. De ellas, 70 millones han tenido que abandonar sus hogares debido a situaciones de violencia, guerras o desplazamiento. Muchas de ellas se incorporan a caravanas migrantes que cruzan fronteras a través de rutas que recorren miles de kilómetros en condiciones inseguras y de extrema vulnerabilidad, y se convierten en objetivo de las redes de tráfico y trata de personas.

Junto a estas situaciones de movilidad humana, asistimos en toda Europa, en un contexto de políticas migratorias cada vez más estrictas y de mayor represión contra la migración irregular, a una criminalización de los defensores de los derechos humanos y de aquellos ciudadanos particulares, comunidades y organizaciones que tienden su mano a estos refugiados y migrantes.

Mientras avanza este cierre de “puertas” y puertos, y se repite el bloqueo de barcos humanitarios, desde nuestras organizaciones somos testigos de la tendencia creciente a obstaculizar y estigmatizar la asistencia humanitaria que las redes de ayuda y los voluntarios brindan a los migrantes en peligro. Hay sobrados ejemplos de ello, que incluyen casos de procesamiento de miembros de organizaciones no gubernamentales por haber impulsado operaciones de búsqueda y rescate en las aguas del Mediterráneo.

Este ambiente hostil, al que no son ajenos determinados discursos políticos, genera un efecto paralizante en la solidaridad y alimenta aún más los relatos tóxicos y negativos sobre la migración. Más allá del impacto negativo directo que esto tiene en las vidas de los migrantes y refugiados, la criminalización de la solidaridad también es peligrosa para la democracia, ya que erosiona la cohesión social y amenaza a nuestra humanidad.

Recordamos el aliento del Papa Francisco que nos anima a tender puentes, a crear una cultura del encuentro y a abrir nuestra puerta a aquellas personas que están en el camino, que se encuentran en mayor vulnerabilidad, porque, como bien lo expresa en su mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado, “la presencia de los migrantes y de los refugiados, como en general de las personas vulnerables, representan hoy en día una invitación a recuperar algunas dimensiones esenciales de nuestra existencia cristiana y de nuestra humanidad, que corren el riesgo de adormecerse con un estilo de vida lleno de comodidades”.

La Red Migrantes con Derechos –que integra a más de 400 instituciones, delegaciones y comunidades de todo el país, y moviliza a más de 90.000 personas, entre voluntarios y profesionales contratados– ha acompañado en este último año a cerca de 3 millones de personas en situación de vulnerabilidad social. Desde esta realidad, queremos poner en valor el compromiso solidario y fraterno que tantos ciudadanos y colectivos brindan a nuestra sociedad para construir entre todos un futuro en esperanza.

“Estoy intentando regalar lo que otras personas me han entregado”. Estas palabras de Dooa Sharif, una joven voluntaria siria de una de las instituciones de la Red Migrantes con Derechos que llegó a España como refugiada y presta apoyo ahora en un programa de acogida, son ejemplo del testimonio de muchas personas que construyen nuestras sociedades desde los valores de la solidaridad con sus convecinos y convecinas, especialmente con aquellas personas que se han visto forzadas a dejar sus hogares.

En este Día Mundial del Refugiado, la Red Migrantes con Derechos lanza un llamamiento a los responsables políticos y a la ciudadanía para que actúen contra toda criminalización del apoyo humanitario proporcionado a los migrantes y refugiados, defiendan los derechos de las personas migrantes y refugiadas, e impulsen sociedades acogedoras donde la solidaridad, el encuentro, la convivencia y el respeto estén en el centro de las políticas y de la agenda social. Hay muchos signos de esperanza y desde ellos queremos construir futuro.

Nota MigrantesConDerechos Día del Refugiado 19,06.2019

Comienza hoy en Ginebra la asamblea del Centenario de la OIT, un «parlamento mundial sobre el trabajo» al que asisten 5.000 personas delegadas.

La iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente (ITD) –Cáritas, Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), Justicia y Paz, Juventud Estudiante Católica (JEC) y Juventud Obrera Cristiana (JOC)— comparten la necesidad de poner a las personas en el centro de todas las prioridades que se subraya en el informe “Trabajar para un futuro más prometedor” de la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, que va a ser debatido en las sesiones de la asamblea del Centenario que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) celebra en Ginebra del 10 al 21 de junio.

A esta reunión, que el director general de la OIT, Guy Ryder, define como un «parlamento mundial sobre el trabajo», asisten más de 5.000 delegados y delegadas de todo el mundo. En la delegación del Movimiento Mundial de Trabajadoras Cristianos participa Toni Santamaría, militante de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), una de las entidades que integran la ITD.

