Mes: febrero 2016

Acción Concertada 2016 de Justicia y Paz de Europa

1) La globalización y la digitalización de la economía han causado una creciente desigualdad en los ingresos y la riqueza en todo el mundo. En las economías más industrializadas, como las de la Unión Europea, este proceso muestra ciertos aspectos característicos; se espera que en las próximas décadas tenga lugar una disminución gradual de la clase media, que se estanquen los grupos con ingresos bajos y que los ricos, sobre todo los muy ricos, disfruten de amplias ganancias económicas. El estilo de vida excesivo e insostenible de una pequeña minoría choca completamente con las necesidades de las personas desfavorecidas. Este incremento de la pobreza, junto con una excesiva concentración de la riqueza, resulta injusto éticamente y constituye una amenaza a la cohesión social y al orden democrático. Otro reto consiste en la necesidad de integrar a grandes cantidades de emigrantes. Para que tenga lugar un cambio de dirección en esta integración es necesario idear mejores normas y regulaciones con el espíritu de lograr una solidaridad generosa y universal. Resulta de igual importancia el que estas regulaciones se lleven a cabo a nivel nacional, europeo e internacional. Un instrumento clave es que las empresas multinacionales, el sector financiero y los individuos excesivamente ricos estén sometidos a sistemas fiscales más justos. En la Acción Concertada 2016 la Conferencia Europea de Comisiones de Justicia y Paz (Justicia y Paz Europa) prestará especial atención a la necesidad de una fiscalidad más justa como un requisito ético para nuestros tiempos.

2) En su exhortación apostólica Evangelii Gaudium (2013), el Papa Francisco se refiere a la inequidad social como “la raíz de los males sociales” (EG. 202). La inequidad no es tan solo un problema de las sociedades europeas, es también un grave problema global, tal y como lo afirma el Papa en su encíclica Laudato Si’. El uno por ciento de la población mundial acumula el cincuenta por ciento de la riqueza y, en este momento, ochenta personas tienen la misma cantidad de riqueza que el cincuenta por ciento de la población mundial más pobre (3.600 millones de personas). En lo que respecta a Europa, los siete millones de personas más ricas acumulan la misma riqueza que los otras 662 millones de personas (incluyendo a los países fuera de la UE). Una economía que no se preocupa por las personas vulnerables y que las excluye es el resultado de la indiferencia y la ausencia de piedad. También resulta injusto e insostenible a largo plazo. Por lo tanto, es necesaria una acción política. “El crecimiento en equidad exige algo más que el crecimiento económico, aunque lo supone, requiere decisiones, programas, mecanismos y procesos específicamente orientados a una mejor distribución del ingreso, a una creación de fuentes de trabajo, a una promoción integral de los pobres que supere el mero asistencialismo” (EG. 204). Esto requiere que las élites financieras y económicas renueven su sentido de la responsabilidad y que existan normas y regulaciones eficaces. Con respecto a este último aspecto, la Unión Europea puede y debería desempeñar el papel de líder, puesto que no son inevitables la creciente desigualdad del ingreso y la disminución de la justicia social en Europa. El curso de los acontecimientos puede cambiarse con decisiones políticas y económicas. Ciertas estrategias políticas pueden disminuir la inequidad social e incrementar el grado de seguridad social y, con ello, incrementar la cohesión social en las sociedades europeas y entre ellas. Entre otras medidas, el sistema fiscal y la redistribución mediante los impuestos son instrumentos probados para disminuir la inequidad. Es por esta razón y a la luz de la oportunidad política actual que Justicia y Paz Europa ha decidido concentrar su Acción Concertada anual, en 2016, a “la creciente desigualdad económica y la fiscalidad”.

3) Organizaciones internacionales como la OCDE desempeñan un papel muy importante a la hora de coordinar esfuerzos para conseguir una mayor transparencia en cuanto a cuestiones de impuestos. La OCDE patrocinó el Foro Global sobre la transparencia y el intercambio de información con fines fiscales en el que se reunieron 130 países y que refleja el avance positivo que está teniendo lugar en lo referente a la lucha contra la evasión fiscal y los paraísos fiscales. Noventa y seis miembros del Foro se han comprometido a intercambiar automáticamente información sobre cuentas financieras de personas no residentes para el 2018 como muy tarde. Además, la OCDE ha llevado a cabo el plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS), compuesto por quince acciones diferentes y que fue adoptado por la OCDE y el G20 en otoño del 2015. Dicho plan aborda el tema del inadecuado sistema fiscal internacional, el cual permite a empresas multinacionales desplazar de forma artificial sus beneficios empresariales y, así, disminuir bruscamente sus facturas tributarias. En los países de la OCDE los ingresos del impuesto de sociedades disminuyeron del 3,6% del PIB, en 2007, al 2,8%, en 2014. Los ingresos por IRPF e IVA han aumentado durante el mismo período. Esto en sí mismo no contraviene el poder que los gobiernos nacionales tienen para definir las bases imponibles y establecer las tasas impositivas. Sin embargo, se ha intensificado la cooperación a nivel europeo tras las revelaciones a finales de 2014 sobre el llamado “ruling fiscal” (regla fiscal o decisión fiscal anticipada), por el que los estados conceden a las empresas multinacionales condiciones fiscales privilegiadas, liberándolas de la presión impositiva. Las instituciones europeas, cuyas competencias fiscales permanecen limitadas, intensificaron sus esfuerzos para garantizar una fiscalidad justa y efectiva de los beneficios corporativos donde se generan. También ha tenido una buena acogida el acuerdo que Suiza y la UE alcanzaron en mayo de 2015 por el que se garantiza un intercambio automático de información sobre las cuentas financieras de sus residentes.

