Nos hacemos eco de este comunicado, firmado por la Comisión General de Justicia y Paz sobre la petición de recusación contra el Magistrado José Ricardo de PRada por haber manifestado la existencia de episodios de tortura en España. Adjuntamos la explicación que desde su web (https://www.juspax-es.org/news/espana-la-tortura-debe-dejar-de-ser-un-tema-tabu/) dan al caso:
El próximo 24 de junio el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional [1] (AN) decidirá sobre la petición de recusación contra el Magistrado José Ricardo de Prada por haber manifestado en una mesa redonda organizada por la asociación cultural “Foro por la Convivencia” celebrada el 14 de abril en Tolosa, que en España sin ser generalizada se habían producido episodios de tortura de manera clara y que profesionalmente había conocido casos con sospecha fuerte de tortura que no habían sido suficientemente investigados por los tribunales lo que había dado lugar a múltiples sentencias de condena por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Resulta destacable que el 15 de junio la Sala II del Tribunal Supremo anuló una sentencia de la AN, que contó con el voto particular en contra del Magistrado de Prada, por no haber admitido una prueba pericial psicológica de acuerdo con el Protocolo de Estambul para determinar si se habían producido actos de tortura contra Iñigo Zapirain Romano.
El pasado 30 de mayo la AN admitió a trámite dos incidentes de recusación en contra del Magistrado de Prada presentadas por una asociación de víctimas del terrorismo invocando este motivo y el 7 de junio se supo que la Fiscalía de la AN se había sumado a las recusaciones y había añadido nuevas acusaciones a los escritos de recusación, lo cual además dejará al Magistrado en situación de indefensión puesto que el procedimiento no prevé que pueda pronunciarse sobre estas nuevas acusaciones antes de que se decida sobre la recusación. La admisión de la recusación podría implicar que el Magistrado de Prada, quedara apartado de juzgar en lo sucesivo asuntos relacionados con el terrorismo, lo que vendría a constituir una forma de grave sanción profesional por sus manifestaciones sobre la tortura.
Además, el 24 de abril, el Ministro del Interior español afirmó que las palabras del Magistrado son “indignas” de un juez y ofensivas para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, recordando que la legislación española tipifica los delitos de humillación a las víctimas o de apología del terrorismo instó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a tomar medidas contra el Magistrado. El CGPJ ha iniciado diligencias informativas que podrían acarrear algún tipo de sanción disciplinaria para el Magistrado de Prada.
En 2003, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la cuestión de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Theo Van Boven, mostró su preocupación por la “reticencia a discutir la incidencia y la extensión de la práctica de la tortura en España, en la medida en que la tortura se ha convertido en un problema de elevado contenido político”. Las organizaciones que suscriben este comunicado lamentan que 13 años después la situación no haya cambiado en ese aspecto y la tortura siga siendo un tema tabú en el Estado español.
Si bien la tortura y los malos tratos no son prácticas sistemáticas, las numerosas sentencias, opiniones y recomendaciones a nivel internacional evidencian la existencia del problema y que el debate debería centrarse en la implementación de medidas para la erradicación de la tortura y las causas que la facilitan y no en la existencia o no de la misma.
Así, el 31 de mayo de 2016 se produjo la séptima sentencia condenatoria a España por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) por casos de tortura, la séptima desde 2010, en la que se concluía que la denuncia de tortura presentada por Xabier Beortegui Martínez tras ser detenido en 2011 no fue objeto de una investigación judicial efectiva. El TEDH instó a España a mejorar la calidad de las investigaciones forenses y a establecer un código de conducta para los agentes policiales responsables de la custodia de las personas arrestadas en régimen de incomunicación, tal y como ha reclamado también en numerosas ocasiones el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa (CPT).
Además, el 29 de mayo de 2015 el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas expresó su honda y seria preocupación sobre varios aspectos como la falta de regulación debida del delito de tortura, el uso excesivo de la fuerza por los agentes del orden, así como la impunidad y la ausencia de investigaciones exhaustivas y eficaces sobre las denuncias de torturas y malos tratos cometidos por los agentes del orden. Además, tanto el Comité Contra la Tortura como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas han solicitado repetidamente la abolición del régimen de incomunicación tanto en sus observaciones finales como en casos individuales como el de Achabal Puertas c. España.
Por todo lo anteriormente expuesto las cuatro organizaciones nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos que suscriben el comunicado instan a las autoridades españolas a garantizar que el Magistrado José Ricardo de Prada pueda seguir desarrollando su función jurisdiccional en la Audiencia Nacional, con normalidad, sin intimidación ni represalias por sus afirmaciones en torno al fenómeno de la tortura en España y su falta de investigación judicial eficaz.
Asimismo, las organizaciones firmantes reclamamos la apertura de un debate público para diseñar un Segundo Plan de Derechos Humanos dotado de recursos humanos y materiales suficientes para su efectiva implementación. Este plan debería priorizar la erradicación de la tortura y mostrar una voluntad política decidida para garantizar el cumplimiento de las sentencias y recomendaciones de mecanismos internacionales como el TEDH y el Comité contra la Tortura.
[1] La Audiencia Nacional es un tribunal encargado, entre otros, de juzgar delitos de crimen organizado como terrorismo o narcotráfico, así como delitos cometidos fuera del territorio nacional.
Para más información, por favor, contacten con:
- OMCT: Miguel Martín Zumalacárregui (Bruselas, +32 2 218 37 19) / Lori Brumat (Ginebra, +41 22 809 49 39)
- Rights International Spain (RIS): Patricia Goicoechea (Madrid, +34 649 98 83 98)
- Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE): Nuría García (Madrid, +34 637 253 869)
- Comisión General de Justicia y Paz de España: Montserrat Serrano (Madrid, +34 915061828)
Se ha presentado en estos días la Memoria Institucional de 2015 de Manos Unidas, donde se reflejan los datos económicos de la Organización y del trabajo realizado en cooperación al desarrollo, sensibilización y educación para el desarrollo. El pasado ejercicio se aprobaron 595 nuevos proyectos por un valor de 38.903.487 € que, sumados a los iniciados en años anteriores, resultaron un total de 938 proyectos en ejecución en 58 países de África, Asia y América, con más de dos millones de personas beneficiarias.
asumidos por España, que en una primera fase sólo ha acogido a poco más de 100 personas de las cerca de 18.000 previstas desde 2015. Se le pide que apruebe de una vez un Reglamento de Asilo que lleva siete años de retraso. Se le pide que habilite vías seguras y legales para que las personas refugiadas accedan a territorio europeo sin tener que arriesgar sus vidas (visados humanitarios, posibilidad de solicitar asilo en consulados y embajadas, agilizar las reunificaciones familiares e incentivar programas de reasentamiento). Se les pide que no demoren eternamente la resolución de las solicitudes de asilo, -en algunos casos la espera supera los dos años cuando la ley establece 6 meses máximo-. Y se les pide que miren a lo que ocurre en Grecia e Italia, pero también en suelo español, en concreto en Ceuta y Melilla, donde a menudo se impide que personas susceptibles de solicitar protección internacional puedan hacerlo.
