El 26 de septiembre es el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares y este año se recuerda que las armas nucleares son un mal negocio.
La Comisión General de Justicia y Paz lleva varios años trabajando con el fin de sensibilizar contra el uso de armas nucleares formando parte, desde noviembre de 2018, de la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN) y en 2022 ha impulsado una campaña propia: Apoyo de la Iglesia española al Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares de la ONU (TPAN) y petición para que el Gobierno firme y ratifique el Tratado.
En agosto de 2022, el papa Francisco afirmó que la posesión de armas nucleares “es inmoral” y que “tratar de asegurar la estabilidad y la paz mediante un falso sentido de seguridad y un ‘equilibrio del terror’ lleva inevitablemente a relaciones envenenadas entre los pueblos y obstaculiza el diálogo”.
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No debe obviarse que la guerra, el hambre y las persecuciones están detrás de todas y cada una de las historias de las personas que salen de sus países. Tampoco debe obviarse que todos los países de la Unión Europea, además de los países en tránsito son signatarios de la Convención de Ginebra sobre el estatuto de los refugiados que obliga a los estados miembros a proporcionar protección a aquellas personas “que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no puedan o, a causa de dichos temores, no quieran acogerse a la protección de su país”.
La política migratoria de la Unión Europea, a través de sus distintos instrumentos de control fronterizo, entre los que se encuentran el refuerzo de las fronteras terrestres y marítimas, los acuerdos de readmisión y la externalización de la gestión de los flujos a países como Marruecos, Libia, Egipto o Turquía, con un más que dudoso historial en materia de protección de derechos humanos, no hacen sino hacer de las rutas migratorias trampas mortales que cada año se cobran miles de vidas. Normalizando así una cultura de la muerte de las que son cómplices los Estados miembros
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Como comunidades religiosas de diversas tradiciones y situadas en todo el mundo, nos unimos con una sola voz en la celebración de esta primera Reunión de los Estados Partes del Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN). Creemos fundamental este hito histórico que nos acerca a un mundo sin armas nucleares.
Nos reunimos en un momento en que la amenaza de la aniquilación nuclear se siente más cercana que antes. Cada vez somos más quienes sufrimos de ansiedad ante las crecientes amenazas de los Estados que poseen armas nucleares. Ante estos anuncios que atentan contra la existencia, tenemos la firme convicción de abolir las armas nucleares.
Somos muy conscientes de las amenazas a las que se enfrentan la humanidad y nuestro planeta. Desde los efectos devastadores de una pandemia mundial hasta la creciente posibilidad de una catástrofe climática, el peligro para la vida en la Tierra nunca ha sido tan alto. Las armas nucleares representan una manifestación tangible de la peor de estas amenazas con el riesgo que suponen para la salud humana y la estabilidad medioambiental. Los recursos que actualmente se gastan en el desarrollo y mantenimiento de estas armas deberían destinarse a apoyar a las personas más vulnerables y a proteger el planeta invirtiendo en alimentación, educación, atención sanitaria y justicia climática.
Nuestras tradiciones religiosas nos llaman a denunciar este mal uso de los recursos y a pedir una mayor cooperación internacional para acabar con las armas nucleares para siempre. Las armas nucleares son una herramienta de dominación y coerción violenta en una época en la que necesitamos urgentemente dar prioridad a la seguridad humana. Nuestras tradiciones religiosas y espirituales defienden un espíritu de ayuda mutua, de atención a la persona extranjera y de confianza en la comunidad.
El 24 de febrero de 2022, el gobierno ruso lanzó una invasión brutal y no declarada de Ucrania. Al igual que muchos actores de la sociedad civil, Justicia y Paz Europa condenó inmediatamente la agresión rusa[1]. Hoy, como secretarios generales de las Comisiones de Justicia y Paz en Europa reafirmamos, sobre la base de nuestros valores y convicciones cristianas, que si bien la diplomacia sigue siendo esencial, algunos principios no son negociables, en particular el respeto a la dignidad de todo ser humano, la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y el imperativo de no agresión, que es la base de la coexistencia pacífica.
No se puede establecer una paz justa[2] privando a las víctimas de sus derechos y recompensando al agresor por violar los principios fundamentales del derecho internacional. Todos los crímenes de guerra y violaciones del derecho internacional humanitario deben ser procesados de forma coherente como condición previa para la curación y la reconciliación. La doctrina social católica sobre la paz apoya explícitamente el derecho individual y colectivo a la autodefensa consagrado en el derecho internacional[3]. Esto también incluye el derecho del Estado agredido a solicitar el apoyo de terceros para asegurar su defensa. Por tanto, desde nuestra perspectiva, el derecho de Ucrania a defenderse es indiscutible y todas las entregas de armas que permitan su defensa en el marco de los imperativos de proporcionalidad y el derecho internacional humanitario son legítimas.
Seguir leyendo en: La paz es fruto de la justicia (juspax-es.org)
Como cada 9 de mayo celebramos el Día de Europa con la conmemoración de la Declaración que el 9 de Mayo de 1950 hizo Robert Schuman, entonces ministro de Asuntos Exteriores de Francia, invitando a Alemania y a todos los Estados europeos que quisieran unirse a este “experimento de paz” que supuso la creación de las Comunidad Europea del Carbón y del Acero.
