La sentencia hecha pública ayer en Estrasburgo respalda una de las reclamaciones planteadas por Cáritas, CONFER, el Sector Social de la Compañía de Jesús y Justicia y Paz
 
 
Las entidades de la Iglesia católica en España que trabajan con migrantes y refugiados, y que impulsan la campaña «Migrantes Con derechos» –Cáritas, CONFER (Conferencia Española de Religiosos), el Sector Social de la Compañía de Jesús y Justicia y Paz— aplauden la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) hecha pública ayer en Estrasburgo sobre la expulsión sumaria de dos personas llevada a cabo el 13 de agosto de 2014 en la frontera de Melilla.
El fallo, desfavorable para España, confirma que esas dos personas fueron devueltas a Marruecos sin que se observaran las debidas garantías y en el marco de un proceso sujeto a múltiples irregularidades. Se trata de una práctica que, de manera reiterada, hemos venido denunciado desde nuestras organizaciones y que, como ahora recoge la sentencia, vulnera los derechos de las personas migrantes.

En su fallo, el Tribunal Europeo señala, entre otras cuestiones, que se trató de una expulsión colectiva, contra lo dispuesto en el artículo 4 del protocolo número 4 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. Igualmente, considera que, como consecuencia de la expulsión sumaria, se impidió toda vía de recurso a los demandantes, que les hubiera permitido someter a una autoridad competente la vulneración de su derecho a no ser objeto de una expulsión colectiva. Por ello, el Tribunal estima que también existe violación del art. 13 de la Convención en relación con el art. 4 del protocolo 4 de la Convención.
Es importante señalar cómo la sentencia desmonta la pretensión del Gobierno de España, que entendía que las víctimas de la devolución no habían entrado en territorio español al ser rechazados mientras atravesaban los elementos de contención fronterizas, aplicando lo que denomina “concepto operativo de frontera”. En este sentido, afirma sin ambages que un Estado (España) no puede modificar unilateralmente las fronteras de su territorio con las de otro Estado (Marruecos) para responder a las necesidades de una situación concreta.
Llamamos la atención sobre el hecho de que este caso ha podido ser resuelto por el TEDH gracias al testimonio gráfico (un vídeo en el que se reconocía a los demandantes) recogido por periodistas que se encontraban en las inmediaciones. Desgraciadamente, se trata de una situación excepcional, puesto que las operaciones de contención en la frontera se producen fuera de los focos y sin testigos. De ahí la importancia de dar a conocer estos casos, que dan visibilidad a los peligros objetivos a los que se expone a las personas migrantes y refugiadas objeto de expulsiones sumarias.
Este fallo debe servir para erradicar por parte de los poderes públicos unas prácticas irregulares en materia de inmigración y derechos humanos, que, como confirma el Tribunal Europeo, no pueden tener cabida en un Estado miembro de la Unión Europea. Por todo ello, urgimos al Gobierno para que proceda a la derogación inmediata de lo previsto en la Disposición Adicional X de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España.
 
Madrid, 3 de octubre de 2017

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7 de octubre, Jornada Mundial por el Trabajo Decente 2017

La iniciativa «Iglesia por el Trabajo Decente»
urge a poner fin a la precariedad laboral

