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Nos hacemos eco de este comunicado, firmado por la Comisión General de Justicia y Paz sobre la petición de recusación contra el Magistrado José Ricardo de PRada por haber manifestado la existencia de episodios de tortura en España. Adjuntamos la explicación que desde su web (https://www.juspax-es.org/news/espana-la-tortura-debe-dejar-de-ser-un-tema-tabu/) dan al caso:
El próximo 24 de junio el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional [1] (AN) decidirá sobre la petición de recusación contra el Magistrado José Ricardo de Prada por haber manifestado en una mesa redonda organizada por la asociación cultural “Foro por la Convivencia” celebrada el 14 de abril en Tolosa, que en España sin ser generalizada se habían producido episodios de tortura de manera clara y que profesionalmente había conocido casos con sospecha fuerte de tortura que no habían sido suficientemente investigados por los tribunales lo que había dado lugar a múltiples sentencias de condena por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Resulta destacable que el 15 de junio la Sala II del Tribunal Supremo anuló una sentencia de la AN, que contó con el voto particular en contra del Magistrado de Prada, por no haber admitido una prueba pericial psicológica de acuerdo con el Protocolo de Estambul para determinar si se habían producido actos de tortura contra Iñigo Zapirain Romano.

El pasado 30 de mayo la AN admitió a trámite dos incidentes de recusación en contra del Magistrado de Prada presentadas por una asociación de víctimas del terrorismo invocando este motivo y el 7 de junio se supo que la Fiscalía de la AN se había sumado a las recusaciones y había añadido nuevas acusaciones a los escritos de recusación, lo cual además dejará al Magistrado en situación de indefensión puesto que el procedimiento no prevé que pueda pronunciarse sobre estas nuevas acusaciones antes de que se decida sobre la recusación. La admisión de la recusación podría implicar que el Magistrado de Prada, quedara apartado de juzgar en lo sucesivo asuntos relacionados con el terrorismo, lo que vendría a constituir una forma de grave sanción profesional por sus manifestaciones sobre la tortura.
Además, el 24 de abril, el Ministro del Interior español afirmó que las palabras del Magistrado son “indignas” de un juez y ofensivas para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, recordando que la legislación española tipifica los delitos de humillación a las víctimas o de apología del terrorismo instó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a tomar medidas contra el Magistrado. El CGPJ ha iniciado diligencias informativas que podrían acarrear algún tipo de sanción disciplinaria para el Magistrado de Prada.
En 2003, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la cuestión de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Theo Van Boven, mostró su preocupación por la “reticencia a discutir la incidencia y la extensión de la práctica de la tortura en España, en la medida en que la tortura se ha convertido en un problema de elevado contenido político”. Las organizaciones que suscriben este comunicado lamentan que 13 años después la situación no haya cambiado en ese aspecto y la tortura siga siendo un tema tabú en el Estado español.
Si bien la tortura y los malos tratos no son prácticas sistemáticas, las numerosas sentencias, opiniones y recomendaciones a nivel internacional evidencian la existencia del problema y que el debate debería centrarse en la implementación de medidas para la erradicación de la tortura y las causas que la facilitan y no en la existencia o no de la misma.
Así, el 31 de mayo de 2016 se produjo la séptima sentencia condenatoria a España por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) por casos de tortura, la séptima desde 2010, en la que se concluía que la denuncia de tortura presentada por Xabier Beortegui Martínez tras ser detenido en 2011 no fue objeto de una investigación judicial efectiva. El TEDH instó a España a mejorar la calidad de las investigaciones forenses y a establecer un código de conducta para los agentes policiales responsables de la custodia de las personas arrestadas en régimen de incomunicación, tal y como ha reclamado también en numerosas ocasiones el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa (CPT).
Además, el 29 de mayo de 2015 el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas expresó su honda y seria preocupación sobre varios aspectos como la falta de regulación debida del delito de tortura, el uso excesivo de la fuerza por los agentes del orden, así como la impunidad y la ausencia de investigaciones exhaustivas y eficaces sobre las denuncias de torturas y malos tratos cometidos por los agentes del orden. Además, tanto el Comité Contra la Tortura como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas han solicitado repetidamente la abolición del régimen de incomunicación tanto en sus observaciones finales como en casos individuales como el de Achabal Puertas c. España.
Por todo lo anteriormente expuesto las cuatro organizaciones nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos que suscriben el comunicado instan a las autoridades españolas a garantizar que el Magistrado José Ricardo de Prada pueda seguir desarrollando su función jurisdiccional en la Audiencia Nacional, con normalidad, sin intimidación ni represalias por sus afirmaciones en torno al fenómeno de la tortura en España y su falta de investigación judicial eficaz.
Asimismo, las organizaciones firmantes reclamamos la apertura de un debate público para diseñar un Segundo Plan de Derechos Humanos dotado de recursos humanos y materiales suficientes para su efectiva implementación.  Este plan debería priorizar la erradicación de la tortura y mostrar una voluntad política decidida para garantizar el cumplimiento de las sentencias y recomendaciones de mecanismos internacionales como el TEDH y el Comité contra la Tortura.

