La Juventud Estudiante Católica (JEC) y la Juventud Obrera Cristiana (JOC) queremos manifestar nuestro rechazo a los recortes educativos que se están llevando a cabo. Como movimientos juveniles presentes en el ámbito estudiantil y del mundo obrero y del trabajo no podemos quedarnos indiferentes ante la merma en los derechos de la juventud que dichos recortes van a acarrear.
Entre otras muchas medidas, estos recortes van a suponer un aumento de la ratio de alumnos/as por clase, con el perjuicio que ello tiene sobre el aprendizaje. Más aún si pensamos en el alumnado con mayores necesidades y dificultades en la adquisición de habilidades educativas. Con los recortes en educación se ponen trabas a la atención a la diversidad y se deja de lado al alumnado más débil y más necesitado.
También incrementan las horas lectivas del profesorado. Esta medida afecta al rendimiento de docentes, viéndose también así afectada la calidad de la enseñanza. Pero además, es una medida que generará más paro y precariedad entre los/as interinos/as. Nuevamente será el alumnado quien asista atónito al deterioro de su enseñanza. Cabe citar como ejemplo aquellos casos en los que no serán cubiertas las bajas, perdiéndose o reduciéndose los programas de las asignaturas impartidas.
Cuestionamos también que se pretenda mejorar la eficiencia en la Universidad del modo propuesto: con el aumento de las tasas universitarias y la reducción de becas al estudio y su progresiva sustitución por préstamos-renta. Desde nuestros movimientos consideramos que esto es una quiebra de la equidad lograda en el acceso a la enseñanza superior. Las clases populares y más desfavorecidas económicamente van a ver obstaculizada, cuando no impedida, su posibilidad de acceso a este nivel educativo. Se verán abocadas, pues, a un temprano acceso al mercado laboral donde quedarán relegadas a empleos expuestos a una mayor precariedad y con menores posibilidades de mejora y estabilidad.
Desde nuestro punto de vista se está fomentando la inversión de las empresas privadas en las universidades, mercantilizando la educación y convirtiendo un derecho básico en un privilegio. La inversión pública no puede decaer en los derechos que son básicos. Al contrario, hay que invertir en ellos, y más en momentos de especial dificultad. Si no es así, estaremos contribuyendo a incrementar todavía más las desigualdades de una sociedad que cada vez más ve como las personas con menores recursos y posibilidades tienen mayores dificultades para acceder a servicios hasta ahora públicos y universales.
Y lo que parece más grave. Esto se ha hecho sin haber tenido en cuenta a los representantes de la comunidad educativa, y, en especial, sin haber escuchado a los representantes estudiantiles.
Sin embargo, hay actitudes que están resurgiendo entre la juventud y el profesorado. Actitudes y sentimientos de lucha por la justicia, por los derechos humanos y por la igualdad. Nosotros también apostamos por ello. No podemos permanecer sentados viendo cómo dejamos de ser protagonistas de nuestra propia educación. No hay que resignarse y creer que esto no tiene otras soluciones. Creemos en la utopía; trabajemos por ella.
Terminamos por último, como movimientos apostólicos, apelando a la Doctrina de la Iglesia en este ámbito. Dice la declaración Gravissimum Educationis que “el mismo Estado debe proteger el derecho a una educación escolar adecuada, vigilar la aptitud de los maestros y la eficacia de los estudios, mirar por la salud de los alumnos y promover, en general, toda la obra de las escuelas, teniendo en cuenta el principio de la función subsidiaria y excluyendo, por ello, cualquier monopolio escolar» (Grav. educationis, 6).
Madrid, 10 de Mayo de 2012