Los históricos enemigos, poco después de terminar la segunda guerra mundial, empezaban juntos el camino de esta experiencia pacificadora de poner en común elementos tan esenciales para la guerra como el carbón (principal fuente energética del momento) y el acero (materia prima de las armas además de sustento de toda la industria). Desde sus inicios y hasta bien entrado el Siglo XXI este proceso de integración europea fue todo un éxito, incorporando cada vez más Estados participantes (llegamos a ser 28) y más materias para trabajar en común terminando por convertirse en la Unión Europea, organización de integración que se ocupa de casi todas las cuestiones que tienen relación con nuestra vida cotidiana.
La Unión Europea ha supuesto la creación de un “instrumento de paz” fundado en valores de dignidad, democracia, libertad, igualdad, Estado de Derecho y protección de los derechos humanos. De hecho, desde el inicio del proceso no se han vuelto a dar las guerras entre los Estados miembros que había sido una constante histórica.
No todo ha sido un camino de rosas, también ha habido momentos de desafección, como el que llegó a su culmen con la decisión del pueblo británico de abandonar la UE que se materializó en su retirada, llamada periodísticamente “Brexit” y aunque no ha tenido efecto contagio, sí llevó a la Unión a replantearse para qué sirve la UE y qué le piden sus ciudadanos. Por ello, se hizo en 2019 la convocatoria de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, en la que todos los europeos hemos tenido ocasión de pronunciarnos sobre qué Europa queremos a través de la plataforma interactiva y multilingüe que se ha creado, para diseñar lo que queremos como casa común.
En estos momentos, la UE plantea que el futuro ha de ser verde, digital y social, con el planteamiento de transformaciones inclusivas de las que nadie quede atrás.
En las últimas dos décadas han sido varias las crisis a las que hemos tenido que hacer frente los europeos. De entre ellas creo que hay que destacar al menos cuatro: La crisis económica de 2008, que pasó de ser una crisis generada por las hipotecas a convertirse en crisis de la deuda soberana en algunos Estados europeos. La mal llamada “crisis de los refugiados” generada por los desplazamientos masivos de población en 2015 como consecuencia de la guerra en Siria para cuya acogida no estaba preparada la Unión Europea. La crisis generada por la pandemia que de manera inesperada azotó a todo el planeta. Y por último la crisis generada por la invasión rusa en Ucrania, a las puertas de la Unión Europea, pero con innegable transcendencia no sólo en nuestras relaciones con el exterior si no también en nuestros asuntos internos.
Todas estas crisis han tenido un efecto asimétrico en los distintos países europeos, en los diferentes sectores de actividad y también encontramos consecuencias más o menos perniciosas en función del nivel económico de las víctimas, pero de una u otra manera todos nos hemos visto, y nos seguimos viendo afectados por las mismas. No obstante, de todas podemos sacar una conclusión común: a mayores posibilidades de la UE de actuar en las mismas se ha hecho más llevadera la salida de la crisis. Vemos cómo se ha producido una evolución positiva desde las primeras lentas medidas a la crisis de 2008 o la desordenada acogida a los migrantes de 2015 a la compra conjunta de vacunas gratuitas para todos los europeos, e incluso para donar a terceros países, o el empuje definitivo a la salida de la crisis del COVID-19 con los fondos extraordinarios Next Generation. Y en todo ello, sin perder el norte: la recuperación ha de ser verde, digital y social.
Ante la crisis actual derivada de guerra en Ucrania, la UE ha adoptado todas las medidas a su alcance, que son pocas teniendo en cuenta que en política exterior la capacidad para adoptar medidas la conservan los Estados en su mayor parte. Esta crisis tiene claras consecuencias económicas, sobre todo energéticas que sólo podremos superar aferrándonos a los objetivos del Pacto verde (eficiencia energética, renovables y economía circular sobre todo), pero también tiene evidentes consecuencias sociales ante las que estamos llamados a actuar como ciudadanos comprometidos además de llamar la atención a las Administraciones. El flujo masivo de personas huyendo del horror de la guerra están teniendo en Europa un tratamiento jurídico simplificado con el sistema de protección temporal que les permite acceder desde el primer momento a la educación, la sanidad y el mercado laboral, pero no son pocos los inconvenientes que encuentran desde las trabas lingüísticas hasta la integración social. No sólo necesitan documentación, también ser acogidos por las sociedades que nos preciamos de ser europeos y actuar conforme a los valores que son sus señas de identidad.
En todo este proceso de construcción europea ha habido un principio inspirador que ha sido la Solidaridad, sin la que no se podría explicar todo el proceso de ampliación de la UE, pero recientemente lo vemos cuestionado en diversos entornos sociales más preocupados de que “le salgan las cuentas” que del “milagro de los panes y los peces” que produce el compartir.
Como no podría ser de otro modo, la Unión Europea es una realización laica, pero la coincidencia en los valores que la sustentan con los valores cristianos, pienso que nos deben plantear un desafío de no vivir de espaldas a este proceso, sino todo lo contrario, participar para exigir que en cada una de sus actuaciones no se separe de su esencia. Estamos llamados a participar, a implicarnos y a aprovechar las oportunidades que nos ofrece la Unión Europea. ¡Larga vida a Europa!
Marycruz Arcos, directora del Centro de Documentación Europea
