#SeJustoMU: No permitas que el #ebola caiga en el olvido

El mes de noviembre fue el peor en Sierra Leona desde que se declaró este brote de ébola. Nuestro socio local, el director de Cáritas Freetown, Peter Kontheh, se pregunta por qué la enfermedad se ha hecho fuerte en el país pesar de los esfuerzos nacionales e internacionales para poner fin a la epidemia. “El aumento incesante de nuevos casos, cuando en diciembre se esperaba doblar la curva a una trayectoria descendente, es particularmente preocupante”, afirma.

El religiosos sierraleonés lamenta unas cifras que presentan una realidad “deprimente”, y que dejan patente que “aún no se ha encontrado la solución a este brote”.

Por su parte, el emocionante testimonio de la hermana Elisa Padilla, nos habla de pequeños y grande gestos. De héroes anónimos que trabajan para hacer frente a una epidemia que todavía no parece estar dispuesta a pasar a la historia como el peor brote de ébola que se recuerde.

“En medio del miedo a infectarnos que a veces nos llega a bloquear e impide que hagamos el bien que pudiera hacerse, se ven actos heroicos como la enfermera que ante el cadáver de una mujer que dio a luz en la calle tuvo la fuerza de cortar el cordón umbilical y salvar al pequeño que lloraba junto a una madre que jamás conocería”.

La religiosa mexicana nos pide que demos a conocer el día a día del pequeño país africano, para que la costumbre no haga que el calvario que están viviendo termine cayendo en el olvido: “Otra mujer que era llevada al hospital infectada por el ébola, se desprendió de su pequeña de tres meses para que ella tuviera mas posibilidad de vivir y fue recibida por su vecina que también estaba alimentando a su bebe. Si hay leche para una, habrá para dos. No es cosa que se cuestione. El compartir lo llevan en la sangre”.

En las calles del país hay miedo. La gente no se atreve a acudir al hospital por temor al diagnóstico o al estigma. Y muchos mueren por enfermedades que nada tienen que ver con el virus. “No todos los que mueren son victimas del Ébola. Por todas partes se ven anuncios motivando a la gente a acudir a tratamiento a los primeros síntomas y haciéndolo tendrán más posibilidad de sanar”. “Si, porque el sanar es posible”, asegura.

La ayuda internacional, que tardó mucho en llegar, ahora se ve casi en cada rincón. También la religiosas con las que hace años trabaja Manos Unidas han sentido de cerca lo que es la solidaridad: “Mucha gente, a nivel mundial, ha respondido positivamente a nuestros llamamientos enviándonos ayuda para poder dar de comer a quien está en cuarentena o vive en una pobreza tal que no puede pagarse una comida digna. También para un orfanato que, al ser puesto en cuarentena, no recibió suficientes recursos para la alimentación, encontramos una mano generosa que les dio de comer, y continúa haciéndolo”.

“¿Por qué llegó tan tarde la ayuda?” La misionera intenta encontrar una respuesta a tanta indiferencia inicial: “Quizá Dios ha permitido que la epidemia clame tantas victimas para que el mundo practique la caridad, para que el dolor humano doble los corazones y tienda la mano a quien cometió el crimen de ser pobre y de poseer cantidad inmensa de minerales y piedras preciosas… Aunque la piedra más preciosa es la del perdón”.

“Solamente cuando la vida vuelva a tomar su curso, será cuando nos damos realmente cuenta de a cuántas personas hemos perdido. Porque las victimas de esta epidemia tendrán rostro y nombre. Entonces alzaremos los brazos al cielo y con Jesús en la cruz diremos al Padre, ‘Perdónalos porque no saben lo que hacen’”, afirma convencida.

Para que todas esas personas, las víctimas, los héroes anónimos y todos los que trabajan para combatir una epidemia que se ha cobrado ya demasiadas vidas, no caigan en el olvido:
Implícate en nuestra campaña:
#SeJustoMU – #SeJustaMU

Información extraída de: http://www.manosunidas.org/noticia/sejustomu-no-permitas-el-ebola-caiga-el-olvido

Justicia y Paz: Nota sobre la Reforma de la Jurisdicción Universal de los tribunales españoles

Ante la proposición de Ley que se tramita en las Cortes Generales, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, de reforma de la jurisdicción universal de los tribunales españoles prevista en el art. 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, queremos expresar:

1. Nuestra profunda preocupación ante esta reforma, que puede significar la práctica desaparición de la jurisdicción universal, asumida por el Estado español en el año 1985, y que se había convertido en un referente internacional en materia de prevención y sanción de crímenes contra la humanidad.

