Comunicado HOAC Getafe sobre Eurovegas

Ante las declaraciones del presidente de la Comunidad de Madrid, Don Ignacio González, dirigidas al Obispo de Getafe, Don Joaquín María López de Andújar, por haber mostrado públicamente su preocupación y sus dudas sobre el proyecto “Eurovegas”,  la HOAC de la Diócesis de Getafe queremos manifestar lo siguiente:

1.- Está en la naturaleza de la misión de la Iglesia promover el Bien Común y defender la Justicia Social, especialmente en aquellas situaciones en que las personas más vulnerables y debilitadas más sufren, por encima de intereses particulares, corporativistas o de grupo.

2.- La Iglesia, con su gran acervo doctrinal en el ámbito social, viene insistiendo, también en la actual coyuntura de emergencia social y múltiples crisis, en que el verdadero desarrollo humano no puede limitarse al progreso material, sino que han de contemplarse también otras mejoras de orden espiritual y social.

3.- La Iglesia reconoce la legitimidad que asiste a los actores políticos a la hora de tomar medidas que favorezcan el progreso de sus comunidades o resuelven los graves problemas planteados, así como respeta las reglas democráticas que han de ordenar la convivencia, entre las que se encuentra la libertad de pensamiento y de expresión, a la que la misma Iglesia recurre, como un agente más de la sociedad, para llevar su mensaje a todas las personas y contribuir, en fidelidad a su misión, al mejoramiento social y promoción de los últimos.

4.- Por todo ello, consideramos, no solo acertadas las palabras de nuestro obispo con las que cuestiona la idoneidad del proyecto conocido como “Eurovegas”, sino una muestra más del servicio que como autoridad eclesial está llamado a prestar tanto a la comunidad cristiana como al resto de la sociedad, así como de evidente ejemplo de su exquisita sensibilidad social hacia los graves sufrimientos que la actual coyuntura aflige a gran parte de la población, que en gran número padece el drama del desempleo y la falta de un horizonte vital que les asegure el ejercicio libre y responsable de los derechos individuales y sociales, que como personas, les corresponde.

5.- La HOAC de Getafe quiere hacer pública la alarma que le provoca el anuncio de que las condiciones de trabajo de quienes sean finalmente empleados en el complejo que se pretende construir en Alcorcón vayan a quedar fuera de la legislación vigente, por lo que supone un claro caso de injusticia, además de abrir un peligroso camino de “dumping” social en el que los perjudicados principales serán los trabajadores, por ver así vulnerados los derechos reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico.

Hermandad Obrera de Acción Católica de la Diócesis de Getafe

Encuentro HOAC – LOC/MTC

El equipo ejecutivo de la LOC/MTC (Liga Obrera Católica/Movimiento de Trabajadores Cristianos de Portugal) y la comisión permanente de la HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica) ha mantenido su encuentro anual de coordinación durante los días del 17 al 19 de febrero en Burgos para compartir y analizar conjuntamente la vida y acción de los militantes –hombres y mujeres- de ambos movimientos y la situación del mundo del trabajo y de la Iglesia en ambos países.

Como punto de partida, hemos constatado la similitud de ambos países respecto a:

-las altas tasas de desempleos existentes, que han crecido este último año y vemos con preocupación que las perspectivas son de un continuo aumento.

-las últimas reformas laborales no han frenado la destrucción de empleo, sino que han generado el empeoramiento de las condiciones de trabajo, inestabilidad laboral y retrocesos en la negociación colectiva…

-los salarios indecentes, muchas veces de miseria, están abocando al crecimiento de una bolsa de trabajadores pobres, pese a su trabajo

-campañas de descrédito hacia las organizaciones de los trabajadores

-esta situación ha hecho que el poder adquisitivo de los trabajadores baje y condicione sus vidas teniendo que renunciar a niveles de vida mínimamente dignos.