• Descargar el comunicado

 
Para más información, por favor, contacten con:

• OMCT: Miguel Martín Zumalacárregui (Bruselas, +32 2 218 37 19) / Lori Brumat (Ginebra, +41 22 809 49 39)
• Rights International Spain (RIS): Patricia Goicoechea (Madrid, +34 649 98 83 98)
• Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE): Nuría García (Madrid, +34 637 253 869)
• Comisión General de Justicia y Paz de España: Montserrat Serrano (Madrid, +34 915061828)

Reunimos aquí los medios que se han hecho eco del COMUNICADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL FORO DE LAICOS DE ESPAÑA SOBRE CARTEL BLASFEMO:

• COPE.
• SIC. Servicio de Información Católica. Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social.
• ALFA Y OMEGA. Semanario Católico de Información.
• GAUDIUM PRESS. Un instrumento para la nueva Evangelización.

1. Mediante un discernimiento espiritual, a la luz de la Palabra de Dios, los Obispos de Venezuela hemos orado y reflexionado acerca de la situación actual de nuestro país. Hacemos nuestras las angustias de nuestro pueblo del cual somos servidores. Nunca antes habíamos sufrido los venezolanos la extrema carencia de bienes y productos básicos para la alimentación y la salud, junto con otros males como el recrudecimiento de la delincuencia asesina e inhumana, el racionamiento inestable de la luz y el agua y la profunda corrupción en todos los niveles del Gobierno y la sociedad. La ideologización y el pragmatismo manipulador agudizan esta situación. Fruto del mencionado discernimiento son las ideas que ahora presentamos a la consideración de todos los ciudadanos de Venezuela.
 
2. En más de una ocasión, Jesús el Señor, manifestó su solidaridad con las personas sufrientes y que sentían alguna necesidad. Incluso llegó a sentir compasión ante aquella multitud que le había seguido para escuchar su mensaje. Fue cuando les pidió a sus discípulos que le dieran de comer a todos. El mismo Señor manifestó su solidaridad con ellos al multiplicar los panes y dar de comer a todos hasta la saciedad. Gesto de amor y de misericordia.(cf. Mt 14,14). Este hecho relatado por los evangelistas nos ilumina a todos nosotros miembros de la Iglesia para poder atender a quienes en nuestro país están sufriendo por las graves carencias de alimentos y medicinas, la violencia y la inseguridad. En este Año jubilar de la Misericordia, los pastores de la Iglesia en Venezuela queremos manifestar nuestra cercanía y acompañamiento a todos, y así motivar a los creyentes discípulos de Jesús a que reafirmen con gestos concretos la solidaridad entre todos como hermanos. A pesar de lo dramático de la situación, nuestro pueblo ha vivido con gran dignidad e incluso con respuestas alternativas de solidaridad. Estas nobles actitudes constituyen signos de esperanza. ¡El pueblo nos evangeliza!. ¡Sentimos “el gusto de ser pueblo”! (Cf Francisco, La alegría del Evangelio”).
 