El informe proporciona un análisis en profundidad del futuro del trabajo, orientado a sentar las bases para alcanzar la justicia social en el siglo XXI. En este horizonte, el trabajo decente es esencial para las personas, para la paz y para el planeta, en el marco de un nuevo contrato social que priorice a la persona y preserve el trabajo

Para la ITD es importante la coincidencia entre las preocupaciones de la OIT, las reivindicaciones y propuestas del movimiento sindical internacional, los planteamientos de la Doctrina Social de la Iglesia y el magisterio del papa Francisco en torno a la urgente necesidad de ese nuevo contrato o pacto social que priorice a las personas, su dignidad y el valor de su trabajo.

La Declaración final que se adopte en esta reunión centenaria debe establecer un nuevo contrato social que, entre otras cuestiones, priorice el respeto a los derechos de los trabajadores y trabajadoras con una Garantía Laboral Universal que proteja los derechos de todos los trabajadores, un salario adecuado, la limitación de las horas de trabajo, la seguridad y salud en las relaciones laborales, la no discriminación, la libertad sindical y la negociación colectiva, la igualdad de género, la protección social universal, el aprendizaje permanente, la gestión humana de las nuevas tecnologías, la lucha contra la crisis ecológica y el diálogo social comprometido como fórmula para resolver los inaplazables retos.

Resultan inspiradoras, en ese sentido, la reclamación del papa Francisco de un «nuevo pacto social humano, un nuevo pacto social para el trabajo», esencial para la democracia y para las personas, que otorgue «dignidad, respeto, honor, libertad, derechos para todos» (No os dejéis robar la dignidad. El papa Francisco y el trabajo. En distintos discurso y mensajes). Un pacto social y cultural que nos permita vivir juntos (Evangelii gaudium, 239).

La aportación de la Doctrina Social de la Iglesia

Recordando las palabras del Papa en Laudato si’, es urgente cuidar la casa común y la familia humana, con especial atención a los pobres y a la fragilidad del planeta, retos que están íntimamente vinculadas porque instan al cuidado de la vida para poder construir el mundo desde la fraternidad. Para ello, «es esencial cuidar el trabajo humano y su dignidad, en un mundo en que hacemos todo lo contrario». Y por eso, «el trabajo es una prioridad humana y, por tanto, una prioridad cristiana», subraya Francisco.

La Doctrina Social de la Iglesia recoge una cuestión clave: la prioridad del trabajo (personas) sobre el capital (cosas). Esto implica, decía san Juan Pablo II en Laborem exercens, que los derechos de la persona en el trabajo deben ser el criterio decisivo para organizar toda la economía y no, como ocurre ahora, dejar que la rentabilidad económica someta los derechos de trabajadores y trabajadoras.

Esta prioridad del trabajo es lo que reclama un nuevo contrato social que proteja efectivamente la dignidad de las personas y ponga las cosas en su lugar, lo que, al mismo tiempo, requiere impulsar un profundo cambio de modelo económico «fruto de una cultura de comunión, basado en la fraternidad y la equidad». Para avanzar hacia ese objetivo es prioritario promover la dignidad del trabajo, el trabajo decente y la protección de los derechos de todas las personas y familias trabajadoras.

La iniciativa «Iglesia por el Trabajo Decente» surge en España en el año 2015 haciendo suyo el objetivo impulsado por la Santa Sede, la OIT y organizaciones de inspiración católica, de colocar explícitamente el «trabajo decente para todas las personas» entre los objetivos de desarrollo sostenible en la agenda post-2015.

Leer más: https://www.juspax-es.org/news/iglesia-por-el-trabajo-decente-comparte-con-la-oit-la-urgencia-de-un-nuevo-contrato-social-que-priorice-a-las-personas/

«Enlázate por la Justicia» desvela la historia de sangre que se oculta detrás de nuestros teléfonos móviles

Denuncia los abusos sociales y medioambientales que se cometen tanto en el proceso de fabricación como en el uso diario de estos dispositivos

Madrid, 5 de junio de 2019.- ¿Te has preguntado alguna vez cuál es la realidad que se esconde detrás de un objeto de uso cotidiano como es tu smartphone? ¿Sabías que producir un kilo de coltán, un mineral indispensable para fabricar teléfonos móviles, le cuesta la vida a dos personas en la República Democrática del Congo?

Denunciar los abusos sociales y medioambientales que se cometen tanto en el proceso de fabricación como en el uso diario de nuestros móviles es el objetivo que las entidades que impulsan la campaña “Si Cuidas el Planeta, Combates la Pobreza” y que promueven la iniciativa “Enlázate por la Justicia” –Cáritas, CEDIS, CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas y REDES (Red de Entidades para el Desarrollo Solidario)— se proponen con motivo de la celebración, el 5 de junio, del Día Mundial del Medio Ambiente.

