No debe obviarse que la guerra, el hambre y las persecuciones están detrás de todas y cada una de las historias de las personas que salen de sus países. Tampoco debe obviarse que todos los países de la Unión Europea, además de los países en tránsito son signatarios de la Convención de Ginebra sobre el estatuto de los refugiados que obliga a los estados miembros a proporcionar protección a aquellas personas “que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no puedan o, a causa de dichos temores, no quieran acogerse a la protección de su país”.
La política migratoria de la Unión Europea, a través de sus distintos instrumentos de control fronterizo, entre los que se encuentran el refuerzo de las fronteras terrestres y marítimas, los acuerdos de readmisión y la externalización de la gestión de los flujos a países como Marruecos, Libia, Egipto o Turquía, con un más que dudoso historial en materia de protección de derechos humanos, no hacen sino hacer de las rutas migratorias trampas mortales que cada año se cobran miles de vidas. Normalizando así una cultura de la muerte de las que son cómplices los Estados miembros
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