3. Queremos alertar al pueblo! Que no se deje manipular por quienes le ofrezcan un cambio de situación por medio de la violencia social. Pero tampoco por quienes le exhortan a la resignación ni por quienes le obligan con amenazas al silencio. ¡No nos dejemos vencer por las tentaciones! No caigamos en el miedo paralizante y la desesperanza, como si nuestro presente no tuviera futuro. La violencia, la resignación y la desesperanza son graves peligros para la democracia. Nunca debemos ser ciudadanos pasivos y conformistas, sino sujetos conscientes de nuestra propia y calamitosa realidad;
sujetos pacíficos, pero activos y, en consecuencia, actuar como protagonistas de las transformaciones de nuestra historia y nuestra cultura. ¡El Evangelio nos reclama eficacia!
Hacemos un llamado a todos los poderes públicos, en los diversos ámbitos de sus respectivas competencias, a que escuchen con respeto la voz del pueblo, las diversas expresiones de sus múltiples necesidades y sus justos reclamos.
 
4. También queremos hacer un llamado de atención a todos los que se aprovechan de la situación de escasez y carestía por la que atravesamos los venezolanos: a los que se dedican a especular con los precios, asaltando a los ciudadanos con la práctica del llamado “bachaqueo”, como a quienes, abusando de su autoridad, exigen pagos que no les corresponden. Tal proceder es moralmente inaceptable y hace evidente la falta de valores éticos en sus vidas. Aprovecharse de la necesidad ajena para lucrarse es un crimen y un pecado mortal a los ojos de Dios, del cual tendrán que dar cuenta en algún momento.
 
5. Tanto los líderes del oficialismo como los de la oposición deben expresar su seria preocupación por todo el pueblo, sin dejarse llevar por intereses partidistas y particulares. Es hora de demostrar que se está en una actitud de defensa del bien común y de los verdaderos intereses de cada uno de los ciudadanos de Venezuela.
 
6. El momento actual conlleva algunas exigencias que hemos de asumir todos a favor del bien común. Los dirigentes políticos, sociales, empresariales, gremiales y religiosos estamos llamados a dar testimonio tangible de responsabilidad y de compromiso de amor a nuestra patria.
 
7. El Gobierno debe favorecer todas las formas de ayuda a los ciudadanos. Es apremiante la autorización a instituciones privadas del país, como Cáritas y otros programas de diferentes confesiones religiosas, que no nos metemos en la diatriba política, sino que servimos directamente a los más necesitados, para que podamos traer alimentos, medicinas y otros insumos necesarios, provenientes de ayudas nacionales e internacionales, y organizar redes de distribución a fin de satisfacer las urgentes necesidades de la gente.
 
8. Es indispensable y justo preservar la sana convivencia. Las autoridades han de contribuir, con su discurso y sus acciones, a crear un clima de tranquilidad y paz social. Condenemos, como nos enseña Dios en el quinto mandamiento (Ex 20,13) toda forma de violencia, reñida siempre con el respeto a la vida. Denunciemos y condenemos los horrorosos “linchamientos”, perpetrados en algunas ciudades, signo de la deshumanización en que han caído algunos ciudadanos. Todos los católicos tienen la tarea de fortalecer la solidaridad entre los vecinos y en las comunidades. Este es su primer y principal apostolado. Quienes estén integrados en los Consejos Comunales,
tienen un instrumento útil para este propósito. Escuchemos al Papa Francisco: “vivan los conflictos en modo evangélico, volviéndolos ocasión de crecimiento y reconciliación”.
 