En la última década, los teléfonos móviles han pasado a dominar nuestra vida cotidiana. Su venta se ha incrementado exponencialmente en todo el mundo, sobre todo los denominados smartphones. Si en 2007, casi nadie tenía un teléfono inteligente, en 2019 están en todas partes. De hecho, a nivel mundial, casi dos de cada tres personas de entre 18 y 35 años poseen uno y, en sólo 10 años, se han producido más de 7.000 millones de estos dispositivos, aproximadamente el mismo número de habitantes que hay en el planeta.

Y aunque estos teléfonos de última generación pueden ser inteligentes, elegantes, pulcros, rápidos (que es la traducción del término inglés “smart”), dependen de elementos físicos sin los cuales no sería posible su fabricación ni su funcionamiento. Del mismo modo que en su producción son necesarios diversos materiales (plástico, cristal, cerámica) y materias primas (metales, como el aluminio y el hierro, y minerales, como las tierras raras), la “nube” donde se almacena la información digital no existiría sin los lugares del planeta donde se ubican los superordenadores que la mantienen.

Costes sociales y ambientales

Además de un precio económico, los móviles tienen importantes costes sociales y medioambientales. Un móvil estándar contiene entre 500 y 1.000 componentes distintos. La extracción y procesamiento de estos componentes generan unos 75 kg de desperdicios por teléfono. Algunos de estos elementos son recursos caros y escasos, y están relacionados con abusos sociales y medioambientales. El impacto ambiental de la producción de smartphones es tan alto que para compensar las emisiones de gases efecto invernadero tendríamos que usar cada dispositivo entre 33 y 89 años. Sin embargo, en Europa se renueva cada año alrededor del 40% del parque de móviles existentes, lo que suponen unos 18 millones de móviles sólo en España.

Si bien la vida útil de un aparato es de unos 10 años, batería aparte, el tiempo medio de utilización se sitúa entre el año y medio y los dos años y medio. Poco parecen preocuparnos los impactos a largo plazo de la eliminación de esta basura tecnológica, un problema global que se hace patente en las exportaciones de aparatos electrónicos usados a terceros países, especialmente de Asia y África, que no están preparados para la gestión de estos desechos.

Brecha digital

“Enlázate por la Justicia” pone el acento, también, en la brecha digital que conlleva el uso del smartphone, al convertirse en un indicador más de la diferenciación social. El problema moral más serio causado por las nuevas tecnologías de la comunicación es el acceso desigual a la información que existe actualmente y que estimula el surgimiento de una nueva clase, la de los ricos en información, capaces de acceder sin limitaciones geográficas o económicas a las redes móviles de internet.

La conocida como brecha digital se da principalmente en los países africanos, donde aunque se posean teléfonos móviles, se está lejos todavía de procurar un acceso mayoritario a la red a través de los mismos. En la actualidad (marzo de 2019) tan solo el 35,9% de los ciudadanos africanos cuentan con acceso a internet, frente al 86,6% si hablamos de los europeos y un 89,1% si se trata de residentes norteamericanos. A menos que se haga algo al respecto, la creciente brecha entre los países subconectados y los hiperdigitalizados se ensanchará, lo que agravará las desigualdades que ya existen.

El nivel de digitalización puede incluso influir en la capacidad de los países para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y enfrentar desafíos como el hambre, las enfermedades y el cambio climático. Por eso, es necesario un mayor esfuerzo para apoyar a los países en sus intentos de integrarse a la economía digital.

Junto a la introducción constante de nuevas funciones que facilitan y agilizan nuestra vida diaria, lo que refuerza nuestra dependencia de esa tecnología, cabe subrayar la exposición a la presión publicitaria, modas y cambios estéticos a las que nos somete. Cada vez surgen más accesorios para estos teléfonos, lo que fomenta una dinámica de extractivismo de materias primas necesarias para la producción de los mismos y que tienen componentes minerales, extraídos de zonas ricas en recursos naturales. Esta demanda excesiva provoca la merma de las condiciones laborales y de seguridad de los lugares de procedencia, y el deterioro ambiental de los mismos.

Otro problema es el creado por el cambio de las relaciones personales y el auge de las adicciones provocadas por su utilización. De hecho, el uso de internet y teléfonos móviles de forma compulsiva, repetitiva y prolongada actualmente es considerado como una adicción, ya que supone una incapacidad para controlar o interrumpir su consumo, con serias consecuencias sobre la salud, la vida social, familiar, escolar o laboral. Añadamos a ello el poder que otorgamos con nuestro consumo diario a grandes empresas tecnológicas como Apple, Amazon, Google, Microsoft, Samsung, Huawei, Tencent, Taobao, etc.

