La muerte, el pasado 6 de febrero, de al menos quince inmigrantes que trataban de llegar a territorio español a través de la frontera de Ceuta es un drama humano de primera magnitud, que nos produce una profunda tristeza y dolor.
Además, las circunstancias en que dichas muertes se han producido suscitan graves dudas acerca de la actuación de las fuerzas de seguridad españolas. Por ello, consideramos necesaria una investigación independiente y exhaustiva acerca de estos hechos, a fin de determinar y exigir posibles responsabilidades, así como una revisión en profundidad de la estrategia policial empleada, para tratar de evitar la repetición de una tragedia como esta.
Son ya desgraciadamente demasiado frecuentes los sucesos de personas que mueren tratando de llegar a Europa. Hace unos meses lamentamos también las muertes de inmigrantes en las costas de la isla italiana de Lampedusa, mediante nuestra nota del pasado 1 de noviembre.
Lo cierto es que estos hechos vuelven a poner en cuestión el compromiso afirmado en repetidas ocasiones por la Unión Europea (UE) de que sus políticas de asilo, gestión de flujos y control de fronteras sean respetuosas con los derechos humanos. Las rígidas fronteras europeas, para cuyo control y vigilancia no se escatiman recursos, no solamente no evitan las entradas irregulares, sino que hacen de la decisión de emigrar un proyecto peligroso que pone en riesgo vidas y alimenta a las mafias, contribuyendo además a crear una visión criminalizadora de los inmigrantes irregulares, que es a menudo aprovechada para alentar posturas racistas y xenófobas en el seno de la UE.
En estos momentos en los que desde la Comisión Europea se está revisando el diseño de lo que serán las grandes líneas futuras de su política migratoria, es preciso reiterar la necesidad de que sean tenidas en cuenta las recomendaciones señaladas por el Relator de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Migrantes, así como las de numerosas organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentra el grupo de organizaciones cristianas (COMECE, CCME, Caritas Europa, ICMC, Eurodiaconia, JRS-Europe, QCEA) o PICUM (Plataforma por los derechos de los inmigrantes indocumentados en Europa).
En este sentido:
– Es exigible que se parta de un contexto más acorde con la realidad en las políticas de gestión de flujos laborales, reconociendo necesidades no cubiertas en los mercados de trabajo y propiciando que se abran más canales, realistas y eficaces, para favorecer la inmigración regular con derechos plenamente garantizados y en un contexto de absoluta transparencia.
– Es necesario dejar de restringir el derecho a la reagrupación familiar a través de la aplicación de la directiva sobre reagrupación en su más amplio sentido.
– Es preciso evitar que la UE externalice la vigilancia de fronteras o la protección a los grupos más vulnerables y que no se confieran a países con dudosa reputación en materia de protección de los derechos humanos.
– La UE debe cuidar de una manera exquisita la transparencia y las garantías en los procedimientos de asilo, devolución y retorno.
La aplicación de todas estas medidas podría reducir drásticamente el número de personas muertas en su intento de llegar a la UE.
La construcción de una UE que pretende ser referente en el respeto a los derechos humanos (ver Preámbulo del Tratado de la UE) implica la revisión y en su caso eliminación de aquellas políticas, iniciativas e instrumentos que en su modo de aplicación acaben vulnerando los mismos.
Por último, como ya expresamos en la nota de Lampedusa, volvemos a pedir un mayor y más profundo compromiso de los países europeos a favor de la asistencia humanitaria y la cooperación al desarrollo en África y Oriente Próximo, que favorezca la paz y la democracia, afrontando de esta manera las causas que generan emigración.
En sintonía con el papa Francisco que alertaba sobre el peligro de globalizar la indiferencia, y en comunión con los obispos españoles que, con motivo de la Jornada Mundial del Inmigrante y del Refugiado 2014, abogaban para que “no se niegue el auxilio y la asistencia a los inmigrantes en situaciones de peligro para la vida”, reiteramos la necesidad de recuperar el sentido de la responsabilidad fraterna entre personas y pueblos. Una fraternidad capaz de remover las estructuras de injusticia y egoísmo, generadoras de insoportables carencias y desigualdades que están en el origen de los fenómenos migratorios masivos hacia Europa.
Comisión General de Justicia y Paz
Madrid, 14 de febrero de 2014
