La Comisión General de Justicia y Paz muestra su indignación ante los hechos del pasado 30 de enero, cuando el Ayuntamiento de Níjar ejecutó el desalojo y el derribo del asentamiento chabolista de El Walili. Allí malvivían entre 300 y 400 personas en chabolas de madera, de plástico o de cartón. No tenían agua potable ni alcantarillado. La electricidad la pinchaban. Si bien el Ayuntamiento les ofreció una estancia temporal en un almacén que habilitó con literas alineadas una junto a otra sin apenas separación y sin intimidad alguna, solamente una minoría de las personas desalojadas se acogieron a este arreglo transitorio. La mayoría se mudó a otros asentamientos o buscó refugio en locales o viviendas realquiladas y hacinadas.
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