Justicia y Paz: Nota acerca de la muerte de inmigrantes en Ceuta. ¿Hasta cuándo?

La muerte, el pasado 6 de febrero, de al menos quince inmigrantes que trataban de llegar a territorio español a través de la frontera de Ceuta es un drama humano de primera magnitud, que nos produce una profunda tristeza y dolor.

Además, las circunstancias en que dichas muertes se han producido suscitan graves dudas acerca de la actuación de las fuerzas de seguridad españolas. Por ello, consideramos necesaria una investigación independiente y exhaustiva acerca de estos hechos, a fin de determinar y exigir posibles responsabilidades, así como una revisión en profundidad de la estrategia policial empleada, para tratar de evitar la repetición de una tragedia como esta.

Son ya desgraciadamente demasiado frecuentes los sucesos de personas que mueren tratando de llegar a Europa. Hace unos meses lamentamos también las muertes de inmigrantes en las costas de la isla italiana de Lampedusa, mediante nuestra nota del pasado 1 de noviembre.

Lo cierto es que estos hechos vuelven a poner en cuestión el compromiso afirmado en repetidas ocasiones por la Unión Europea (UE) de que sus políticas de asilo, gestión de flujos y control de fronteras sean respetuosas con los derechos humanos. Las rígidas fronteras europeas, para cuyo control y vigilancia no se escatiman recursos, no solamente no evitan las entradas irregulares, sino que hacen de la decisión de emigrar un proyecto peligroso que pone en riesgo vidas y alimenta a las mafias, contribuyendo además a crear una visión criminalizadora de los inmigrantes irregulares, que es a menudo aprovechada para alentar posturas racistas y xenófobas en el seno de la UE.

En estos momentos en los que desde la Comisión Europea se está revisando el diseño de lo que serán las grandes líneas futuras de su política migratoria, es preciso reiterar la necesidad de que sean tenidas en cuenta las recomendaciones señaladas por el Relator de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Migrantes, así como las de numerosas organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentra el grupo de organizaciones cristianas (COMECE, CCME, Caritas Europa, ICMC, Eurodiaconia, JRS-Europe, QCEA) o PICUM (Plataforma por los derechos de los inmigrantes indocumentados en Europa).

En este sentido:

– Es exigible que se parta de un contexto más acorde con la realidad en las políticas de gestión de flujos laborales, reconociendo necesidades no cubiertas en los mercados de trabajo y propiciando que se abran más canales, realistas y eficaces, para favorecer la inmigración regular con derechos plenamente garantizados y en un contexto de absoluta transparencia.

– Es necesario dejar de restringir el derecho a la reagrupación familiar a través de la aplicación de la directiva sobre reagrupación en su más amplio sentido.

– Es preciso evitar que la UE externalice la vigilancia de fronteras o la protección a los grupos más vulnerables y que no se confieran a países con dudosa reputación en materia de protección de los derechos humanos.

– La UE debe cuidar de una manera exquisita la transparencia y las garantías en los procedimientos de asilo, devolución y retorno.

La aplicación de todas estas medidas podría reducir drásticamente el número de personas muertas en su intento de llegar a la UE.

La construcción de una UE que pretende ser referente en el respeto a los derechos humanos (ver Preámbulo del Tratado de la UE) implica la revisión y en su caso eliminación de aquellas políticas, iniciativas e instrumentos que en su modo de aplicación acaben vulnerando los mismos.

Por último, como ya expresamos en la nota de Lampedusa, volvemos a pedir un mayor y más profundo compromiso de los países europeos a favor de la asistencia humanitaria y la cooperación al desarrollo en África y Oriente Próximo, que favorezca la paz y la democracia, afrontando de esta manera las causas que generan emigración.

En sintonía con el papa Francisco que alertaba sobre el peligro de globalizar la indiferencia, y en comunión con los obispos españoles que, con motivo de la Jornada Mundial del Inmigrante y del Refugiado 2014, abogaban para que “no se niegue el auxilio y la asistencia a los inmigrantes en situaciones de peligro para la vida”, reiteramos la necesidad de recuperar el sentido de la responsabilidad fraterna entre personas y pueblos. Una fraternidad capaz de remover las estructuras de injusticia y egoísmo, generadoras de insoportables carencias y desigualdades que están en el origen de los fenómenos migratorios masivos hacia Europa.

Comisión General de Justicia y Paz

Madrid, 14 de febrero de 2014

Justicia y Paz: Boletín 31: ¿Dónde está tu hermano?

Todos los artículos elegidos para este boletín invitan a preguntarnos: ¿Dónde está tu hermano/a?

Los sucesos de Lampedusa y Malta, por su tremenda gravedad han obligado a las personas responsables nacionales y europeas a volver los ojos y encontrarse con los efectos “colaterales” de las políticas migratorias por ellas diseñadas y que con su carácter represivo  y excluyente condenan a millones de niños, mujeres y hombres a quedarse sin futuro.

Como cada año, el pasado 17 de octubre se celebró el día mundial contra la pobreza, bajo el lema “Contra la Riqueza que Empobrece, ¡actúa!”. Los mercados, la bolsa, la banca son quienes realmente rigen los gobiernos.   Desarrollan   políticas  que destruyen  el planeta  y   condenan a la  exclusión y a la muerte a  millones de seres humanos. Esta salvaje depredación la han sufrido  durante lustros  los países empobrecidos, pero la  actual crisis  ha agravado este “cáncer”  en los países desarrollados, alcanzando  masivamente a los más vulnerables.