Para apoyar el momento político actual a favor de un sistema fiscal más justo, varias Comisiones de Justicia y Paz Europa se proponen:

 Monitorizar la implicación de sus gobiernos nacionales en el proyecto BEPS.
 Defender la trasposición de la directiva de la UE sobre el intercambio automático de reglas fiscales (ruling fiscal) a la ley nacional de sus respectivos Estados Miembros para el 1 de enero de 2017.
 Apoyar activamente un nuevo esfuerzo de la Comisión Europea para armonizar las bases imponibles empresariales, como se presentó a principios de 2016.
 Hacer que, a nivel nacional, se centre la atención en la próxima reunión del Foro Global sobre transparencia e intercambio de información que tendrá lugar en octubre-noviembre de 2016 con el objetivo de lograr el cierre de los paraísos fiscales en todo el mundo.
 Ponerse en contacto con miembros del Parlamento Europeo, que integren la comisión especial sobre resoluciones fiscales, para expresarles nuestro apoyo a su trabajo en materia de ayuda estatal y fiscalidad y la conformidad de los Estados Miembros respecto a la legislación fiscal.

Bruselas, enero de 2016

La extracción y el comercio ilícito de minerales en zonas de conflicto, como el que se produce al Este de la República Democrática del Congo tienen devastadores efectos sobre la población local, y es fuente de múltiples vulneraciones de los Derechos Humanos. Ante este escenario, el proceso legislativo iniciado por la Unión Europea en 2014 para regular el comercio de estos minerales ofrece una importante oportunidad para poner freno a dichas prácticas y exigir a las empresas que participan en la cadena de suministro de dichos minerales un comportamiento responsable y mayor transparencia en sus actuaciones.

El día 1 de febrero se entra en la recta final de las negociaciones. Ese día comenzará el dialogo a tres bandas entre las tres instancias con poder decisorio sobre la futura legislación: la Comisión, el Parlamento europeo y el Consejo de la Unión Europea. Antes del verano de 2016 está previsto que lleguen a un acuerdo sobre el texto final de la ley.

Desde las organizaciones de la sociedad civil hemos seguido atentamente este proceso. Las últimas  informaciones que hemos tenido sobre el posicionamiento del Consejo de la Unión Europea, el pasado mes de diciembre, son preocupantes porque parecen querer limitar el alcance de la ley a un conjunto reducido de empresas importadoras y diluyen las exigencias planteadas en la Guía de la Diligencia Debida de la OCDE. [1]

Por estos motivos, la coalición de más de 70 ONG europeas que trabajamos en la campaña de “minerales en conflicto” -entre las cuales participan ALBOAN, Justicia y Paz y REDES- hacemos un llamamiento a los gobiernos de los Estados miembro para que contribuyan a  que la ley finalmente aprobada responda a las exigencias planteadas en la Guía de la Diligencia de la OCDE. Concretamente, solicitamos al Gobierno español que:

1. Muestre capacidad de liderazgo en esta materia apoyando un sistema de diligencia debida obligatorio para todas las empresas que participan en la cadena de suministro de los minerales cubiertos por la ley.
2. Apoye una regulación que vaya en sintonía con las recomendaciones de la Guía de la OCDE para Diligencia Debida de minerales en conflicto:

• Asegurando que todas las obligaciones vinculadas a la diligencia debida son consistentes con los estándares de la OCDE.
• Incluyendo en el alcance de la ley a todas las empresas que introduzcan por vez primera los minerales cubiertos por esta normativa en el mercado europeo, tanto si lo hacen como materia prima como si los incorporan en productos acabados.
• Adoptando en el texto de la ley un lenguaje que refleje la flexibilidad y la naturaleza progresiva de los estándares propuestos por la OCDE.

[1] La Guía de la Diligencia Debida de la OCDE sobre “minerales en conflicto” es un documento, de carácter normativo, que contiene una serie de recomendaciones y principios para que las empresas que participan en la cadena de suministros del tantalio, estaño, wolframio y oro (denominados “minerales en conflicto” o 3T+G por sus siglas en inglés), tomen medidas de cara a prevenir las violaciones de derechos humanos allí donde se extraen estos minerales. Son los mismos minerales cuyo comercio pretende regular la futura normativa europea, y desde la coalición de ONG europeas nos gustaría que dichos estándares quedasen plasmados en el texto de la futura ley, y su cumplimiento fuese obligatorio. La Guía fue aprobada en el año 2013 y puede consultarse en: https://www.oecd.org/corporate/mne/GuidanceEdition2.pdf

Leer más: https://www.juspax-es.org/news/mas-de-70-ong-europeas-hacen-un-llamamiento-para-que-la-union-europea-apruebe-una-ley-que-frene-la-extraccion-y-comercio-ilicito-de-minerales-en-zonas-en-conflicto/