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“Profesores Cristianos por la Enseñanza Pública” han promovido un manifiesto contra la LOMCE entre cuyos firmantes aparecen dos movimientos del Foro de Laicos: Hermandad Obrera de Acción Católica y  Juventud Obrera Cristiana. Denuncian, entre otras criticas al proyecto de ley del ministro Wert, que se mantenga la asignatura de Religión Confesional como materia optativa con carácter evaluable para la obtención de títulos y becas, y proponen como alternativa la incorporación de una asignatura sobre el Hecho Religioso, con un currículo no confesional de rigor académico, plural, respetuoso y no vinculado a ninguna confesionalidad ni autoridad religiosa, sino académica.

El documento, que según los firmantes se “integra en la amplia corriente social que se ha levantado en todo el país para oponerse a la Ley Wert”, será presentado hoy  jueves día 4, a las 18.00 hrs, en el centro parroquial San Carlos Borromeo de Entrevías.

Reproducimos el manifiesto:

Iglesia que dice NO a la LOMCE

Como colectivos cristianos estamos convencidos de la importancia de la educación para el desarrollo integral de las personas, así como para la construcción de una sociedad integradora y compensadora de las desigualdades sociales, económicas y culturales, acorde con los principios universales del Evangelio.

Creemos, al igual que gran parte de la sociedad española, que una educación pública de calidad que permita el acceso de los más necesitados a todos y cada uno de sus niveles y recursos, es la única garantía que una sociedad tiene de que todos sus habitantes van a poder desarrollarse y disfrutar de las mismas oportunidades, independientemente de sus capacidades y de sus recursos sociales, económicos y culturales.

Con estas premisas queremos manifestar nuestro desacuerdo con la LOMCE desde los referentes que para nosotros marcan nuestra preocupación fundamental, las personas implicadas en el hecho educativo, a saber:

El alumnado:

• Que es ignorado por la ley en la etapa más temprana de escolarización y la que supone el pilar fundamental sobre el que se construye su éxito educativo posterior, la etapa infantil.
• Que se vería sometido a un sistema de reválidas que abre las posibilidades a la segregación y exclusión de aquellos con más necesidades y dificulta la promoción y titulación del alumnado en general.
• Al que se le exige una toma de decisiones prematura acerca de su futuro académico y profesional, sin haber alcanzado una necesaria madurez personal y en pleno desarrollo adolescente.

El profesorado:

• Del que se pone en duda su capacidad para valorar el progreso educativo al establecerse la necesidad de superar las revalidas para la obtención de títulos académicos, evaluaciones éstas que serían realizadas por agentes externos a la comunidad educativa.

• Cuya formación inicial para el ejercicio de su profesión , así como el permanente y continuo reciclaje, no es objeto de atención en una ley de supuesta calidad del sistema educativo, cuando está comprobado que esta formación es una de las piezas claves, necesarias para esa mejora.

• Que como claustro ve disminuida su capacidad de toma de decisiones en lo que compete a la organización del centro, ya que su representación en el consejo escolar se reduce a un mero elemento consultivo.

• De los que como miembros de equipos directivos no se fomenta su capacidad para tomar decisiones desde un liderazgo compartido, sino que se le atribuirían a la figura del director todas las competencias de un gestor empresarial con poder absoluto para la toma de
decisiones.

Las familias

• Que verían cómo se pone en peligro su posibilidad para acceder a un sistema educativo público, gratuito y de calidad como eje vertebrador de la educación del país, ya que se abren las puertas a la paulatina privatización del sector, delegando responsabilidades de escolarización total en determinadas etapas, tal y como venimos experimentando en algunas comunidades autónomas.

• Que serían tratadas como clientela a la que prestar un servicio sometido a las leyes del mercado y no como ciudadanía a la que se le debe asegurar un derecho fundamental y que sufrirían las consecuencias de una cada vez mayor desigualdad social, entre familias con posibilidades económicas y aquellas más desfavorecidas, en esta ocasión en relación con la educación de sus hijos e hijas.

• Cuya participación en la toma de decisiones de la vida del centro como parte implicada de una comunidad educativa, queda relegada a una mera representación consultiva en los consejos escolares.

Pensamos que hay numerosos aspectos del currículo y la estructura del sistema que se proponen en esta ley, que favorecen las situaciones antes mencionadas y que además ponen de manifiesto el carácter fuertemente ideológico de la ley como son:

1. Retirada del currículo de ciertas asignaturas como Educación para la ciudadanía o Ciencias del mundo contemporáneo, necesarias para el fortalecimiento de valores de participación ciudadana con espíritu crítico en sociedades democráticas y desarrolladas

2. Mantenimiento de la asignatura de Religión Confesional como materia optativa con carácter evaluable para la obtención de títulos y becas. Proponemos la incorporación de una asignatura sobre el Hecho Religioso con un currículo no confesional de rigor académico, plural, respetuoso y no vinculado a ninguna confesionalidad ni autoridad religiosa, sino académica.

