Los días 10, 11 y 12 de abril se celebraron en la ciudad de Lleida las Jornadas anuales de Justicia y Paz bajo el título Por el derecho a un trabajo decente.
En primer lugar, queremos agradecer el apoyo de la Universitat de Lleida y del Obispado de la diócesis de Lleida en la organización y realización de las jornadas, así como la participación de los ponentes de las conferencias y de las mesas redondas, personas pertenecientes a organismos internacionales (OIT), universidades (Universidad de Salamanca), sindicatos (CCOO y UGT) y patronal (COELL) y a movimientos mundiales, estatales y locales de trabajadores cristianos (MMTC, HOAC y ACO).
De las ideas y reflexiones que han surgido, queremos destacar las siguientes:
– La reivindicación a un trabajo decente es una necesidad imperiosa en estos momentos dadas las circunstancias de desempleo y precariedad laboral dominantes en el llamado “mercado de trabajo” mundial y especialmente en el español.
– Que a la hora de valorar el empleo hay que tener en cuenta tanto la cantidad (número de empleos) como la calidad (estabilidad, salarios, ambiente laboral, etc.) del mismo porque ambas perspectivas son igual de importantes para garantizar el bienestar óptimo de la ciudadanía.
- Que la recuperación económica que se está anunciando no viene acompañada por la creación de empleo suficiente y que por este motivo corremos el riesgo de entrar en un período de crecimiento sin empleo no visto en anteriores fases del ciclo económico.
– Que la recuperación económica será muy lenta, por lo que esta crisis llevará a consecuencias estructurales graves como la exclusión social de colectivos de población, como los parados de larga duración, que difícilmente volverán a trabajar y, por consiguiente, a recibir rentas del trabajo, lo que les llevará a perder capacidades profesionales adquiridas y perspectivas laborales futuras.
– Que la mayor parte del empleo temporal y a tiempo parcial, que está siendo la base del empleo que se va generando, es involuntario, por lo que muchas y muchos trabajadores no verán satisfechas sus necesidades básicas de subsistencia con dignidad, aun disponiendo de un puesto de trabajo.
– Que todo lo anterior lleva a un desafío al sistema de protección social, porque el porcentaje de población en riesgo de pobreza y exclusión social es elevado. El número de hogares sin ocupados y sin ingresos laborales ha ido aumentando de forma ininterrumpida.
– Que las políticas de estímulo han sido insuficientes y poco eficaces y que las de austeridad se han basado en ajustes que han recaído de forma sistemática, y casi exclusiva, en el mercado de trabajo y en las condiciones laborales.
– Que las políticas activas de empleo aplicadas no se han adaptado a las necesidades que los cambios económicos y sociales acaecidos en las últimas décadas y la crisis profunda económica que aún padecemos ha ido surgiendo. Es necesaria una modernización, una nueva perspectiva y una adaptación de las mismas, con el objetivo de mejorar las posibilidades de inserción laboral de los trabajadores que en estos momentos se encuentran sin empleo.
Todas estas situaciones destacadas nos llevan a una reflexión profunda sobre la orientación de las políticas económicas y sociales y sobre las acciones que las trabajadoras y trabajadores del mundo hemos de llevar a cabo. Para ello es necesario:
– Que las políticas activas de empleo eviten la salida del mercado de trabajo y aumenten las competencias de las trabajadoras y trabajadores, por lo que sus programas deben estar bien orientados.
– La colaboración de los agentes sociales, una rigurosa evaluación de estas políticas y una dotación suficiente de recursos económicos para las agencias de intermediación, preferentemente públicas.
– Un sistema de protección social que esté bien diseñado con el objetivo de reducir la pobreza y las desigualdades sociales, de estabilizar la demanda de empleo y de reducir el desempleo.
– El diálogo social y negociación colectiva como instrumentos imprescindibles para la cohesión social.
Como organización de iglesia valoramos la aportación que la Doctrina Social de la Iglesia en la que se nos indica que el trabajo:
– Ha de ser expresión de la dignidad esencial de todo hombre y de toda mujer, es decir, un trabajo libremente elegido y vinculado al desarrollo de su comunidad, en el que todos los trabajadores sean respetados y que sirva para la satisfacción de las necesidades propias y de sus familias.
– Debe contribuir a la plena realización de las personas en sus ámbitos social, personal, familiar y espiritual.
– Debe asegurar una condición digna a los trabajadores que llegan a la jubilación.
Y que así mismo se debe garantizar:
– La organización libre de los trabajadores para poder oír su voz y el respeto al derecho de reunión y de asociación.
– El cumplimiento de los derechos más elementales de los trabajadores en el sentido de disponer de una remuneración justa, de descanso, de ambientes de trabajo y de procesos productivos que no comporten perjuicio a su salud física y que no dañen su integridad moral.
– El derecho a subsidios adecuados indispensables para la subsistencia de los trabajadores en paro y de sus familias, a pensiones y a una seguridad social para la vejez, la enfermedad y la siniestralidad laboral.
En palabras del papa Francisco: “es necesario sobre todo volver a dar dignidad al trabajo”.
Además, en estas jornadas hemos conocido las acciones y actividades que llevan a cabo movimientos de trabajadores cristianos en su compromiso evangélico en el mundo del trabajo: el Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos (MMTC) y la Acción Católica Obrera (ACO) de Catalunya. A través de su ejemplo hemos aprendido cómo se puede profundizar en la fe bajo este compromiso y cómo llevando cabo actuaciones en favor de la defensa de los derechos de los trabajadores se pueden mejorar las condiciones de trabajo y de vida de aquellos colectivos de población más desfavorecidos, víctimas de las políticas más agresivas de la lógica neoliberal. En este sentido nos adherimos a la reclamación del MMTC (y otras organizaciones) para que el trabajo decente sea recogido como como una prioridad específica básica y elemental en la agenda de desarrollo post-2015 de las Naciones Unidas.
Por todo ello, ponemos de manifiesto la necesidad de que la ciudadanía, los agentes sociales y los representantes de las instituciones públicas, debemos tomar consciencia, responsabilizarnos y actuar, cada uno dentro de sus posibilidades, ante las necesidades de cambio en las estructuras del mercado de trabajo. Creemos que es necesaria una reorientación en las políticas sociales y laborales que se están aplicando. Tenemos la obligación de hacer lo posible para mejorar las condiciones laborales, en su conjunto, y hacer del trabajo una actividad que dignifique a las personas y les permita vivir una vida más decente.
Rafael Allepuz Capdevilla
Justicia y Paz