2. Esta reforma constituirá un grave retroceso en materia de protección de los derechos humanos y favorecerá la impunidad por estos crímenes. La modificación legal puede significar el sobreseimiento de la mayor parte de causas que investiga actualmente la justicia española por graves crímenes cometidos en otros países, como el genocidio en el Tíbet, en Rwanda (con el asesinato de nueve ciudadanos españoles) o en Guatemala, los asesinatos de jesuitas españoles de la UCA en El Salvador, la muerte del periodista José Couso en Irak, el caso de los “vuelos de la CIA”, casos de desapariciones de persones en el Sahara, etc.

3. En el año 1999 el Gobierno del PSOE ya promovió una drástica limitación de la jurisdicción universal española. Desde entonces, ésta ya sólo se puede activar cuando los presuntos responsables sean españoles o residan en España o bien cuando existan víctimas españolas o los hechos tengan alguna relación con España. A pesar de esta limitación, la Audiencia Nacional ha continuado con algunos de estos procesos, al tener en cuenta la existencia de víctimas españolas o una conexión de los hechos con España.

4. Ahora bien, la propuesta de reforma, canalizada por la insólita vía de proposición de Ley del Grupo Popular en lugar de proyecto del Gobierno (vía que evita la petición previa de informes a diferentes instituciones del Estado), dejará prácticamente vacía de contenido la jurisdicción universal. En la mayor parte de los casos, solamente será posible actuar cuando el presunto responsable sea español (situación que no queda englobada propiamente en el concepto de justicia universal) o bien, si es extranjero, sólo en caso de que resida en España o bien que se encuentre en España (situación muy improbable) y su extradición a terceros Estados haya sido rechazada. Si no se dan estos supuestos, no se podrá actuar, ni siquiera en el caso de que las víctimas sean españoles (excepto en los casos de terrorismo, tráfico de drogas, piratería aérea o marítima o trata de personas). El resultado será el archivo de la mayoría de causas en curso por crímenes contra la humanidad (ya que se prevé su inmediata entrada en vigor para todo proceso en curso), y la más que probable impunidad de estos crímenes u otros futuros.

5. Las circunstancias que rodean esta reforma (presiones del gobierno chino ante la imputación de algunos del sus ex dirigentes por el genocidio en Tíbet) hacen pensar que el Gobierno ha querido priorizar la defensa de los intereses económicos y geoestratégicos españoles sacrificando el principio de justicia universal y los derechos de las víctimas. La supresión de este principio no se puede justificar en base a la defensa de intereses nacionales, ya que es fruto de un necesario compromiso ético-político con la defensa de bienes superiores y con la protección de los derechos humanos frente a las agresiones más graves. Por otra parte, no se puede afirmar que esta jurisdicción comporte ninguna extralimitación, puesto que la regulación actualmente vigente en España y la jurisprudencia configuran la jurisdicción universal como estrictamente subsidiaria, es decir, que no se activa si un tribunal internacional o bien el Estado donde se han cometido estos crímenes o del cual sean nacionales sus responsables proceden (como sería su obligación) a investigar y juzgar con garantías estos crímenes.

Por todo ello, la Comisión General de Justicia y Paz reprueba la reforma de la Ley que regula la jurisdicción universal, retrocediendo en las obligaciones internacionales contraídas, pero lo que es más importante, ofreciendo impunidad a los responsables de crímenes internacionales e impidiendo a las víctimas el acceso a la justicia española.

 Madrid, 27 de febrero de 2014

 Comisión General de Justicia y Paz

Las 24 horas de Manos Unidas

24 HORAS QUE MUEVEN EL MUNDO es una acción de sensibilización para promover la solidaridad con los pueblos del Sur. La injusticia ensombrece nuestro mundo. Manos Unidas necesita tu colaboración para iluminarlo. Únete a las “24 horas que mueven el mundo” y ayúdanos a promover un mundo más justo y mejor para todos.

Nuestras metas son:

  • Facilitar la reflexión y el juicio crítico sobre los problemas de los países en desarrollo.
  • Abrir espacios donde oír la voz de las personas del Sur y crear conciencia social y política.
  • Impulsar el intercambio de conocimiento Norte-Sur.
  • Conseguir adhesiones a la misión de Manos Unidas, aprovechando el liderazgo de las delegaciones como agentes primordiales de sensibilización.