3. Facilidad para la posibilidad de conciertos educativos con instituciones privadas, sin manifestación expresa alguna de una apuesta por el fortalecimiento de la escuela de titularidad pública, por lo que nos tememos el incremento de la primera, incluyendo aquí los centros que tienen como criterio la segregación por sexos, en detrimento de la segunda.

Es por todo esto que como ciudadanos requerimos la retirada de la LOMCE del trámite parlamentario que se desarrolla para su posible implantación. Y como cristianos, miembros de la Iglesia, pedimos a nuestros máximos servidores y representantes que en sus manifestaciones públicas sobre la cuestión educativa tengan en cuenta el interés por el bien común de la sociedad y la diversidad de opiniones y opciones que en relación con el tema educativo conviven en el seno de la Asamblea Universal de cristianos y cristianas.

El 1º de mayo ha sido históricamente un símbolo de la lucha del movimiento obrero por afirmar la dignidad de la persona en el trabajo. Las reivindicaciones del 1º de mayo se plantean en España, en un escenario con datos tan sangrantes como una cifra que supera los 6 millones de personas desempleadas, y una tasa de paro que entre los jóvenes se sitúa en torno al 55%. Más de 1,8 millones de hogares tienen a todos sus miembros en paro, la edad de jubilación se ha prolongado más allá de los 65 años, se está produciendo una media de 115 desahucios al día, personas jubiladas estafadas por las preferentes…

Este 1º de mayo está muy marcado por la última Reforma laboral aprobada en febrero de 2012. La mercantilización del trabajo y las políticas que se vienen practicando, están quebrando el Estado de Bienestar, devaluando el Sector Público y recortando en servicios y prestaciones Están profundizando la desigualdad estructural que sufre el mundo obrero y del trabajo, continúan debilitando las relaciones laborales sin garantizar la seguridad de una vida digna para las personas, y están aumentando la vulnerabilidad que sufren las mujeres y los hombres del trabajo, especialmente sus sectores más débiles.

Estas duras realidades están ocasionando terribles costes humanos: Miles de familias que viven con ansiedad e incertidumbre, afectadas en sus relaciones por situaciones de tensión, angustia, estrés, depresión.

Una juventud que se siente sin futuro, y que está emigrando fuera del país afectada por el desempleo de larga duración y por la incapacidad de lograr independencia económica debido a la inestabilidad laboral y los bajos salarios. Familias a las que les son arrebatadas sus viviendas porque ya no pueden pagar las hipotecas. Trabajadores de otros lugares que deben volver a sus países de origen por falta de salidas laborales y perspectiva de futuro…

Así lo constatamos desde las situaciones vitales de precariedad de nuestros militantes y las personas con las que entramos en contacto a través de nuestro trabajo y compromisos.

Cada día es más evidente que todo esto que nos está sucediendo es algo mucho más profundo que una crisis económica. Es todo el entramado institucional el que ha perdido toda credibilidad. Todo ha quedado como barrido por un tsunami de inmoralidad, por una profunda quiebra moral y ética, a la que no se ha prestado mucha atención hasta que mayorita-riamente nos ha tocado el bolsillo, lo que es significativo para evaluar el problema que tenemos.

Nos enfrentamos a una crisis de humanidad, que afecta a la persona y a las relaciones sociales e institucionales, y que se materializa en las respuestas mercantilistas y no humanas que estamos dando a los grandes problemas que tenemos.

La sola recuperación de la economía no será suficiente para hacer efectivo el derecho al trabajo; más bien, lo que se está produciendo es una recuperación económica contra el trabajo, un empobrecimiento de la sociedad, el desarrollo de procesos de bajo costo en las relaciones de producción y consumo. El trabajo como derecho, en los términos y formas en que lo hemos conocido, no volverá, aun en el caso de que se produzca una recuperación económica.

Ya Juan Pablo II nos advertía en “Laborem Exercens” de la necesidad de la defensa de la dignidad del trabajo y su centralidad. Hoy este mensaje tiene una vigencia plena: “El trabajo humano es una clave, quizá la clave esencial, de toda la cuestión social”. “Los pobres (…) aparecen en muchos casos como resultado de la violación de la dignidad del trabajo humano: bien sea porque se limitan las posibilidades del trabajo –es decir por la plaga del desempleo–, bien porque se desprecia el trabajo y los derechos que fluyen del mismo».

Se ha construido la economía de espaldas al trabajo y a las necesidades de las personas. Con los actuales niveles de desempleo, las personas nos vemos presionadas a trabajar bajo condiciones precarias, inseguras y con salarios indecentes. Y de la precariedad a la exclusión hay un margen muy pequeño.

