Romper el vínculo entre los minerales y los conflictos armados: ¡es necesaria una normativa europea obligatoria!
En muchas áreas del mundo marcadas por conflictos, como la República Democrática del Congo, Colombia, Myanmar y África Central, la extracción y el comercio de los recursos naturales permite la financiación de muchos grupos armados, que a su vez son culpables de perpetrar atrocidades contra la población local y que desestabilizan el territorio. Con la obtención de recursos provenientes de estas zonas de conflicto o de alto riesgo, es probable que las empresas europeas estén alimentando este ciclo de violencia que socava los derechos humanos, la paz y el desarrollo. Es de esta manera que los minerales de sangre encuentran su camino para llegar a nuestros ordenadores, a nuestros teléfonos, nuestros coches y otros productos de uso diario.
Nos gustaría hacer referencia a las palabras expresadas por el Papa Francisco el 17 de julio de 2015, en las que habla de establecer una reunión con expertos e inversores en el sector minero a favor de un cambio de paradigma radical. El Papa nos recordó que “los minerales y, en general, la riqueza contenida en la tierra, el suelo y el subsuelo, constituyen un don precioso de Dios, que la humanidad ha estado utilizando desde hace miles de años”.
Basándose en su reciente encíclica sobre la protección del medio ambiente, Laudato Si’, el Papa considera que una explotación verdaderamente prudente de la riqueza de la tierra es la que tiene en cuenta los imperativos económicos, la justicia social y la protección ambiental. El Papa subraya que “una contribución a este cambio puede ser hecha por los gobiernos de los países de origen de las empresas multinacionales y de aquellos que operan, por las empresas y los inversores, por las autoridades locales que supervisan las operaciones mineras, los trabajadores y sus representantes, por las cadenas de suministro internacionales con sus diversos intermediarios y los que operan en los mercados de estos materiales, y por los consumidores de bienes para la producción que requieren los minerales. Todas estas personas están llamadas a adoptar una conducta inspirada en el hecho de que constituimos una sola familia
humana”.
El 20 de mayo de 2015, el Parlamento Europeo votó a favor de un reglamento diseñado para exigir a las empresas europeas que importan estaño, tungsteno, tantalio y oro en cualquiera de las formas en que se encuentran, ya sea en bruto o procesados, para que aseguren que actúan de manera responsable a la hora de comprar los minerales. Esta es
una victoria en la lucha contra las violaciones masivas de los derechos humanos, aunque todavía debe ser confirmada por el proceso de diálogo a tres bandas con los estados miembros.
De este modo, el Parlamento Europeo recomienda la adopción de prácticas de diligencia debida que requieren que las empresas identifiquen y prevengan los riesgos a lo largo de toda su cadena de suministro. Esto debería permitir a las empresas garantizar que los minerales que compran a sus proveedores no están siendo utilizados para financiar grupos armados. A pesar de que con esta resolución el Parlamento Europeo no acabará con todos estos conflictos, al menos hará que las empresas asuman su parte de responsabilidad.
Poner las consideraciones éticas antes de que el lucro
Es necesaria una regulación obligatoria para luchar con eficacia contra los minerales de conflicto y las atrocidades terribles que alimentan, como es el caso en el este de la RDC. Este enfoque recibe el apoyo no sólo del Doctor Mukwege, ganador del premio Sajarov, sino también de los inversores europeos y de ciento cincuenta obispos de todo el mundo.
Una de las intenciones del Parlamento Europeo al proponer este sistema obligatorio es hacer que nuestras empresas en Europa presionen todos los actores upstream de su cadena de suministro, como los fundidores asiáticos y los refinadores que venden sus productos en el mercado europeo, por fin de persuadirles de que cambien sus prácticas. Las PYME en Europa también podrían beneficiarse de este efecto multiplicador, ya que podrán formar parte de las cadenas de suministro responsables de que ya habrán sido establecidas por los consorcios más grandes.
Para que sea lo más completa posible, la regulación debe considerar también la introducción de “medidas de acompañamiento” para apoyar a los actores locales y para formalizar el sector para mejorar las condiciones de trabajo de los mineros locales y artesanales.
¿Puede ser esto realmente comparado con la Ley Dodd Frank?
Muchas personas se han manifestado en contra de esta regulación, comparándola con la Ley Dodd Frank, que es un pedazo de la legislación estadounidense que, tal como afirman, ha obligado a las empresas a buscar sus suministros a otros sitios fuera de la zona de los Grandes Lagos, creando así un embargo y privando a los mineros locales de
una fuente vital de ingresos.
Sin embargo, la propuesta europea de legislación difiere de la legislación norteamericana, ya que no está diseñada para introducir el etiquetaje del producto y no está dirigida únicamente a la República Democrática del Congo, sino a todas las
regiones en riesgo. Es muy dudoso que la culpa de los problemas que enfrenta el sector minero congoleño artesanal sea en su totalidad culpa de la Ley Dodd Frank, ya que es imposible aislar los efectos de esta legislación de los efectos de otras iniciativas existentes destinadas a introducir orden en el sector. De hecho, las dificultades relacionadas con el acceso al mercado internacional comenzaron a raíz de la decisión tomada por el presidente Kabila de suspender sus actividades durante varios meses en 2010. Por otra parte, dado que la Ley Dodd Frank no entró en vigor hasta principios de 2013, es demasiado pronto para sacar conclusiones definitivas con respecto a sus impactos.
Crear cadenas de suministro limpias
Es cierto que la Ley Dodd Frank está detrás de numerosos proyectos diseñados para crear cadenas de suministro “limpias” en el Congo y se está haciendo un progreso real en este sentido. La prueba de ello se encuentra en el hecho de que 129 minas han sido certificadas como “verdes” por el gobierno congoleño. Con esta certificación se afirma el hecho de que no hay grupos armados en estas minas, y que los niños o las mujeres embarazadas no trabajan.
Sólo un sistema europeo obligatorio puede tener una influencia efectiva en las prácticas económicas. El hecho de que la guía de la OCDE sobre la diligencia debida, que no es obligatoria, se aplique sólo en un 4% de las empresas europeas es buena prueba de la necesidad de una legislación vinculante y es por esta razón que los estados miembros deben confirmar la legislación adoptada por el Parlamento Europeo.
Firmas que representan las Comisiones Europeas de Justicia y Paz:
Stefan Krummel (Austria)
Pieter Vandecasteele (parte flamenca de Bélgica)
Axelle Fischer (parte de habla francesa de Bélgica)
Isabel Cuenca (España)
Denis Vienot (Francia)
Sebastiaan van der Zwaan (Holanda)
Mgr. Jean-Claude Hollerich (Luxemburgo)
Pedro Vaz Patto (Portugal)
Cecilia Taylor (Reino Unido)
Sra. Madeleine Fredell (Suecia)
Wolfgang Bürgstein (Suiza)
Si desean obtener más información, véase: https://www.juspax-es.org/news/romper-el-vinculo-entre-los-minerales-y-los-conflictos-armados:-%C2%A1es-necesaria-una-normativa-europea-obligatoria!/