El trabajo por la paz nos llama a un compromiso valiente con la realidad y la amenaza de la violencia. En la Europa actual la violencia de nuestro pasado pesa sobre el presente y sigue proyectando sombras sobre nuestro futuro. Para tratar de entender mejor las causas y consecuencias de esta violencia, la Conferencia de Comisiones de Justicia y Paz de Europa se reunió y debatió en Berlín, del 20 al 22 septiembre de 2013, desde las experiencias concretas de Alemania.

En nuestras calles, en nuestras plazas, existen mujeres y niñas que han sido captadas en sus países de origen para ser explotadas sexual, laboralmente o bajo otras formas de esclavitud. El 18 de octubre, celebramos una Jornada contra la trata de personas, titulada “Experiencias de sensibilización y prevención” y organizada junto a Caritas Española, Fundación Cruz Blanca, CONFER y el Secretariado de Migraciones de CEE.

Desde Justicia y Paz apostamos -en sintonía con el Papa Francisco- por recuperar el sentido de la responsabilidad fraterna entre las personas y los pueblos. Una fraternidad que remueva las estructuras de injusticia y egoísmo que generan las insoportables carencias y desigualdades que están en el origen de los fenómenos migratorios masivos hacia Europa, de la pobreza, de la creencia de superioridad de una raza o pueblo sobre otros, de la utilización de las personas como instrumentos.

En la contraportada informamos de la nueva publicación electrónica de los Mensajes de la Jornada Mundial de la Paz, escritos por Benedicto XVI http://www.juspax-es.org/index.php/actividades/ver/id_actividad/253), para terminar resumiendo las noticias y agenda de la última temporada.

Un saludo muy cordial,

Isabel Cuenca Anaya

Secretaria General

Comunicado de la HOAC y la JOC: Justicia para las personas inmigrantes.

Hace tiempo que los gobiernos, con el pretexto de la crisis económica, están tomando decisiones que suponen un grave retroceso en los derechos laborales y sociales de personas y familias. Estas políticas están afectando muy negativamente al conjunto de la sociedad y, en particular, a las personas y familias más empobrecidas y vulnerables. Como ya hemos manifestado en otras ocasiones, consideramos estas políticas equivocadas e injustas. El actual Gobierno de España está llevando hasta el extremo estas políticas contrarias a los derechos laborales y sociales de personas y familias.
Entre estas decisiones se están tomando algunas que imponen recortes en el ejercicio de un derecho básico de las personas, en el acceso a una sanidad pública que atienda debidamente el derecho a la salud de las personas y a la debida atención sanitaria. Y dentro de ellas se ha tomado la decisión de que, desde el próximo 1 de septiembre, a las personas inmigrantes que no tienen regularizada su situación administrativa, se les negará la tarjeta sanitaria y, por tanto, la atención sanitaria que puedan necesitar (con excepción de las urgencias y la atención a menores de edad y mujeres embarazadas).
La Juventud Obrera Cristiana (JOC) y la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), consideramos que esta decisión es especialmente injusta e inmoral. Porque estamos ante un retroceso en el reconocimiento del acceso universal a la sanidad (que es lo justo) y, sobre todo, porque supone excluir de este derecho a personas especialmente vulnerables y empobrecidas (y atenderlas debidamente es lo moral). Con el Papa Juan Pablo II, consideramos que “apenas hay una señal más eficaz para medir la verdadera estatura democrática de una nación moderna que el comportamiento que muestra para con los inmigrados” (Homilía en Guadalupe, España, 1982). Personas a las que una legislación injusta ha dejado en una situación irregular administrativamente, ahora se les considera de inferior categoría en el acceso a derechos básicos. Es una desigualdad absolutamente inmoral.
Es una injusticia y una inmoralidad que niega un principio básico de humanidad en el que ha insistido la Doctrina Social de la Iglesia: “Todo emigrante goza de derechos fundamentales inalienables que deben ser respetados en cualquier situación” (Consejo Pontificio para la Pastoral de los Emigrantes, “Erga migrantes caritas Christi”, n. 5). Principio que los obispos españoles han concretado de forma que nos parece especialmente importante para una situación como la actual: “Para la Iglesia, el emigrante, independientemente de la situación legal, económica, laboral, en que se halle, es una persona con la misma dignidad y derechos fundamentales que los demás, es un hijo de Dios (…) El inmigrante no es “una fuerza de trabajo”, sino una persona. Con esto está dicho todo lo que a dignidad humana y derechos fundamentales se refiere” (Conferencia Episcopal Española, “La Iglesia en España y los Inmigrantes”, n. 5).
Por todo ello, la HOAC y la JOC:
1º.- Rechazamos la decisión adoptada por el Gobierno de España, por injusta e inmoral, y le pedimos una inmediata rectificación, devolviendo a los inmigrantes lo que en justicia les pertenece.
2º.- Pedimos al conjunto de la sociedad y a las organizaciones sociales que se opongan a esta decisión y hagan lo posible por modificarla.
3º.- Invitamos a las comunidades cristianas y al conjunto de la Iglesia a asumir la especial responsabilidad que tenemos en la defensa de los derechos de justicia de quienes son más pobres y vulnerables.
Madrid, 4 de mayo de 2012