Como movimientos cristianos en el mundo obrero y del trabajo, consideramos que a pesar de la situación caótica en la que nos encontramos, también se desarrolla el Plan de Dios. El Reino de Dios ya está en nosotros y entre nosotros: tenemos que vivir el Reino. O dicho de otro modo: para salir de la crisis en que nos encontramos, el camino consiste en vivir como ciudadanos del Reino de Dios.
Esto conlleva establecer relaciones de Comunión guiadas por la vivencia del Mandamiento Nuevo: un amor al prójimo que se fundamenta en el Amor de Dios (podemos amar porque Él nos amó primero). Vivir la comunión es la expresión del Reino de Dios en nuestras actividades cotidianas: Empresas, familias, Bancos, políticos y políticas, sindicatos, iniciativas de todo tipo…, que busquen comunión y que la construyan.

La comunión nos exige una transformación radical de nuestros modos de sentir, pensar y actuar. Esto es lo que necesi-tamos personalmente, como movimientos, en nuestra Iglesia y en nuestra sociedad.

Y para construir una sociedad humana es ineludible luchar por el derecho al trabajo y un trabajo decente, tal y como lo ha definido Benedicto XVI en Caritas in veritate.

La crisis nos llama no a salir de ella para volver a lo que teníamos, sino a construir un futuro nuevo, un mundo más justo y fraterno, un mundo que nos permita vivir como ciudadanos y ciudadanas del Reino de Dios.

www.hoac.es – www.joc.es
@hoac_es @juventudobrera

Celebramos nuevamente el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En esta fecha recordamos a tantas mujeres anónimas que han construido nuestra historia, muchas veces con sangre y sacrificio. Mujeres que han entregado su vida para que la situación de la mujer y de la sociedad avanzara en pro de la justicia, la igualdad, la paz y el desarrollo. Su lucha no fue en vano y hoy podemos ver sus frutos y sentimos «admiración hacia esas mujeres de buena voluntad que se han dedicado a defender la dignidad de su condición femenina mediante la conquista de fundamentales derechos sociales, económicos y políticos, y han tomado esta valiente iniciativa en tiempos en que este compromiso suyo era considerado un acto de transgresión, un signo de falta de femineidad, una manifestación de exhibicionismo, y tal vez un pecado» (Carta a las mujeres, 2 Juan Pablo II 1995).
A pesar de ello observamos cómo el patriarcado y el capitalismo siguen sometiendo a la mujer de diferentes formas: convirtiendo su vida en mercancía, dando menos oportunidades por razón de su sexo, con trabajos precarios y mal pagados, asignándole un papel de cuidadora y de sumisión por «naturaleza». Además en nuestra sociedad mercantilizada, el trabajo oculto del hogar y de los cuidados realizado tradicionalmente por las mujeres, necesario para sostener la propia vida y realizado desde la gratuidad, no es valorado ni considerado trabajo. Solo se reconoce cuando se le pone precio, cuando se convierte en empleo y es sometido a la lógica del mercado. Por ello, es necesario apreciar el trabajo del hogar y de los cuidados realizado por hombres y por mujeres.
A pesar de lo mucho que se ha avanzado en materia de igualdad entre hombres y mujeres en el plano normativo, constatamos que las mujeres siguen sin estar adecuadamente representadas en muchos ámbitos sociales, laborales, políticos y eclesiales. Por lo que son aún necesarios avances en la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral y la representación democrática, en la eliminación de estereotipos o en la erradicación de esa lacra que es la violencia de género.