Se han convocado actos en medio centenar de ciudades de todo el país
Madrid, 3 de octubre de 2017.- Con motivo de la celebración, el 7 de octubre, de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, las organizaciones que apoyan la Iniciativa «Iglesia por el Trabajo Decente» (Cáritas, CONFER, HOAC, Justicia y Paz, JEC y JOC) urgen a poner fin a la lacra de la precariedad laboral que caracteriza el actual mercado de trabajo.
En un manifiesto difundido con motivo de la Jornada, estas organizaciones recuerdan que el trabajo decente, que forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos en la Agenda 2030 aprobada hace dos años por las Naciones Unidas, es un elemento imprescindible para la justicia social y la cohesión de toda la humanidad.
Un trabajo decente, afirman, “garantiza un salario mínimo vital, la libertad de asociación sindical, la participación de quienes trabajan en los asuntos de la empresa, el respeto de la negociación colectiva, el respeto de los convenios, la igualdad de trato entre las personas, la salud y seguridad en el trabajo, la protección social de quienes trabajan y de las personas a su cargo, la protección contra el despido, el acceso a la formación y el aprendizaje permanente y el equilibrio entre la vida privada y la vida laboral”.
Como se denuncia en el manifiesto, “en España estamos asistiendo a un crecimiento del trabajo precario, que se presenta bajo las formas de la contratación temporal, la contratación a tiempo parcial y el empleo autónomo ficticio”. Esta situación afecta principalmente a las personas más vulnerables, que corren riesgo de discriminación, pobreza y exclusión.
Desde la Iniciativa «Iglesia por el Trabajo Decente» se recuerda que cuestiones como una remuneración insuficiente para una vida digna, unas condiciones laborales que dificultan la consecución de un proyecto vital a largo plazo, la vulnerabilidad de la persona ante un retroceso en derechos laborales son el rostro visible de una economía donde la persona es un mero instrumento que se utiliza en función de los intereses del mercado.
“Esta concepción, –se afirma en el manifiesto—, en cuanto no pone a la persona y su dignidad en el centro, es contraria al proyecto del Reino de Dios y no puede ser, en ningún caso, aceptada desde una mirada cristiana de la vida.
Medidas para combatir la precariedad
Las organizaciones impulsoras de «Iglesia por el Trabajo Decente» ponen sobre la mesa una serie de medidas encaminada a luchar contra la precariedad y defender el trabajo decente. De manera concreta, proponen:

• Luchar contra el trabajo no declarado, la economía informal, el fraude fiscal y los paraísos fiscales.
• Establecer una sólida base jurídica de derechos laborales, implicar a los interlocutores sociales y los comités de empresa en el lugar de trabajo y reforzar la inspección laboral y la jurisdicción social.

• Apostar por la creación de empleo de calidad, garantizar los derechos en el trabajo, la protección social y el diálogo social así como la igualdad.
• Fijar salarios e ingresos dignos y suficientes.
• Establecer una Garantía de Capacidades que permita apoyar trayectorias profesionales que posibiliten la adaptación a las diferentes situaciones que una persona puede verse obligada a afrontar durante su vida.
• Garantizar la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres mediante una respuesta global dirigida a reducir el trabajo precario y una cobertura adecuada de seguridad social.
• Apostar por condiciones de trabajo dignas para todas las primeras oportunidades de experiencia laboral de jóvenes, como períodos de prácticas, de aprendizaje o cualquier oportunidad en el marco de la Garantía Juvenil.
• Incrementar la inversión pública y privada que conecte los mercados financieros con los mercados productivos.
• Acompañar a las personas en situaciones donde la ausencia del trabajo decente provoca inestabilidad, sufrimiento y falta de horizontes vitales, propiciando respuestas individuales y colectivas que alumbren caminos de esperanza.

Cerca de 200 entidades de Iglesia y organizaciones sociales se han adherido a la iniciativa, que en esta Jornada Mundial por Trabajo decente ha convocado actos en medio centenar de ciudades de toda España [Ver aquí el calendario de actos programados].
Junto al manifiesto, que será leído en las convocatorias, las organizaciones promotoras han editado un vídeo con un saludo de todos los presidentes de las mismas con motivo de la Jornada y una invitación a sumarse a la agenda de actos previstos y a ponerse la pulsera “defiendo el trabajo decente”.
Asimismo, se ha creado el hashtag #Iglesiaporeltrabajodecente para animar la jornada a través de las redes sociales.

 
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7 de octubre
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Madrid, 25 de septiembre de 2017 (IVICON).-  La fecha del 2º aniversario de la entrada en vigor de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015, es un momento oportuno para que las entidades que impulsamos en la alianza  «Enlázate por la Justicia» —Caritas, CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas y REDES— hagamos una valoración de la aprobación del I Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresas por parte del Consejo de Ministros del pasado 28 de julio.
 
Esta decisión gubernamental, que, a pesar de algunas deficiencias, creemos positiva, llega varios años después del último borrador, que fue elaborado con la participación de las organizaciones del Tercer Sector y que nunca llegó a ser aprobado. El nuevo texto, sin embargo, se ha reelaborado sin ninguna participación de la sociedad civil y sin conocimiento previo del mismo.
 
