La despoblación rural (y de las medianas y pequeñas ciudades) es uno de los grandes retos que enfrentan nuestras sociedades hoy en día. De la mano de este problema viene otro, el de los desequilibrios territoriales: una gran parte de la población viviendo en extensiones muy pequeñas del territorio y el resto del territorio prácticamente desierto. En concreto, en nuestro país el 90% de la población vive en el 30% del territorio (las grandes ciudades y el litoral), mientras que el 10% restante de la población vive diseminado por el 70% de la extensión de nuestro país. Y estas desigualdades demográficas tienen serias consecuencias económicas, sociales, ambientales y culturales.

¿Es el equilibrio territorial una contribución al bien común?

Es erróneo afirmar que dé igual dónde viva la gente. Del mismo modo es erróneo asumir que si amplias masas de territorio quedan despobladas, ello sea fruto de la libertad de las personas que emigran y que no existan detrás de este fenómeno causas de diversa índole (entre ellas, económicas o de falta de oportunidades) que obligan a estas personas a emigrar. Es por eso, por lo que no podemos pensar que no debemos hacer nada para cambiar esa situación. Partamos de dos presupuestos que una amplia mayoría de la población comparte: “es mejor que la población esté repartida por el territorio a que no lo esté” y “es mejor que los pueblos pequeños tengan vida a que no la tengan”. Si concordamos en estas premisas, podemos entender que el equilibrio territorial y la lucha contra la despoblación es una contribución al bien común y, por lo tanto, a ello deberían dar respuesta las políticas públicas.