Al recordar esta fecha nos duele ver cómo se van degradando los derechos sociales. Estamos en un momento muy delicado para el presente y el futuro de esos derechos, porque en el actual modelo económico los recursos necesarios para atenderlos se dedican al nuevo ídolo de la rentabilidad económica y al pago de la deuda.
Sin el reconocimiento justo de estos derechos se trastorna la justicia social y la democracia se rompe. Pero es más, ese reconocimiento es camino de humanización y libertad, de realización personal y desarrollo de la propia identidad. En el caso de las mujeres, por ejemplo, a ser madres. La realidad de muchas mujeres del mundo obrero es que no tienen capacidad de vivir esa dimensión de su vida desde la libertad porque la manera de concebir el trabajo y la economía se la roba.
Las políticas emprendidas en los últimos años (recortes sociales, reformas laborales, supresión de las ayudas a la dependencia…) han generado una precarización y flexibilización del trabajo, especialmente en las mujeres, que nos hace retroceder hasta épocas que pensábamos superadas, sobre todo en la economía sumergida. El paro no cesa de aumentar; España finalizó el año 2012 con la tasa de desempleo femenina más elevada de Europa, el 26,55% (EPA). Así mismo la tasa de desempleo juvenil, es alarmante, supera el 50% y más de la mitad se da entre las mujeres. Ante esta situación, entendemos que la educación es una de las principales claves para la erradicación a largo plazo de las desigualdades todavía existentes entre mujeres y hombres.
Por otra parte, no avanzaremos en justicia global si no hay personas que nos planteemos la vida teniendo presente, cada día, el empobrecimiento y la falta de protección social que sufren miles de millones de hermanos y hermanas nuestras, sobre todo las mujeres, que representan más del 70% de la población mundial en situación de pobreza. Y es precisamente en los países del Sur donde más sufren las mujeres esta falta de justicia social global.
El hambre y sed de justicia de las bienaventuranzas de Jesús de Nazaret se traduce en hambre de una vida liberada e íntegra, libre de cualquier forma de dominación, liberada para amar, gozar y crear más vida. Solo el reconocimiento de la igual dignidad del hombre y la mujer nos permitirá construir un mundo más justo y el pleno desarrollo de todos y todas. Como militantes de la HOAC y de la JOC, como miembros de la Iglesia, queremos seguir abriendo cauces a la corresponsabilidad de las mujeres en la sociedad y en la Iglesia y mostrando el rostro materno de Dios.
Madrid, 8 Marzo de 2013
HOAC y JOC

Hace tiempo que los gobiernos, con el pretexto de la crisis económica, están tomando decisiones que suponen un grave retroceso en los derechos laborales y sociales de personas y familias. Estas políticas están afectando muy negativamente al conjunto de la sociedad y, en particular, a las personas y familias más empobrecidas y vulnerables. Como ya hemos manifestado en otras ocasiones, consideramos estas políticas equivocadas e injustas. El actual Gobierno de España está llevando hasta el extremo estas políticas contrarias a los derechos laborales y sociales de personas y familias.
Entre estas decisiones se están tomando algunas que imponen recortes en el ejercicio de un derecho básico de las personas, en el acceso a una sanidad pública que atienda debidamente el derecho a la salud de las personas y a la debida atención sanitaria. Y dentro de ellas se ha tomado la decisión de que, desde el próximo 1 de septiembre, a las personas inmigrantes que no tienen regularizada su situación administrativa, se les negará la tarjeta sanitaria y, por tanto, la atención sanitaria que puedan necesitar (con excepción de las urgencias y la atención a menores de edad y mujeres embarazadas).
La Juventud Obrera Cristiana (JOC) y la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), consideramos que esta decisión es especialmente injusta e inmoral. Porque estamos ante un retroceso en el reconocimiento del acceso universal a la sanidad (que es lo justo) y, sobre todo, porque supone excluir de este derecho a personas especialmente vulnerables y empobrecidas (y atenderlas debidamente es lo moral). Con el Papa Juan Pablo II, consideramos que “apenas hay una señal más eficaz para medir la verdadera estatura democrática de una nación moderna que el comportamiento que muestra para con los inmigrados” (Homilía en Guadalupe, España, 1982). Personas a las que una legislación injusta ha dejado en una situación irregular administrativamente, ahora se les considera de inferior categoría en el acceso a derechos básicos. Es una desigualdad absolutamente inmoral.
Es una injusticia y una inmoralidad que niega un principio básico de humanidad en el que ha insistido la Doctrina Social de la Iglesia: “Todo emigrante goza de derechos fundamentales inalienables que deben ser respetados en cualquier situación” (Consejo Pontificio para la Pastoral de los Emigrantes, “Erga migrantes caritas Christi”, n. 5). Principio que los obispos españoles han concretado de forma que nos parece especialmente importante para una situación como la actual: “Para la Iglesia, el emigrante, independientemente de la situación legal, económica, laboral, en que se halle, es una persona con la misma dignidad y derechos fundamentales que los demás, es un hijo de Dios (…) El inmigrante no es “una fuerza de trabajo”, sino una persona. Con esto está dicho todo lo que a dignidad humana y derechos fundamentales se refiere” (Conferencia Episcopal Española, “La Iglesia en España y los Inmigrantes”, n. 5).
Por todo ello, la HOAC y la JOC:
1º.- Rechazamos la decisión adoptada por el Gobierno de España, por injusta e inmoral, y le pedimos una inmediata rectificación, devolviendo a los inmigrantes lo que en justicia les pertenece.
2º.- Pedimos al conjunto de la sociedad y a las organizaciones sociales que se opongan a esta decisión y hagan lo posible por modificarla.
3º.- Invitamos a las comunidades cristianas y al conjunto de la Iglesia a asumir la especial responsabilidad que tenemos en la defensa de los derechos de justicia de quienes son más pobres y vulnerables.
Madrid, 4 de mayo de 2012