-se ha generado un aumento en la inseguridad, la sensación de miedo e incertidumbre al futuro…

-miles de jóvenes cualificados de ambos países tienen que marchar a otros países y dejar su tierra y su familia para buscar un futuro

La realidad que vivimos no deja duda. La manera en cómo organizamos nuestra vida social no tiene al ser humano como centro de la misma: la persona no es lo primero, sino la rentabilidad económica. La consecuencia es evidente: los hombres y las mujeres del mundo del trabajo, especialmente las personas y las familias más débiles y excluidas, son las víctimas sobre quienes recae el peso de las consecuencias de la crisis. Los últimos casos conocidos de corrupción en diversas organizaciones económicas y políticas  desengañan a la sociedad. El hambre, las depresiones, los suicidios… son consecuencias dolorosas de un sistema económico y social capitalista neoliberal salvaje, que estructuralmente es injusto y se aleja del plan de Dios de un mundo de hermanos y hermanas. La Iglesia es muy clara en este sentido y nos recuerda en el Catecismo que “los traficantes cuyas prácticas usurarias y mercantiles provocan el hambre y la muerte de sus hermanos los hombres, cometen indirectamente un homicidio. Éste les es imputable.” (CIC 2269)

Las políticas de privatización y austeridad impuestas por la Unión europea y los poderes económicos financieros, a las que nuestros gobiernos se han plegado de manera absoluta, no han resuelto el problema del déficit público y del pago de la deuda. Entendemos que una de las causas principales de esta situación de  empobrecimiento vertiginoso de personas y familias enteras, son las decisiones políticas que se están tomando y sus desastrosas consecuencias.

Esta realidad nos hace preguntarnos qué Europa tenemos hoy y qué Europa queremos y debemos construir. ¿Una Europa con países ricos y pobres?, ¿donde no hay respeto por los derechos sociales alcanzados con mucho esfuerzos del movimiento obrero y de tantos hombres y mujeres que empujaron la historia para lograrlos?

Esta realidad social genera mucho sufrimiento. Muchas personas necesitan experimentar que las cosas pueden cambiar y que sus vidas y las de sus familias pueden configurarse de otra manera; sentir que la fraternidad y la comunión cimientan las relaciones personales y sociales; comprobar que el sistema político, las instituciones, las leyes y las decisiones políticas y económicas buscan el bien común; comprobar que son protagonistas de sus vidas… Realmente necesitan, necesitamos, una Buena Noticia para los pobres. Entendemos que la situación es tan urgente para tantas familias, que la respuesta inmediata es necesaria, pero no podemos contentarnos con estas respuestas. La caridad necesita de la justicia para ser verdadera caridad. Hemos de analizar las causas de esta situación de empobrecimiento para combatirlas e intentar revertir esta situación de retroceso de los derechos sociales y de quiebra de la democracia.

Como movimientos de Iglesia en el mundo obrero y del trabajo, queremos dar a conocer y experimentar la Buena Noticia de Jesucristo al hilo de la realidad que estamos viviendo. Desde nuestra conciencia de trabajadores y trabajadoras cristianos, nos preguntamos qué está ocurriendo con la vida social y la acción política que, lejos de responder a las necesidades de toda la persona y de todas las personas, las está empobreciendo y deshumanizando. Pese a ello, necesitamos decir alto y claro que otra política es posible y  necesaria.

Jesús de Nazaret nos invita una y otra vez en el Evangelio a estar al lado de los más necesitados, a fijarnos en los últimos, a acercarnos a los que están “sentados junto al camino” (Lc 18, 35) por eso desde el Evangelio queremos anunciar que sí es posible construir una vida social y desarrollar una acción política que realmente ponga a todos los hombres y mujeres en el centro de la misma, que afirme que la persona es lo primero. Y eso supone orientar nuestras vidas, personal y socialmente, y la actividad política desde la comunión, desde las necesidades de los empobrecidos.

Manifestamos, igualmente, que Dios actúa en esa misma realidad. Muchas iniciativas de personas y organizaciones sociales, políticas y sindicales, nos muestran otra manera de construir dicha realidad desde la acción política. Es posible el cambio. Junto a los vientos de empobrecimiento y deshumanización, se abren paso brisas de solidaridad, transformación y esperanza. Los y las militantes de nuestros movimientos queremos seguir atentos a todas las personas  y sus acontecimientos, celebrando y viviendo la fuerza del Resucitado para seguir trabajando por una acción transformadora del mundo obrero y del trabajo.

Burgos, 19 de febrero de 2013

En su web pueden encontrar los cortes de audio: https://www.hoac.es/2013/02/19/encuentro-bilateral-hoac-y-locmtc/

 

Organizaciones religiosas contra la Reforma Sanitaria

Varias organizaciones religiosas, algunas miembro del Foro de Laicos como Justicia y Paz, CVX – E, la HOAC… han reaccionado contra la reforma sanitaria. Recogemos esta noticia publicada en «El País», en la que se entrevistó a Isabel Cuenca, secretaria general de Justicia y Paz.