¿Cómo puedes participar?
Informándote sobre las actividades que se van a organizar en tu ciudad y participando en alguna de ellas.
Uniéndote a la marea de luz de “Enciende la llama”.

Y si no puedo acudir, ¿qué puedes hacer?
Hazte eco de las “24 horas que mueven el mundo” en tus redes sociales y contándoselo a todos. Puedes usar alguno de estos recursos.

  • Déjanos tu email y te mandaremos información
  • Haz un donativo a Manos Unidas
  • Hazte voluntario de Manos Unidas

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Más info aqui: http://www.manosunidas.org/campana24h/24-horas-mueven-el-mundo

Comunicado de la Comisión General de Justicia y Paz en relación con la nueva reforma del Código Penal.

En relación con la intención anunciada por el Gobierno de reformar nuevamente el Código Penal a fin de introducir, entre otras modificaciones, las figuras de la “prisión permanente revisable” y la “custodia de seguridad” de hasta diez años, la Comisión General de Justicia y Paz desea expresar:

1. La prisión permanente o perpetua es una pena cruel e inhumana porque impone un sufrimiento terrible a un ser humano, le aparta definitivamente de la sociedad, le somete a un aislamiento que destruye su condición de ser relacional y agrede profunda e irreversiblemente su salud mental, física, espiritual y su dignidad moral. Además, la prisión de por vida desprecia la condición siempre perfectible del ser humano y la posibilidad del perdón. No se debe negar nunca la posibilidad de que una persona que haya cometido graves crímenes se transforme interiormente, como fruto de un proceso libre y de un apoyo adecuado, para arrepentirse, reparar en lo posible el daño causado, reintegrarse socialmente y abrirse a amar.

2. Por todo ello, la prisión permanente es inconstitucional, ya que infringe la prohibición de penas inhumanas o degradantes (art. 15 Const.) y la exigencia de que las penas se orienten a la reinserción social del condenado (art. 25.2 Const.), un principio básico de humanidad y de justicia social. Encarcelar de por vida significa renunciar oficialmente a la reinserción. La reintroducción de esta pena es un grave retroceso en la necesaria evolución hacia un sistema de justicia penal más justo, más respetuoso de la dignidad humana y orientado a la consecución de la reintegración social de los penados.

3. El hecho de que sea “revisable”, es decir, que se pueda dejar sin efecto en determinadas condiciones, no elimina su crueldad ni su inhumanidad, ya que no impide que pueda ser mantenida prácticamente hasta el final de la vida. Obtener la libertad quedará pendiente de una decisión sobre la personalidad del penado que se convertirá fácilmente (e inevitablemente) en un juicio arbitrario. La decisión de liberar ya no se basará sobre la verdad de un hecho del pasado (delito cometido) sino en una hipótesis sobre la reincidencia futura o un juicio subjetivo sobre la moralidad de la persona o una respuesta política a las demandas de las víctimas o de la opinión pública. La conducta de la persona es imposible de prever a priori (porque entra en juego la libertad) y, por tanto, cualquier hipótesis de comportamientos futuros carece de toda base científica objetiva. Esta arbitrariedad es también la que conllevará la nueva medida de custodia de hasta diez años de prisión.

4. En cualquier caso, es una pena y un sufrimiento socialmente innecesario, porque su previsión legal y su imposición no tendrá más efectos preventivos del delito que la imposición de penas graves de duración determinada como las que prevé actualmente la ley vigente, que pueden llegar hasta cuarenta años de prisión. En realidad, la mejor prevención se obtiene afrontando seria y profundamente los diversos factores que favorecen la comisión de delitos, así como haciendo más probable su castigo, pero no con castigos más severos que no aportan solución alguna.

5. Por otro lado, el Gobierno ha anunciado otras modificaciones legales que previsiblemente comportarán un nuevo endurecimiento innecesario y contraproducente en la aplicación de las penas, con la probable consecuencia de un nuevo aumento de la población reclusa en nuestro país, que cuenta ya con una ratio de encarcelamiento superior a la media de Europa occidental, a pesar de que las tasas de delincuencia sean inferiores. Ello puede provocar más masificación penitenciaria y más dificultades para la reinserción social de los penados. Existen numerosos estudios científicos que muestran que la evolución de los penados con penas excesivamente largas es, a partir de un cierto momento, prácticamente nula y a menudo deriva hacia una degradación irreversible. Además, las continuas modificaciones del Código Penal que se producen desde hace quince años alteran gravemente su coherencia sistemática y dificultan su interpretación y su justa aplicación.

