Varias organizaciones religiosas, algunas miembro del Foro de Laicos como Justicia y Paz, CVX – E, la HOAC… han reaccionado contra la reforma sanitaria. Recogemos esta noticia publicada en “El País”, en la que se entrevistó a Isabel Cuenca, secretaria general de Justicia y Paz.

La reforma sanitaria que restringe la asistencia gratuita a extranjeros en situación irregular, viola los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia: la dignidad del ser humano, la solidaridad y el bien común. Por eso, una treintena de organizaciones religiosas se están movilizando contra la nueva norma que expulsa del sistema normalizado a 150.000 personas. Cáritas, Pueblos Unidos, Justicia y Paz, Ekumene, Comunidades de Vida Cristiana, Hermandad Obrera de Acción Católica… Entidades que, a través de manifiestos o actos —conjuntos e individuales—, han criticado duramente la reforma del Gobierno, que consideran “inmoral e injusta”. Algunos la definen incluso como “un apartheid sanitario”. Sus palabras y las declaraciones de algunos obispos, como los de Cataluña o Valencia, que se han mostrado “preocupados” por la situación, destacan frente al silencio de la Conferencia Episcopal Española.

“Es una medida discriminatoria que elimina derechos básicos a uno de los colectivos más vulnerables, las personas en situación irregular”, critica Brígida Moreta. Esta misionera carmelita ha iniciado una petición en la red de activismo ciudadano Actuable, con la que reclama al Gobierno la retirada de la medida. La propuesta ha reunido en varias semanas 20.000 firmas de apoyo. Aunque por ahora sin ningún resultado. Moreta, enfermera y comadrona que pasó 30 años en Malawi y que ha vivido en Kenia, Nigeria, Mozambique o Tanzania, considera que la exclusión de este colectivo —que solo podrá recurrir de manera gratuita a urgencias, pediatría y a la atención del embarazo y parto— crea un “apartheid sanitario”.

Lo mismo opina Daniel Izuzquiza, director de Pueblos Unidos, una entidad de la Compañía de Jesús de la que también forma parte Moreta y que tiene varios programas de apoyo en Madrid a estos colectivos. “La reforma toca el derecho a la salud por criterios puramente administrativos. Prima argumentos económicos frente a la dignidad de las personas”, afirma el jesuita. Justificación económica, además, dudosa, porque los expertos y economistas de la salud ya han puesto en tela de juicio que la medida vaya a generar el ahorro de al menos 500 millones de euros que anunció el ministerio que dirige Ana Mato.

Tampoco satisface a las entidades católicas la solución que propone Sanidad —lo hizo, de hecho, tras el gran revuelo formado por el decreto— para los excluidos: que las comunidades firmen convenios con organizaciones no gubernamentales para derivar a sus centros a los inmigrantes sin papeles. “Las organizaciones no tienen los mismos medios que la sanidad pública. Prestan una atención complementaria, pero no puede sustituirla en muchas cosas”, expone Isabel Cuenca, secretaria general de Justicia y Paz, entidad católica constituida en 1968 por la Conferencia Episcopal fruto del Concilio Vaticano II y que tiene, como explica Cuenca, la misión de mantener “la mirada atenta, el corazón sensible y la mano pronta para la caridad”. “Intentamos ver dónde se está atentando contra los derechos humanos y las situaciones de injusticia. Y este es uno de esos casos”, dice.

La situación es difícil también para los médicos, afirman las organizaciones religiosas, que han mostrado su apoyo a los profesionales que decidan objetar a la medida y continuar atendiendo a extranjeros sin papeles. “Obligándoles a que dejen de atender a una parte de la población se les está violentando en su ética y su profesión. Hay que unir fuerzas para apoyarles. Defendemos la objeción en muchos casos. Y este es uno”, dice la secretaria general de Justicia y Paz. Comunidades como Andalucía, País Vasco o Cataluña —que ha recurrido, por otros motivos, el decreto— ya han dicho que seguirán atendiendo a personas en situación irregular.

A estas reacciones se une una más. Las organizaciones —todas, católicas y laicas— que ya tienen programas de asistencia a personas en situación irregular alertan de que disponen cada vez de menos recursos a causa de los recortes. Una realidad golpea a los más débiles. “Si los recursos públicos resultan escasos, estas decisiones nunca pueden ser en perjuicio de los más pobres”, advierten desde la Mesa de Inmigración Diocesana de Sevilla (dependiente del obispado) que también se ha movilizado contra la nueva ley. “Absolutizar la lógica economicista sacrificando los valores humanitarios nos llama a recordar que una política no iluminada por la ética termina siendo injusta e ineficiente”, añaden.

Además, la medida es peligrosa, dicen. Cáritas, la organización solidaria de la Iglesia, presente en 6.000 parroquias y 68 diócesis, esbozaba hace unos días esos riesgos en un comunicado, en el que alertaba de que la reforma sanitaria puede aumentar la “estigmatización social” de los inmigrantes. “Alimenta un discurso reduccionista y lleno de riesgos, según el cual las personas migrantes que conviven y forman parte de nuestras comunidades son los responsables del deterioro socioeconómico actual”, aseguran.

Entre los obispos también ha habido críticas, aunque más veladas, a la nueva norma. Quien sí se ha pronunciado en contra es la Diócesis de Alicante. Su secretariado de Migración la ha considerado “inmoral” e “injusta”. Algunos activistas de estas organizaciones sostienen que con esta medida el PP traiciona sus raíces democristianas. “La reforma niega un principio básico de humanidad en el que ha insistido la doctrina social de la Iglesia”, afirma la asociación Juventud Obrera, que junto a la Hermandad Obrera de Acción Católica, se ha movilizado contra el texto. Y cita una pastoral y un documento de acción aprobado en 2007 por la Conferencia Episcopal: “Para la Iglesia, el emigrante, independientemente de la situación legal, económica, laboral, en que se halle, es una persona con la misma dignidad y derechos fundamentales que los demás, es un hijo de Dios (…) El inmigrante no es una fuerza de trabajo, sino una persona”

El jesuita Izuzquiza añade que la reforma es contraria a lo que marca el Evangelio. “En el capítulo 25 de [san] Mateo, Jesucristo se identifica con cada una de las personas en situación de necesidad, independientemente de su origen, raza o estatus jurídico. Dios mismo echa en cara en el juicio final: ‘¿Cuándo te vimos enfermo y no te asistimos?’, preguntan. ‘Lo que hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños [más frágiles y vulnerables] conmigo lo hicisteis’, responde Dios”.

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