 

 

 

 

 

 

 

 

La reforma sanitaria que restringe la asistencia gratuita a extranjeros en situación irregular, viola los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia: la dignidad del ser humano, la solidaridad y el bien común. Por eso, una treintena de organizaciones religiosas se están movilizando contra la nueva norma que expulsa del sistema normalizado a 150.000 personas. Cáritas, Pueblos Unidos, Justicia y Paz, Ekumene, Comunidades de Vida Cristiana, Hermandad Obrera de Acción Católica… Entidades que, a través de manifiestos o actos —conjuntos e individuales—, han criticado duramente la reforma del Gobierno, que consideran “inmoral e injusta”. Algunos la definen incluso como “un apartheid sanitario”. Sus palabras y las declaraciones de algunos obispos, como los de Cataluña o Valencia, que se han mostrado “preocupados” por la situación, destacan frente al silencio de la Conferencia Episcopal Española.

“Es una medida discriminatoria que elimina derechos básicos a uno de los colectivos más vulnerables, las personas en situación irregular”, critica Brígida Moreta. Esta misionera carmelita ha iniciado una petición en la red de activismo ciudadano Actuable, con la que reclama al Gobierno la retirada de la medida. La propuesta ha reunido en varias semanas 20.000 firmas de apoyo. Aunque por ahora sin ningún resultado. Moreta, enfermera y comadrona que pasó 30 años en Malawi y que ha vivido en Kenia, Nigeria, Mozambique o Tanzania, considera que la exclusión de este colectivo —que solo podrá recurrir de manera gratuita a urgencias, pediatría y a la atención del embarazo y parto— crea un “apartheid sanitario”.

Lo mismo opina Daniel Izuzquiza, director de Pueblos Unidos, una entidad de la Compañía de Jesús de la que también forma parte Moreta y que tiene varios programas de apoyo en Madrid a estos colectivos. “La reforma toca el derecho a la salud por criterios puramente administrativos. Prima argumentos económicos frente a la dignidad de las personas”, afirma el jesuita. Justificación económica, además, dudosa, porque los expertos y economistas de la salud ya han puesto en tela de juicio que la medida vaya a generar el ahorro de al menos 500 millones de euros que anunció el ministerio que dirige Ana Mato.

Tampoco satisface a las entidades católicas la solución que propone Sanidad —lo hizo, de hecho, tras el gran revuelo formado por el decreto— para los excluidos: que las comunidades firmen convenios con organizaciones no gubernamentales para derivar a sus centros a los inmigrantes sin papeles. “Las organizaciones no tienen los mismos medios que la sanidad pública. Prestan una atención complementaria, pero no puede sustituirla en muchas cosas”, expone Isabel Cuenca, secretaria general de Justicia y Paz, entidad católica constituida en 1968 por la Conferencia Episcopal fruto del Concilio Vaticano II y que tiene, como explica Cuenca, la misión de mantener “la mirada atenta, el corazón sensible y la mano pronta para la caridad”. “Intentamos ver dónde se está atentando contra los derechos humanos y las situaciones de injusticia. Y este es uno de esos casos”, dice.

La situación es difícil también para los médicos, afirman las organizaciones religiosas, que han mostrado su apoyo a los profesionales que decidan objetar a la medida y continuar atendiendo a extranjeros sin papeles. “Obligándoles a que dejen de atender a una parte de la población se les está violentando en su ética y su profesión. Hay que unir fuerzas para apoyarles. Defendemos la objeción en muchos casos. Y este es uno”, dice la secretaria general de Justicia y Paz. Comunidades como Andalucía, País Vasco o Cataluña —que ha recurrido, por otros motivos, el decreto— ya han dicho que seguirán atendiendo a personas en situación irregular.

A estas reacciones se une una más. Las organizaciones —todas, católicas y laicas— que ya tienen programas de asistencia a personas en situación irregular alertan de que disponen cada vez de menos recursos a causa de los recortes. Una realidad golpea a los más débiles. “Si los recursos públicos resultan escasos, estas decisiones nunca pueden ser en perjuicio de los más pobres”, advierten desde la Mesa de Inmigración Diocesana de Sevilla (dependiente del obispado) que también se ha movilizado contra la nueva ley. “Absolutizar la lógica economicista sacrificando los valores humanitarios nos llama a recordar que una política no iluminada por la ética termina siendo injusta e ineficiente”, añaden.

Además, la medida es peligrosa, dicen. Cáritas, la organización solidaria de la Iglesia, presente en 6.000 parroquias y 68 diócesis, esbozaba hace unos días esos riesgos en un comunicado, en el que alertaba de que la reforma sanitaria puede aumentar la “estigmatización social” de los inmigrantes. “Alimenta un discurso reduccionista y lleno de riesgos, según el cual las personas migrantes que conviven y forman parte de nuestras comunidades son los responsables del deterioro socioeconómico actual”, aseguran.

