Las entidades sociales piden la puesta en marcha de 11 medidas durante los primeros 100 días desde la configuración del nuevo Gobierno
Casi una quincena de las principales organizaciones sociales españolas de defensa de los derechos humanos y de cooperación al desarrollo han reclamado hoy un compromiso firme, concreto e inequívoco de todos los partidos políticos con las personas refugiadas.
En un acto cargado de simbolismo y coincidiendo con el Día Mundial de las Personas Refugiadas, las 14 entidades han presentado 11 medidas urgentes y realizables delante del Congreso, que en apenas seis días conocerá a los diputados y diputadas llamados a investir un nuevo gobierno para la próxima legislatura.
Como símbolo, un sobre de votaciones gigante en el que aparecía estampada la frase #RefugioYA. Y un objetivo claro: pedir a los líderes de los partidos que concurren a las elecciones generales del próximo 26J que se comprometan con una política de asilo y refugio que proteja a quienes huyen de la guerra o la persecución.
Las 14 entidades reclaman que las medidas se pongan en marcha durante los primeros 100 de días desde la configuración del nuevo Gobierno. Son medidas urgentes ante una realidad insoportable, en la que las muertes en el Mediterráneo se cuentan por miles (casi 3.000 sólo en lo que va de año). Ha habido semanas en las que han perdido la vida más personas en el mar Mediterráneo que en el interior de Siria. Las que consiguen llegar no tienen tampoco muchas opciones: más de 52.000 personas permanecen atrapadas en Grecia.
Las 11 medidas
Siete de las medidas puede aplicarlas directamente el Gobierno que salga de las elecciones. Se le pide que cumpla los compromisos
asumidos por España, que en una primera fase sólo ha acogido a poco más de 100 personas de las cerca de 18.000 previstas desde 2015. Se le pide que apruebe de una vez un Reglamento de Asilo que lleva siete años de retraso. Se le pide que habilite vías seguras y legales para que las personas refugiadas accedan a territorio europeo sin tener que arriesgar sus vidas (visados humanitarios, posibilidad de solicitar asilo en consulados y embajadas, agilizar las reunificaciones familiares e incentivar programas de reasentamiento). Se les pide que no demoren eternamente la resolución de las solicitudes de asilo, -en algunos casos la espera supera los dos años cuando la ley establece 6 meses máximo-. Y se les pide que miren a lo que ocurre en Grecia e Italia, pero también en suelo español, en concreto en Ceuta y Melilla, donde a menudo se impide que personas susceptibles de solicitar protección internacional puedan hacerlo.
Por supuesto, la Unión Europea juega un papel central en esta situación. La UE tiene la obligación de respetar los derechos humanos de las personas refugiadas -por los convenios que ha firmado- y además tiene la capacidad de acogerlas, puesto que el millón de personas que llegaron el año pasado apenas supone el 2% de la población europea.
Sin embargo, Europa está fallando y España debe empujar un cambio radical. En este sentido, las entidades han reclamado a los partidos políticos y al nuevo Parlamento que impulsen la activación de la Directiva de Protección Temporal, que establece un dispositivo excepcional en el caso de amplias llegadas a la UE y que no se comprende por qué no se está utilizando. Las entidades promotoras exigen a la UE que proteja a las personas más vulnerables, como menores, mujeres o aquellas que padecen enfermedades, y que no firme acuerdos con terceros países que desprotejan a las personas migrantes y refugiadas, siguiendo el modelo suscrito con Turquía el pasado mes de marzo. Y por supuesto, que fomente relaciones internacionales que combatan las causas que provocan las migraciones forzadas y respeten los derechos humanos de manera universal.