6. Finalmente, deseamos subrayar que, de acuerdo con lo que afirma el pensamiento social de la Iglesia, las penas “deben orientarse a la reinserción de las personas condenadas y a promover una justicia reconciliadora capaz de restaurar las relaciones de convivencia armoniosa rotas por el acto criminal” y nunca deben “privar definitivamente al condenado de la posibilidad de redimirse” (Compendio Doctrina Social de la Iglesia, n. 403 y 405).

Comisión General de Justicia y Paz

27 de septiembre de 2012

Comunicado de la HOAC y la JOC: Justicia para las personas inmigrantes.

Hace tiempo que los gobiernos, con el pretexto de la crisis económica, están tomando decisiones que suponen un grave retroceso en los derechos laborales y sociales de personas y familias. Estas políticas están afectando muy negativamente al conjunto de la sociedad y, en particular, a las personas y familias más empobrecidas y vulnerables. Como ya hemos manifestado en otras ocasiones, consideramos estas políticas equivocadas e injustas. El actual Gobierno de España está llevando hasta el extremo estas políticas contrarias a los derechos laborales y sociales de personas y familias.
Entre estas decisiones se están tomando algunas que imponen recortes en el ejercicio de un derecho básico de las personas, en el acceso a una sanidad pública que atienda debidamente el derecho a la salud de las personas y a la debida atención sanitaria. Y dentro de ellas se ha tomado la decisión de que, desde el próximo 1 de septiembre, a las personas inmigrantes que no tienen regularizada su situación administrativa, se les negará la tarjeta sanitaria y, por tanto, la atención sanitaria que puedan necesitar (con excepción de las urgencias y la atención a menores de edad y mujeres embarazadas).
La Juventud Obrera Cristiana (JOC) y la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), consideramos que esta decisión es especialmente injusta e inmoral. Porque estamos ante un retroceso en el reconocimiento del acceso universal a la sanidad (que es lo justo) y, sobre todo, porque supone excluir de este derecho a personas especialmente vulnerables y empobrecidas (y atenderlas debidamente es lo moral). Con el Papa Juan Pablo II, consideramos que “apenas hay una señal más eficaz para medir la verdadera estatura democrática de una nación moderna que el comportamiento que muestra para con los inmigrados” (Homilía en Guadalupe, España, 1982). Personas a las que una legislación injusta ha dejado en una situación irregular administrativamente, ahora se les considera de inferior categoría en el acceso a derechos básicos. Es una desigualdad absolutamente inmoral.
Es una injusticia y una inmoralidad que niega un principio básico de humanidad en el que ha insistido la Doctrina Social de la Iglesia: “Todo emigrante goza de derechos fundamentales inalienables que deben ser respetados en cualquier situación” (Consejo Pontificio para la Pastoral de los Emigrantes, “Erga migrantes caritas Christi”, n. 5). Principio que los obispos españoles han concretado de forma que nos parece especialmente importante para una situación como la actual: “Para la Iglesia, el emigrante, independientemente de la situación legal, económica, laboral, en que se halle, es una persona con la misma dignidad y derechos fundamentales que los demás, es un hijo de Dios (…) El inmigrante no es “una fuerza de trabajo”, sino una persona. Con esto está dicho todo lo que a dignidad humana y derechos fundamentales se refiere” (Conferencia Episcopal Española, “La Iglesia en España y los Inmigrantes”, n. 5).
Por todo ello, la HOAC y la JOC:
1º.- Rechazamos la decisión adoptada por el Gobierno de España, por injusta e inmoral, y le pedimos una inmediata rectificación, devolviendo a los inmigrantes lo que en justicia les pertenece.
2º.- Pedimos al conjunto de la sociedad y a las organizaciones sociales que se opongan a esta decisión y hagan lo posible por modificarla.
3º.- Invitamos a las comunidades cristianas y al conjunto de la Iglesia a asumir la especial responsabilidad que tenemos en la defensa de los derechos de justicia de quienes son más pobres y vulnerables.
Madrid, 4 de mayo de 2012