Entre los obispos también ha habido críticas, aunque más veladas, a la nueva norma. Quien sí se ha pronunciado en contra es la Diócesis de Alicante. Su secretariado de Migración la ha considerado “inmoral” e “injusta”. Algunos activistas de estas organizaciones sostienen que con esta medida el PP traiciona sus raíces democristianas. “La reforma niega un principio básico de humanidad en el que ha insistido la doctrina social de la Iglesia”, afirma la asociación Juventud Obrera, que junto a la Hermandad Obrera de Acción Católica, se ha movilizado contra el texto. Y cita una pastoral y un documento de acción aprobado en 2007 por la Conferencia Episcopal: “Para la Iglesia, el emigrante, independientemente de la situación legal, económica, laboral, en que se halle, es una persona con la misma dignidad y derechos fundamentales que los demás, es un hijo de Dios (…) El inmigrante no es una fuerza de trabajo, sino una persona”

El jesuita Izuzquiza añade que la reforma es contraria a lo que marca el Evangelio. “En el capítulo 25 de [san] Mateo, Jesucristo se identifica con cada una de las personas en situación de necesidad, independientemente de su origen, raza o estatus jurídico. Dios mismo echa en cara en el juicio final: ‘¿Cuándo te vimos enfermo y no te asistimos?’, preguntan. ‘Lo que hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños [más frágiles y vulnerables] conmigo lo hicisteis’, responde Dios”.

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El día de la HOAC dedicado a defender los derechos sociales

El día de la HOAC, dedicado a defender los derechos sociales

 Las 44 diócesis en las que está presente la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) celebrarán el Día de la HOAC en torno al próximo 6 de mayo para proclamar que “los derechos sociales son un deber de justicia”, especialmente para con los más empobrecidos y castigados del mundo obrero y del trabajo.

El Día de la HOAC es una celebración anual en la que queremos compartir con la ciudadanía y con la comunidad eclesial la realidad actual del mundo obrero, este año, centrada en la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras como un deber de justicia.

Las políticas que se vienen practicando desde hace años, y las que se están aplicando con la crisis, están suponiendo un grave retroceso en el reconocimiento práctico de los derechos sociales. Los derechos sociales de las personas, de los trabajadores y trabajadoras, se están sacrificando en el altar de los beneficios inmorales de una minoría de muy poderosos económicamente que han impuesto su dictadura en las decisiones políticas. Frente a esta grave inmoralidad, como decía Juan Pablo II, es hora de decir, y de repetir cada día, bien alto, que “las necesidades de los pobres deben tener preferencia sobre los deseos de los ricos; los derechos de los trabajadores, sobre el incremento de los beneficio” (Toronto, 14 de septiembre de 1984). Es hora, sobre todo, de vivir y actuar en consecuencia con este principio básico de humanidad.

Los derechos sociales de las personas son una parte muy importante de los derechos humanos, vinculados a la dignidad de las personas. Todas las personas, sólo por el hecho de serlo, tienen derecho a la educación, a la sanidad, a una pensión digna para la vejez, a prestaciones sociales adecuadas a cada situación personal y familiar, a prestaciones suficientes en caso de desempleo, a unas condiciones dignas de trabajo, etc. Sin su reconocimiento práctico nos resulta más difícil realizar nuestra humanidad. Los derechos sociales son, además, una conquista, alcanzada con mucho esfuerzo y sacrificio. Una conquista lograda en la lucha por el reconocimiento de la dignidad de las personas.

El planteamiento de la Doctrina Social de la Iglesia sobre los derechos sociales de las personas es muy claro: su reconocimiento es fundamental para que la sociedad funcione humanamente, estando al servicio de la realización de las personas. Debe ser siempre una prioridad en razón del respeto a la dignidad de las personas y de la justicia debida a los empobrecidos.

En este sentido, Benedicto XVI, en “Caritas in veritate” hace un diagnóstico muy concreto de la actual situación. El funcionamiento de una economía profundamente desviada de su sentido humano y las decisiones políticas que se han tomado, están deteriorando las condiciones laborales y debilitando las redes de protección social, con“grave peligro para los derechos de los trabajadores, para los derechos fundamentales del hombre y para la solidaridad en las tradicionales formas del Estado social”. Es urgente modificar esta situación y, para ello, hace un llamamiento a recordar y poner en práctica un principio fundamental y básico de la ética social: “el primer capital que se ha de salvaguardar y valorar es el hombre, la persona en su integridad, pues el hombre es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social” (n. 25).