Para nuestras organizaciones, que trabajan en favor de las personas y comunidades más pobres, vulnerables y excluidas del planeta, la defensa activa de los Derechos Humanos, la promoción del desarrollo y la protección del medio ambiente deben estar en la médula de unas políticas públicas realmente orientadas hacia la erradicación de la pobreza. Por eso consideramos esencial la aprobación de un Plan que, siguiendo los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, establezca en el ámbito nacional el deber del Estado de proteger estos derechos, la responsabilidad de las empresas de respetarlos y garantizar el acceso a mecanismos de reparación para la población afectada en casos de violación de sus derechos.
 
Para ello, es necesario establecer los mecanismos y acciones que garanticen el cumplimiento del objetivo propuesto en el Plan recién aprobado: que las empresas españolas, sus filiales, proveedores, subcontratistas y cadenas de suministros respeten siempre y en todo lugar los Derechos Humanos, reparando los daños causados por la contravención de los mismos.
 
Apreciando y agradeciendo la labor de coordinación y sistematización del proceso por parte de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) durante el período 2013-2014, denunciamos, sin embargo, que el Plan adolece de las siguientes debilidades:

• No afronta con la debida rotundidad la especial protección que el derecho internacional en materia de Derechos Humanos da a los procesos de consulta y consentimiento previo, libre e informado para las comunidades y pueblos indígenas, ancestrales y afrodescendientes a través del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
• Carece de una concreción, sistematización y propuesta de desarrollo legislativo de uno de los principios fundamentales en el ámbito de las empresas y los Derechos Humanos como es el de la debida diligencia.
• Traslada a espacios multilaterales lo que el Gobierno de España pueda hacer para impulsar este tipo de medidas. De este modo, por un lado no existe una apuesta clara de colaboración con otros países miembros para convertir a la Unión Europea en una referencia en cuanto a respeto de Derechos Humanos en la acción de las empresas, lo que supondría, a nuestro parecer, un valor añadido frente a otras regiones del mundo; por otro lado, se apuesta por ejercer la influencia de España en un espacio mucho más complejo y donde nuestro país tiene, objetivamente, menos peso, como es la ONU.
• Los mecanismos de reparación que se prevén desarrollar no optan de manera determinante por obligaciones extraterritoriales y sí lo hacen por recursos extrajudiciales que privan de equilibrio entre las partes.
• A pesar de las múltiples acciones y medidas aprobadas en el Plan para los próximos tres años, éste no sólo no cuenta con recursos presupuestarios para ello, sino que además queda condicionada su ejecución a la disposición de presupuesto en cada ejercicio, y se excluye cualquier aumento de gastos de personal de la Administración para su puesta en marcha. Estas restricciones, planteadas al inicio del texto, ponen en tela de juicio la viabilidad y puesta en práctica del Plan propuesto.

Asimismo, el carácter de voluntariedad de los Planes nacionales de Empresas y Derechos Humanos (en desarrollo de la resolución 17/4 de Naciones Unidas sobre los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos) hace necesario —como así declaró hace pocas semanas la directora de la Oficina de Derechos Humanos del MAEC— la consecución del Tratado de Transnacionales que se negocia en Ginebra y que aboga por la creación de normas vinculantes con mecanismos de prevención, sanción y reparación a víctimas de violaciones de Derechos Humanos por parte de empresas transnacionales. En este sentido, desde «Enlázate por la Justicia» consideramos fundamental que España anime a sus socios de la Unión Europea a sacar adelante dicho tratado, que protegería a los más invisibles y excluidos en los países del Sur.
 
Por último, Caritas, CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas y REDES expresan su firme compromiso con el desarrollo, disfrute y garantía de los Derechos Humanos en el ámbito de la acción de las empresas, tanto públicas como privadas, junto a su voluntad de ponerse a disposición de las entidades gubernamentales para el seguimiento y evaluación del Plan aprobado, así como para la elaboración del próximo.  Descargar Nota
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