La sentencia hecha pública ayer en Estrasburgo respalda una de las reclamaciones planteadas por Cáritas, CONFER, el Sector Social de la Compañía de Jesús y Justicia y Paz
 
 
Las entidades de la Iglesia católica en España que trabajan con migrantes y refugiados, y que impulsan la campaña «Migrantes Con derechos» –Cáritas, CONFER (Conferencia Española de Religiosos), el Sector Social de la Compañía de Jesús y Justicia y Paz— aplauden la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) hecha pública ayer en Estrasburgo sobre la expulsión sumaria de dos personas llevada a cabo el 13 de agosto de 2014 en la frontera de Melilla.
El fallo, desfavorable para España, confirma que esas dos personas fueron devueltas a Marruecos sin que se observaran las debidas garantías y en el marco de un proceso sujeto a múltiples irregularidades. Se trata de una práctica que, de manera reiterada, hemos venido denunciado desde nuestras organizaciones y que, como ahora recoge la sentencia, vulnera los derechos de las personas migrantes.

En su fallo, el Tribunal Europeo señala, entre otras cuestiones, que se trató de una expulsión colectiva, contra lo dispuesto en el artículo 4 del protocolo número 4 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. Igualmente, considera que, como consecuencia de la expulsión sumaria, se impidió toda vía de recurso a los demandantes, que les hubiera permitido someter a una autoridad competente la vulneración de su derecho a no ser objeto de una expulsión colectiva. Por ello, el Tribunal estima que también existe violación del art. 13 de la Convención en relación con el art. 4 del protocolo 4 de la Convención.
Es importante señalar cómo la sentencia desmonta la pretensión del Gobierno de España, que entendía que las víctimas de la devolución no habían entrado en territorio español al ser rechazados mientras atravesaban los elementos de contención fronterizas, aplicando lo que denomina “concepto operativo de frontera”. En este sentido, afirma sin ambages que un Estado (España) no puede modificar unilateralmente las fronteras de su territorio con las de otro Estado (Marruecos) para responder a las necesidades de una situación concreta.
Llamamos la atención sobre el hecho de que este caso ha podido ser resuelto por el TEDH gracias al testimonio gráfico (un vídeo en el que se reconocía a los demandantes) recogido por periodistas que se encontraban en las inmediaciones. Desgraciadamente, se trata de una situación excepcional, puesto que las operaciones de contención en la frontera se producen fuera de los focos y sin testigos. De ahí la importancia de dar a conocer estos casos, que dan visibilidad a los peligros objetivos a los que se expone a las personas migrantes y refugiadas objeto de expulsiones sumarias.
Este fallo debe servir para erradicar por parte de los poderes públicos unas prácticas irregulares en materia de inmigración y derechos humanos, que, como confirma el Tribunal Europeo, no pueden tener cabida en un Estado miembro de la Unión Europea. Por todo ello, urgimos al Gobierno para que proceda a la derogación inmediata de lo previsto en la Disposición Adicional X de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España.
 
Madrid, 3 de octubre de 2017

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7 de octubre, Jornada Mundial por el Trabajo Decente 2017

La iniciativa «Iglesia por el Trabajo Decente»
urge a poner fin a la precariedad laboral

Se han convocado actos en medio centenar de ciudades de todo el país
Madrid, 3 de octubre de 2017.- Con motivo de la celebración, el 7 de octubre, de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, las organizaciones que apoyan la Iniciativa «Iglesia por el Trabajo Decente» (Cáritas, CONFER, HOAC, Justicia y Paz, JEC y JOC) urgen a poner fin a la lacra de la precariedad laboral que caracteriza el actual mercado de trabajo.
En un manifiesto difundido con motivo de la Jornada, estas organizaciones recuerdan que el trabajo decente, que forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos en la Agenda 2030 aprobada hace dos años por las Naciones Unidas, es un elemento imprescindible para la justicia social y la cohesión de toda la humanidad.
Un trabajo decente, afirman, “garantiza un salario mínimo vital, la libertad de asociación sindical, la participación de quienes trabajan en los asuntos de la empresa, el respeto de la negociación colectiva, el respeto de los convenios, la igualdad de trato entre las personas, la salud y seguridad en el trabajo, la protección social de quienes trabajan y de las personas a su cargo, la protección contra el despido, el acceso a la formación y el aprendizaje permanente y el equilibrio entre la vida privada y la vida laboral”.
Como se denuncia en el manifiesto, “en España estamos asistiendo a un crecimiento del trabajo precario, que se presenta bajo las formas de la contratación temporal, la contratación a tiempo parcial y el empleo autónomo ficticio”. Esta situación afecta principalmente a las personas más vulnerables, que corren riesgo de discriminación, pobreza y exclusión.
Desde la Iniciativa «Iglesia por el Trabajo Decente» se recuerda que cuestiones como una remuneración insuficiente para una vida digna, unas condiciones laborales que dificultan la consecución de un proyecto vital a largo plazo, la vulnerabilidad de la persona ante un retroceso en derechos laborales son el rostro visible de una economía donde la persona es un mero instrumento que se utiliza en función de los intereses del mercado.
“Esta concepción, –se afirma en el manifiesto—, en cuanto no pone a la persona y su dignidad en el centro, es contraria al proyecto del Reino de Dios y no puede ser, en ningún caso, aceptada desde una mirada cristiana de la vida.
Medidas para combatir la precariedad
Las organizaciones impulsoras de «Iglesia por el Trabajo Decente» ponen sobre la mesa una serie de medidas encaminada a luchar contra la precariedad y defender el trabajo decente. De manera concreta, proponen:

• Luchar contra el trabajo no declarado, la economía informal, el fraude fiscal y los paraísos fiscales.
• Establecer una sólida base jurídica de derechos laborales, implicar a los interlocutores sociales y los comités de empresa en el lugar de trabajo y reforzar la inspección laboral y la jurisdicción social.

• Apostar por la creación de empleo de calidad, garantizar los derechos en el trabajo, la protección social y el diálogo social así como la igualdad.
• Fijar salarios e ingresos dignos y suficientes.
• Establecer una Garantía de Capacidades que permita apoyar trayectorias profesionales que posibiliten la adaptación a las diferentes situaciones que una persona puede verse obligada a afrontar durante su vida.
• Garantizar la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres mediante una respuesta global dirigida a reducir el trabajo precario y una cobertura adecuada de seguridad social.
• Apostar por condiciones de trabajo dignas para todas las primeras oportunidades de experiencia laboral de jóvenes, como períodos de prácticas, de aprendizaje o cualquier oportunidad en el marco de la Garantía Juvenil.
• Incrementar la inversión pública y privada que conecte los mercados financieros con los mercados productivos.
• Acompañar a las personas en situaciones donde la ausencia del trabajo decente provoca inestabilidad, sufrimiento y falta de horizontes vitales, propiciando respuestas individuales y colectivas que alumbren caminos de esperanza.

Cerca de 200 entidades de Iglesia y organizaciones sociales se han adherido a la iniciativa, que en esta Jornada Mundial por Trabajo decente ha convocado actos en medio centenar de ciudades de toda España [Ver aquí el calendario de actos programados].
Junto al manifiesto, que será leído en las convocatorias, las organizaciones promotoras han editado un vídeo con un saludo de todos los presidentes de las mismas con motivo de la Jornada y una invitación a sumarse a la agenda de actos previstos y a ponerse la pulsera “defiendo el trabajo decente”.
Asimismo, se ha creado el hashtag #Iglesiaporeltrabajodecente para animar la jornada a través de las redes sociales.

 
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7 de octubre
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