Las organizaciones de Iglesia que acompañan a las personas víctimas de trata recuerdan el principio establecido en el artículo 4 de la Declaración de los Derechos Humanos en 1948, donde se señala que “nadie podrá ser objeto de esclavitud o servidumbre; la esclavitud y el comercio para la esclavitud están prohibidos en cualquiera de sus formas”.
A pesar de que han transcurrido casi 70 años de la Declaración, denunciamos que esta esclavitud no ha desaparecido, sino que la hemos invisibilizado.
En la actualidad, en el mundo se trafica cada año con miles de personas para extraerles órganos y comercializar con ellos. Lejos de disminuir, se trata de una lacra que va en auge: existen niños y niñas soldado que son obligados a tomar un fusil, y personas con discapacidad explotadas en la mendicidad, al tiempo que aumenta la trata de mujeres forzadas a ejercer la prostitución. Mientras, los ingentes beneficios generados por estas actividades se blanquean en paraísos fiscales que operan con el beneplácito de la comunidad internacional.
La explotación sexual es una de las formas más graves de esclavitud del siglo XXI, que genera un movimiento económico diario de grandes dimensiones y que deja miles de víctimas en el camino. España es uno de los primeros países de Europa consumidor de sexo y prostitución, y en los últimos años estamos observando cómo aumenta el número de víctimas de trata españolas. No podemos acostumbrarnos a ver esta práctica como algo “normal”, ni permanecer indiferentes ante la cosificación de lo más sagrado, como es la vida humana en toda su dimensión de libertad y de dignidad.
La violencia contra las mujeres y las niñas es, probablemente, la violación de los derechos humanos más habitual, y que afecta a un mayor número de personas. Este escándalo cotidiano, que se manifiesta de diferentes maneras y tiene lugar en múltiples espacios, posee una raíz única: la discriminación por ser mujer. Como ha señalado la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “aún se precisan esfuerzos ingentes para garantizar la realización del derecho de las niñas y las mujeres a una vida libre de violencia”. En el caso de la trata, a la desigualdad entre hombres y mujeres, hay que sumar las situaciones de pobreza, e incluso de conflicto, que atraviesan los países de origen de las víctimas.

El fenómeno migratorio en Europa genera, también, situaciones de alta vulnerabilidad, sobre todo en mujeres y niñas. La falta de protección en materia de derechos humanos que padecen las personas en situación de movilidad contribuye a que se acentúe el abuso de poder y las agresiones sexuales, que deja a las víctimas totalmente desamparadas ante la justicia internacional y europea. El drama de las violaciones sufridas por miles de mujeres refugiadas ha sido, precisamente, la “voz de alerta” que muchas organizaciones han lanzado en los últimos meses tanto a los responsables políticos como a la opinión pública.
En territorio de guerra, lo más peligroso no es ser soldado, sino ser mujer. En diversas ocasiones hemos observado como el cuerpo de las mujeres se convierte en campo de batalla, utilizado por todos los actores del conflicto. Sabemos que las mujeres son secuestradas y trasladadas a las zonas de guerra para ser utilizadas como esclavas sexuales. Se ha constatado que, durante las huidas masivas, miles de mujeres, niñas y niños desaparecen y se convierten en la mercancía de un lucrativo e inhumano negocio.
Desgraciadamente el número de víctimas de trata aumenta considerablemente de año en año y, según las estadísticas de Naciones Unidas, un tercio de las víctimas de trata son niños y niñas. En el mundo hay dos millones de niños y niñas objetos de explotación sexual. Como ha exclamado el papa Francisco, nuestras organizaciones quieren recordar que “son niños, no esclavos” y, como infancia vulnerable, estos niños y niñas tienen derecho a ¡tener derechos! La adopción de medidas en favor de todos ellos no puede esperar más.
En esta Jornada Europea, como entidades cristianas respaldadas por la sección de Trata de la Comisión Episcopal de Migraciones, denunciamos las políticas que aumentan la vulnerabilidad de las personas y el riesgo de ser sometidas a trata, especialmente los niños y niñas menores de edad y que se encuentran en procesos migratorios.
Urgimos a la sociedad civil y Administraciones públicas a sumar esfuerzos para erradicar esta lacra social, protegiendo a las víctimas y persiguiendo a aquellas personas y organizaciones criminales que se enriquecen a costa de las víctimas.
 

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