9. El respeto a la institucionalidad es un compromiso y una obligación moral irrenunciable. Los Poderes Públicos deben respetarse entre sí y articularse a favor de la nación. Lo contrario, el irrespeto y la permanente confrontación entre ellos, va en detrimento de la posibilidad real de solucionar los problemas que nos afectan a todos. Concretamente, el Poder Ejecutivo y la Asamblea Nacional, a más de respetarse y actuar según su respectiva autonomía, reconociendo el papel que a cada uno le corresponde, están llamados a dar al pueblo ejemplo de “encuentro y diálogo” en favor de la convivencia nacional. En esta misma línea, deben buscar, de manera conjunta, soluciones, que el pueblo reclama, a problemas de vital importancia: la recuperación económica general del país, el desabastecimiento de alimentos y medicinas, la falta de electricidad y calidad de los servicios públicos, la violencia y la inseguridad, la seguridad social de los adultos mayores, el problema de los llamados presos políticos. La Ley de amnistía es un clamor nacional e internacional y una contribución a la distensión social. Desconocer a la Asamblea Nacional es desconocer y pisotear la voluntad de la mayoría del pueblo.
 
10. Todas las instancias de servicio de la Iglesia, diócesis, parroquias, institutos religiosos, asociaciones y grupos de apostolado, institutos educativos católicos, centros de reflexión, deben iluminar, con la Palabra de Dios y la Doctrina Social de la Iglesia, la situación concreta de cada región. Desde esta perspectiva, es imperativo seguir ofreciendo la acción decidida de la Caritas Nacional, diocesana y parroquial y las diversas acciones de la Pastoral Social. Es necesario “primerear” la caridad. Esta ha sido la lección imperecedera de la historia de la Iglesia. Todas nuestras comunidades eclesiales deben abrir un espacio, de modo que se conviertan en “casas de encuentro y diálogo” para quienes sincera y desinteresadamente buscan construir la paz. Todo esto lo sustentamos en la Palabra de Dios, la eucaristía, la oración y la caridad evangélicas.
 
11. En medio de las dificultades del presente y las sombras que oscurecen el porvenir, estamos invitados a ver y sentir el “paso” del Señor en medio de nosotros. Descubrirlo nos ayudará a actuar como “Testigos” del Resucitado y edificar en Venezuela el Reino de Dios, de justicia, amor y paz, sabiendo que “si el Señor no construye la casa en vano se cansan los albañiles” (Salmo 126) Para ello contamos con la intercesión de María de Coromoto, quien es Madre que nos acompaña y consuela y “estrella de la evangelización”.
Con nuestra afectuosa bendición episcopal.
 
Caracas, 27 de Abril de 2016

Los próximos días 29, 30 y 31 se va a celebrar en Ávila el Forum Juventud e Interioridad. Les adjuntamos el programa de dicho evento por si fuera de su interés:

Folleto Forum Jóvenes e interioridad 

Editado por Antonio Cartagena Ruiz.

Se publican en este volumen siete artículos emanados del Seminario de estudio que organizaron la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar y la Comisión Episcopal de Pastoral Social, con la colaboración de la Fundación Pablo VI, Acción Católica General, la Hermandad Obrera de Acción Católica y las Hermandades del Trabajo en octubre del año 2013.

El objetivo de este seminario era situar a una serie de figuras eclesiales que renovaron la vocación laical y el compromiso social en torno a la celebración del Concilio Vaticano II.

A lo largo de estas páginas el lector encontrará valiosos estudios que nos sitúan en el contexto de este momento histórico de la Iglesia española, así como con la presentación de los rasgos personales y más definitorios de algunas de estas figuras relevantes que son testigos de ayer y a la vez estímulos para el laicado de hoy: Joaquín Ruiz-Giménez, Guillermo Rovisora o Tomás Malagón son algunos de los nombres que se recogen en este libro; se trata personas que contribuyeron, junto a muchas otras, a renovar e impulsar la vocación de los laicos, con el fin de que fueran capaces de responder a los retos de la Iglesia de su tiempo y que nos sirven a otros como referentes para responder a los del momento actual.