Los casos de Congo, Ghana y la Amazonía

Los efectos sociales y medioambientales de la producción de tecnología digital vinculada a los smartphones tienen nombres y apellidos. “Enlázate por la Justicia” pone el foco en tres puntos geográficos concretos: la República Democrática del Congo, Ghana y la Amazonía.

La comunidad de Manguredjipa, en el territorio de Lubero de la provincia de Kivu Norte, de la R.D. Congo, un país muy rico en recursos naturales, está en el “ojo del huracán” al ser una región productora de cobalto, cobre, uranio, oro, diamantes, casiterita y coltán. La explotación y el contrabando de este último se debe a la enorme demanda internacional de productos electrónicos, especialmente de la tecnología móvil, en la que es imprescindible el tantalio, que se extrae del ya citado coltán. El 80% de las reservas mundiales de este mineral se encuentran en el este del Congo y su explotación está ligada a la violación de derechos humanos, la destrucción del medioambiente y la financiación de los conflictos existentes en la región. Se estima que la extracción de cada kilo de coltán le cuesta la vida a dos personas en Congo.

Agbogbloshie es un barrio de Accra, la capital de Ghana, donde viven unas 40 mil personas bajo condiciones de extrema pobreza. Desde hace una década, esa zona urbana es también uno de los cementerios de basura electrónica procedente de Europa y Norteamérica más grandes del mundo. Este lugar se considera uno de los lugares más contaminado del continente africano, principalmente por metales como plomo, berilio, cadmio o mercurio. Un estudio de la ONU en el 2014 reflejó que en Agbogbloshie la concentración de plomo en el suelo llega a superar mil veces el nivel máximo de tolerancia. Familias enteras, incluidos niños y niñas, trabajan 12 horas al día en este vertedero, un oficio en el que ganan más de dos euros al día, que duplica el salario mínimo en el país. Naciones Unidas ha incluido a Agbogbloshie en la lista de los sitios más peligrosos del mundo para vivir.

La Amazonía es otro de los escenarios donde se sufren los efectos medioambientales de la extracción minera relacionada con las nuevas tecnologías. Esta actividad ha supuesto enormes perjuicios a la población indígena y destrucción ambiental tanto en Brasil como Venezuela, sobre todo en la región de los ríos Orinoco, Mucajai, Parima y Catrimani.

En la época de auge de explotación de oro, que también está presente en los teléfonos móviles, cerca del 20% de la población Yanomami murió a causa de enfermedades, hambre, violencia y otros impactos generados por la minería ilegal. Debido a la falta de control de esta actividad, los territorios indígenas enfrentan graves peligros de destrucción, contaminación de agua, acumulación de residuos sólidos no biodegradables, afectando no solo a la naturaleza y a los hábitats de diversos animales sino a la forma de vida de estas comunidades indígenas.

Signos de esperanza

La entrada en vigor en toda la Unión Europea, en enero de 2021, del Reglamento sobre los minerales en zonas de conflicto abre una ventana a la esperanza, ya que se marca como objetivo el contribuir al control del comercio de los metales estaño, tantalio, tungsteno y oro (3TG). Con ello, se pretende garantizar que los importadores europeos de 3TG cumplan las normas internacionales responsables de abastecimiento establecidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y que las fundiciones y refinerías de 3TG de todo el mundo se abastezcan con responsabilidad; contribuir a romper el vínculo entre conflicto y explotación ilegal de minerales; y ayudar a acabar con la explotación y los abusos contra las comunidades locales, incluidas las personas que trabajan en las minas, y fomentar el desarrollo local. Sería deseable que este Reglamento obligatorio se fuese ampliando a otras materias primas y a toda la cadena de suministro.

El marco de referencia inicial es la Guía de Diligencia debida de la OCDE (2011), que establece una serie de recomendaciones para que las empresas se comprometan a hacer un autodiagnóstico voluntario sobre el origen de los minerales que utilizan y a publicar esa información en sus informes anuales o sitios web.

Actuar en clave personal y comunitaria

Junto a ello, las entidades Cáritas, CEDIS, CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas y REDES (Red de Entidades para el Desarrollo Solidario) invitan en el Día Mundial del Medio Ambiente a actuar en clave personal y comunitaria para impulsar medidas transformadoras, que pasan por hacer un uso austero, racional y sostenible de estos dispositivos.

Un buen comienzo pasa por observar el principio “Superarás el paradigma tecnocrático” del Decálogo Verde lanzado dentro de la campaña “Si Cuidas el Planeta, Combates la Pobreza”. Y por escuchar las palabras de Francisco en Laudato Si´: “Es posible volver a ampliar la mirada, y la libertad humana es capaz de limitar la técnica, orientarla y colocarla al servicio de otro tipo de progreso más sano, más humano, más social, más integral”.

Más información en https://www.enlazateporlajusticia.org/

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