En razón de nuestra fe en Jesucristo, a la comunidad cristiana la práctica de la caridad política se nos propone como camino de humanidad, en lo personal y en lo social: El amor por el hombre, y en primer lugar por el pobre, en el que la Iglesia ve a Cristo, se concreta en la promoción de la justicia” (Juan Pablo II, Centesimus annus, 58). Vivir y proponer este camino de humanización es hoy fundamental.

Presentación Pública de la Campaña

Con tal motivo, la Comisión Permanente de la HOAC convocó el viernes 27 de abril unaRUEDA DE PRENSA en su sede situada en la Calle Alfonso XI, nº 4, 4ª planta, a las 12:00 horas, para dar a conocer los detalles de esta campaña.

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Cuaderno “Derechos Sociales, un Deber de Justicia”

Comunicado de la HOAC y la JOC: Justicia para las personas inmigrantes.

Hace tiempo que los gobiernos, con el pretexto de la crisis económica, están tomando decisiones que suponen un grave retroceso en los derechos laborales y sociales de personas y familias. Estas políticas están afectando muy negativamente al conjunto de la sociedad y, en particular, a las personas y familias más empobrecidas y vulnerables. Como ya hemos manifestado en otras ocasiones, consideramos estas políticas equivocadas e injustas. El actual Gobierno de España está llevando hasta el extremo estas políticas contrarias a los derechos laborales y sociales de personas y familias.
Entre estas decisiones se están tomando algunas que imponen recortes en el ejercicio de un derecho básico de las personas, en el acceso a una sanidad pública que atienda debidamente el derecho a la salud de las personas y a la debida atención sanitaria. Y dentro de ellas se ha tomado la decisión de que, desde el próximo 1 de septiembre, a las personas inmigrantes que no tienen regularizada su situación administrativa, se les negará la tarjeta sanitaria y, por tanto, la atención sanitaria que puedan necesitar (con excepción de las urgencias y la atención a menores de edad y mujeres embarazadas).
La Juventud Obrera Cristiana (JOC) y la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), consideramos que esta decisión es especialmente injusta e inmoral. Porque estamos ante un retroceso en el reconocimiento del acceso universal a la sanidad (que es lo justo) y, sobre todo, porque supone excluir de este derecho a personas especialmente vulnerables y empobrecidas (y atenderlas debidamente es lo moral). Con el Papa Juan Pablo II, consideramos que “apenas hay una señal más eficaz para medir la verdadera estatura democrática de una nación moderna que el comportamiento que muestra para con los inmigrados” (Homilía en Guadalupe, España, 1982). Personas a las que una legislación injusta ha dejado en una situación irregular administrativamente, ahora se les considera de inferior categoría en el acceso a derechos básicos. Es una desigualdad absolutamente inmoral.
Es una injusticia y una inmoralidad que niega un principio básico de humanidad en el que ha insistido la Doctrina Social de la Iglesia: “Todo emigrante goza de derechos fundamentales inalienables que deben ser respetados en cualquier situación” (Consejo Pontificio para la Pastoral de los Emigrantes, “Erga migrantes caritas Christi”, n. 5). Principio que los obispos españoles han concretado de forma que nos parece especialmente importante para una situación como la actual: “Para la Iglesia, el emigrante, independientemente de la situación legal, económica, laboral, en que se halle, es una persona con la misma dignidad y derechos fundamentales que los demás, es un hijo de Dios (…) El inmigrante no es “una fuerza de trabajo”, sino una persona. Con esto está dicho todo lo que a dignidad humana y derechos fundamentales se refiere” (Conferencia Episcopal Española, “La Iglesia en España y los Inmigrantes”, n. 5).
Por todo ello, la HOAC y la JOC:
1º.- Rechazamos la decisión adoptada por el Gobierno de España, por injusta e inmoral, y le pedimos una inmediata rectificación, devolviendo a los inmigrantes lo que en justicia les pertenece.
2º.- Pedimos al conjunto de la sociedad y a las organizaciones sociales que se opongan a esta decisión y hagan lo posible por modificarla.
3º.- Invitamos a las comunidades cristianas y al conjunto de la Iglesia a asumir la especial responsabilidad que tenemos en la defensa de los derechos de justicia de quienes son más pobres y vulnerables.
Madrid, 4 de mayo de 2012